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La Comunidad pagó un millón de euros por un vídeo promocional

La primera piedra del Campus de la Justicia costó 1,6 millones de euros en 2007

Solo la obra civil para la visita institucional se presupuestó en 207.811,35 euros

Esperanza Aguirre Ampliar foto

Vista con la perspectiva que dan los ocho años transcurridos, la primera piedra de la Ciudad de la Justicia de Madrid marcó ya el 31 de enero de 2007 la filosofía de este megalómano proyecto del Gobierno de Esperanza Aguirre que ha consumido 105 millones de euros —el balance es provisional y la factura sigue aumentando mes a mes— pese a que ni uno solo de los catorce edificios que iban a concentrar en el norte de Madrid todas las infraestructuras judiciales de la capital está en funcionamiento. Lo que iba a ser el Instituto de Medicina Legal sí se ha edificado pero continúa inservible y con las obras paradas.

El acto de inauguración aquella mañana de invierno de 2007 salió por 1,6 millones de euros de fondos públicos: 900.000 se justificaron como gasto en un vídeo documental que fue presentado en capitales de todo el mundo.

El expediente administrativo que da soporte a esos pagos, al que ha tenido acceso EL PAÍS, incluye distintos abonos a la unión temporal de empresas Begar y Aldesa, adjudicataria del contrato, por 1,598.570,92 euros para trabajos de publicidad y promoción de la infraestructura. En él constan dos facturas idénticas por 536.719,12 euros bajo el epígrafe “50 % colocación primera piedra (Telson)” fechadas la primera el 26 de enero de 2007 y la segunda, cinco días más tarde. Según avanzó ayer Ctxt, Telson, la productora que elaboró el vídeo promocional, es una filial de la compañía audiovisual Tres60, vinculada a grandes nombres del Partido Popular y que en la actualidad preside Anna Birulés, exministra de Ciencia y Tecnología y que sustituyó en ese cargo a otro exministro del Gobierno de José María Aznar, Josep Piqué.

En el expediente administrativo figuran además otros gastos: 1004,16 euros por “todoterrenos a disposición de la Comunidad de Madrid para la visita previa al inicio de las obras”, 2.346 euros de un cartel de 24 metros cuadrados para anunciar la obra y 313.970 bajo el epígrafe “Obra civil primera piedra”. Aparte de estos capítulos, la documentación administrativa incluye otras tres facturas que suman 207.811,35 euros computadas como “Obra Civil visita institucional”.

La tramitación del contrato explica bien cual era la filosofía del macrocomplejo que pretendía aglutinar en catorce edificios singulares encargados a eminencias de la arquitectura como Norman Foster o Zaha Hadid. El mismo pliego de condiciones ya contemplaba que el 1,5 % del presupuesto de la red de infraestructuras se dedicase a publicitar las obras. En el caso de la primera fase del entonces llamado Campus de la Justicia presupuestada en 93.052.293,09 euros, el apartado de propaganda contemplaba un máximo de 1.395.784,40 euros. Pero ni siquiera esa cantidad fue suficiente para los fastos de la primera piedra que reunió en un solar del complejo de Valdebebas, al norte de Madrid, a Aguirre, junto al entonces consejero de Justicia, Alfredo Prada; el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido; el presidente del Tribunal Supremo, Francisco Javier Hernando, y el de la Audiencia Nacional, Carlos Divar, entre otras autoridades. La presidenta defendió aquel día que la Ciudad de la Justicia era "el reto más ambicioso" de su Gobierno. “Situará a los tribunales de Madrid a la altura de una región abierta y moderna”, añadió.

Las facturas que llegaron al Gobierno regional rebasaron en 202.786,32 euros el montante máximo que contemplaba el contrato, por lo que ese importe fue reflejado en las cuentas como "saldo negativo del Campus de la Justicia". Esas y otras inversiones las fiscaliza ahora una comisión de investigación en la Asamblea madrileña que preside la diputada de Podemos Lorena Ruiz-Huerta y que el pasado jueves sirvió para que por primera vez los políticos entrasen a la que pretendía ser el Instituto de Medicina Legal, la única sede edificada cuyas obras no han rematado y cuya función pretende redefinir el Gobierno de Cristina Cifuentes.

 

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