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CORRUPCIÓN POLÍTICA EN EL PARTIDO DE MAS

Las donaciones a CDC coinciden con adjudicaciones de obra pública

Al menos en un caso, el pago a CatDem es el 3% exacto del valor del contrato

El president Mas, en un acto institucional por la Diada en Barcelona.
El president Mas, en un acto institucional por la Diada en Barcelona.

El análisis de las donaciones recibidas entre 2008 y 2013 por la fundación CatDem, vinculada a Convergència, aporta nuevas evidencias de su conexión directa con la adjudicación de obras públicas. En al menos dos casos, según los documentos a los que ha accedido EL PAÍS, la fundación recibió donaciones de empresas después de que estas recibieran contratos de Administraciones gobernadas por ese partido. En Sant Fruitós del Bages (Barcelona), una UTE creada para construir un centro cívico donó en julio de 2009 exactamente el 3% del importe de la licitación de un centro cívico hecha cuatro meses antes.

El Ayuntamiento de Sant Fruitós sacó a concurso la construcción del centro cívico el 2 de marzo de 2009 por 1.136.387,07 euros. Cuatro meses y un día más tarde, la Unión Temporal de Empresas (UTE), llamada precisamente Centre Cívic Sant Fruitós, figura como donante de 34.000 euros en las cuentas de CatDem. Esa cifra solo difiere en 91,6 euros del 3% exacto del importe de licitación del contrato.

Otra UTE que figura en el listado vinculada a adjudicaciones públicas, en este caso de la Generalitat, es Depurpla 2. Con sede en Alguaire (Lleida) abonó un total de 13.000 euros a CatDem: 10.000 euros en 2012 y los otros 3.000 en 2013. Ambas donaciones figuran a nombre de UTE Depurpla 2. De las tres empresas que la integran, la mayoritaria (MyJ Grúas) también realizó otras entregas que siguen el mismo patrón temporal: una cantidad mayor en 2012 (25.000 euros) y otra más pequeña al año siguiente (3.500). Con un añadido: MyJ Grúas ya había entregado a la fundación catalanista otros 14.000 euros en 2008.

Las donaciones llegaron a CatDem después de que la Agencia Catalana del Agua (ACA), un organismo público de la Generalitat, encargase a Depurpla2 el mantenimiento de al menos cuatro depuradoras de aguas residuales en la provincia de Lleida: en las localidades de Ivars d’Urgell, Fondarella, Junella y Benllís.

El caso de Sant Fruitós se suma a la hoja manuscrita encontrada por la Guardia Civil en la caja fuerte de Jordi Sumarroca, consejero delegado de la constructora Teyco. Ese documento recogía adjudicaciones hechas en cinco municipios gobernados por CDC también en 2009 y calculaba el 3% del coste de la obra. En la hoja también figuraba el pago de 100.000 euros a CatDem por una filial de Teyco, unas transacciones que los investigadores sospechan que corresponde al pago de comisiones ilegales camufladas como donaciones.

Sant Fruitós de Bages estaba gobernada en 2009 por Convergència i Unió, que había logrado en las elecciones de dos años antes la mayoría absoluta (siete de los 13 concejales). El edificio se llama hoy NEXE-Espai Cultura y es el centro dinamizador cultural en este municipio de 8.000 habitantes. La empresa que hizo la donación es una UTE dominada por el Grup Soler, un vasto conglomerado empresarial con sede en Sallent (Barcelona) y negocios en la obra pública, la energía y el mantenimiento de infraestructuras, que facturó 44,4 millones el año pasado.

El tercer mayor donante

A diferencia de otros casos, en los que los investigadores se topan con dificultades para comprobar si una donación cumple la normativa o encubre una comisión ilegal, en este caso el propio nombre de la UTE y el importe donado evidencian la supuesta vinculación entre el proyecto y el dinero aportado por el Grup Soler.

Agbar dejó de aportar dinero tras perder un gran concurso

El Grupo Agbar, el mayor donante a la fundación de Convergència entre 2008 y 2012, redujo drásticamente sus aportaciones a la entidad tras perder una de las mayores y más controvertidas adjudicaciones de los Gobiernos de Artur Mas: la privatización de la gestión de Aigües Ter-Llobregat. Esta sociedad pública, a la que los suministradores compran agua cuando no tienen suficiente con sus pozos, ha motivado un enredo judicial en el que Agbar aspira a que la privatización sea sacada a concurso de nuevo.

Cinco compañías pertenecientes al Grupo Agbar donaron un total de 855.000 euros a la fundación CatDem entre 2008 y 2012. A los 715.000 euros que dieron Aquagest y Sorea, como avanzó ayer este diario, se suman los 140.000 aportados por otras tres sociedades controladas por la firma: Aqualogy, Construccions i Rebaixos y Anaigua. La compañía, propiedad de Suez —hasta el pasado año La Caixa mantenía un 24% del capital—, es, con diferencia, el conglomerado empresarial que mayores donaciones hizo a la fundación vinculada a Convergència entre 2008 y 2012: 195.000 euros en el primer año citado, 160.000 en 2009, 270.000 en 2010, 150.000 en 2011 y 80.000 en 2012, año en el que se cerró su privatización. Al ejercicio siguiente, en 2013, el Grupo Agbar dejó de hacer donaciones a CatDem.

El grupo figura como el tercer mayor donante a CatDem —540.000 euros— en los últimos años, según los documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS y es una de las grandes adjudicatarias de obras públicas de Administraciones controladas por Convergència. Las aportaciones se hicieron, aparte de la UTE, a través de cuatro sociedades del grupo: Electromecànica Soler, Carrers i Obres, Soler Energy Services y Soler Global Service. Ascendieron a 4.600 euros en 2008 para dispararse a partir de 2010: 105.000 euros ese año; 200.000 en 2011; 170.000 en 2012 y 60.000 en 2013. Este incremento coincide con la vuelta al poder de Convergència a la Generalitat, a finales de 2010.

El alcalde de Sant Fruitós en 2009, Josep Rafart, afirma que no recuerda “nada especial” del concurso del centro cívico. “Nos acogimos al plan Zapatero [el llamado Plan E de obras públicas] para dotar al municipio de un equipamiento necesario. El proyecto se sacó a concurso, se presentaron empresas y lo adjudicamos siguiendo todos los plazos establecidos en la ley”, asegura. Rafart dice no recordar el número de empresas que se presentaron: “Fue un año con muchísima actividad y ahora ya estoy jubilado”.

El concejal socialista Tomás Casero, entonces en la oposición y hoy en el equipo de gobierno, da una versión similar: “Cuando salió el plan Zapatero no teníamos ningún proyecto en cartera y sí es cierto que hubo que correr mucho, pero el procedimiento siguió los cauces habituales y hubo solo algún ligero sobrecoste por cuestiones menores. Nunca sospeché nada”, relata.

EL PAÍS ha intentado este miércoles sin éxito obtener la versión de los representantes del Grup Soler, que no devolvieron la llamada a la sede central de la empresa en Sallent.

Una persona con experiencia en las investigaciones de la financiación ilegal de los partidos a través de donaciones explica que “en muchos casos, los alcaldes, concejales y funcionarios que participan en el proceso de adjudicación pueden ignorar por completo la existencia de comisiones ilegales relacionados”.“Estas pueden negociarse posteriormente a través de la figura del intermediario o recaudador, que con cierta presión sobre la obra ya ganada y la promesa de futuros contratos pide una comisión que se camufla como una donación donde se decida”, añade este investigador.

El orden alfabético ha hecho que la donación de la UTE Centre Cívic Sant Fruitós figure en los documentos junto a los 100.000 donados por Teyco en 2009. La Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil vinculan las donaciones de Teyco al pago de supuestas comisiones por adjudicaciones logradas ese año por la constructora en cinco municipios catalanes gobernados por CiU: Sant Cugat, Figueres, Torredembarra, Sant Celoni y Lloret de Mar.

Correo: investigacion@elpais.es

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