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CDC mantendrá una “oficina” para hacer frente a los casos de corrupción

La estructura liberará de responsabilidades penales al partido que saldrá de la refundación

Josep Rull (centro), en un acto del partido junto a Jordi Turull (izq.) y Artur Mas.
Josep Rull (centro), en un acto del partido junto a Jordi Turull (izq.) y Artur Mas.

Convergència Democràtica (CDC) pretende que la nueva formación política que la sucederá rompa con el pasado, no solo en lo ideológico, sino también con la corrupción. Para hacer posible ese deseo y a la vista de los casos judiciales en marcha que pueden acabar en condena contra el partido que fundó Jordi Pujol hace 41 años, CDC ha decidido que mantendrá durante el tiempo que haga falta una suerte de “oficina de liquidación” para afrontar las sentencias que se dicten. Esa decisión implica que Convergència seguirá teniendo una partida económica reservada y que no modificará sus cuentas corrientes, ni sus titulares, ni los propietarios de los locales, ni nombrará unos administradores o apoderados distintos de los actuales.

La nueva Convergència nacerá en el plazo de cuatro o cinco meses, según anunció hace unos días el coordinador general del partido, Josep Rull, pero CDC seguirá existiendo legalmente durante años. La dirección del partido ha aceptado la propuesta del abogado Javier Melero de mantener una “mínima estructura” para afrontar los procesos judiciales que puedan llegar.

El más inminente es el juicio por el saqueo del Palau de la Música, en el que la fiscalía acusa a Convergència de ser partícipe a título lucrativo y le exige que devuelva los 6,6 millones de euros de los que se pudo beneficiar por comisiones ilegales pagadas por Ferrovial a cambio de la adjudicación de obra pública a través de esa entidad cultural.

Seis años después de que los Mossos d’Esquadra entraran en aquellas instalaciones, el caso Palau sigue pendiente de que se fije la fecha del juicio. La sentencia definitiva, por tanto, puede tardar varios años, porque sea cual sea el fallo habrá recurso al Tribunal Supremo.

A causa de este proceso, Convergència tiene embargadas 15 sedes por decisión judicial para afrontar su responsabilidad civil. La ley impide que esos bienes embargados se puedan vender, pero Convergència asegura que no tiene intención de liquidar el partido de cualquier manera.

La dirección afirma que quiere romper definitivamente con la sombra de corrupción que le persigue y limpiarse del polvo y paja de la corrupción, aunque es previsible que muchos de los dirigentes de la nueva Convergència sean los mismos de la actual. En definitiva, una operación siquiera estética en la que CDC, una vez desvinculada formalmente de Jordi Pujol y su familia, quiere soltar todo el lastre que haga falta para reinventarse.

En esa operación política de construir “un partido normal para un país normal e independiente como Holanda o Dinamarca”, en palabras de Rull, los procesos judiciales pueden ser algo más que una piedra en el zapato y acompañarán a Convergència y a sus herederos políticos, sea cual sea la denominación. Así, Daniel Osácar, ex tesorero de CDC se sentará en el banquillo por el caso Palau y afronta una petición de la fiscalía de siete años y medio de cárcel y multa de 20 millones de euros, acusado de haber recibido parte del dinero que fue al partido.

De la misma manera, el actual tesorero de Convergència, Andreu Viloca, salió hace unos días en libertad, después de tres semanas en prisión por su imputación en el pago de supuestas comisiones del 3% que investiga un juzgado de El Vendrell y que incluyó el registro de la sede de Infraestructures.cat, la mayor empresa pública licitadora de Cataluña.

El director general de esta sociedad,  (la antigua Gisa), Josep Antoni Rosell, fue uno de los siete detenidos en la redada y apartado del cargo. El caso también se llevó por delante a Joan Lluís Quer, presidente de la empresa.

En contraste con esta situación, quien continúa en su silla es Núria Bassols, comisionada de la Transparencia nombrada por Artur Mas y esposa de Josep Bassols, otro empresario detenido en aquella operación y exalcalde de CiU de Anglès (Girona).

Esquerra solicitó en su día con insistencia a Mas la destitución de la comisionada, que es magistrada de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pero los republicanos parecen haber renunciado ya a su petición.

A la vista de este panorama judicial no parece descabellado pensar que Convergència también acabe en este proceso señalada como responsable civil por el juez de El Vendrell, pues la similitud con el caso Palau por el cobro de comisiones resulta evidente.

Así las cosas, el planteamiento que hace la dirección de CDC es que “lo que tenga que recaer, que recaiga en la antigua estructura”, según fuentes del partido. Y para eso hará falta mantener una mínima estructura, empezando por la disponibilidad económica para, por ejemplo, afrontar pagos como la fianza de 250.000 euros que permita Viloca salir en libertad.

“El nuevo partido no puede llevarse los muertos del armario”, explican fuentes de Convergència y de ahí el deseo de encarar los procesos judiciales sin cancelar las cuentas corrientes, ni sus titulares, ni los propietarios de los locales, ni vaciar esos depósitos bancarios.

En definitiva, de no intentar, siquiera de pensamiento, un delito de alzamiento de bienes, operación que resultaría muy complicada a ojos de la Justicia e incompatible con la regeneración política que pretende la nueva formación.