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COMISIÓN CONTRA EL FRAUDE FISCAL

El Parlament denuncia a dos ministros por no ir a una comisión

Cristóbal Montoro y Jorge Fernández, entre otros, no acudieron a la 'comisión Pujol'

El presidente de la comisión sobre fraude fiscal, David Fernández.
El presidente de la comisión sobre fraude fiscal, David Fernández.

Las reiteradas incomparecencias de altos cargos del Gobierno central en la comisión que investiga el fraude fiscal en el Parlamento de Cataluña acabarán en la fiscalía. La Cámara catalana decidió ayer denunciar la negativa a comparecer en dicha comisión de siete altos cargos del Gobierno, entre ellos el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, y el de Hacienda, Cristóbal Montoro. Solo el PP se opuso a esta medida, cuyos impulsores ven avalada por el Estatuto de Autonomía. El Gobierno rechaza que sus cargos tengan que rendir cuentas en Parlamentos autónomos.

No es la primera vez que altos cargos de la Administración central ignoran la llamada del Parlamento catalán para dar explicaciones. Lo que ha ocurrido en la comisión que investiga el fraude fiscal y los años de Gobierno de Jordi Pujol pasó también en la comisión que investigó las irregularidades en las cajas de ahorro catalanas en 2014. En aquella ocasión, ni el ministro de Economía, Luis de Guindos, ni sus antecesores en el cargo Elena Salgado y Pedro Solbes acudieron a dar explicaciones. Tampoco ha acudido a la Cámara catalana la delegada del Gobierno en Cataluña, Llanos de Luna en las numerosas ocasiones en las que se la ha reclamado. El argumento para no comparecer siempre ha sido el mismo: los cargos de la Administración central tienen que rendir cuentas en Las Cortes y no en los Parlamentos autónomos.

Con estos precedentes, la mayor parte de grupos políticos catalanes dejaron claro al comienzo de la comisión de investigación del fraude fiscal que no tolerarían nuevos desplantes.

El Estatuto de Autonomía establece en el artículo 59 que las personas requeridas “tienen que comparecer obligatoriamente”, y en el reglamento de la Cámara se prevé que la Mesa tiene que informar al ministerio fiscal de las incomparecencias que se puedan producir. En el artículo 502 del Código Penal se especifica que incurrirán en delito de desobediencia las personas que no comparezcan ante una comisión de investigación parlamentaria después de ser requeridas de forma legal y bajo advertencia. Los grupos que ayer impulsaron la denuncia se basan en estas dos palancas legales para intentar, como mínimo, una reprobación de los altos cargos que no han comparecido.

 Pocas posibilidades

Es la primera vez que el Parlament traslada a la fiscalía las incomparecencias en una comisión, situación que se ha producido después de que las personas que no se han presentado hayan sido citadas hasta tres veces y de que declinaran personarse. Las incomparecencias corresponden a los ministros del Interior y de Hacienda —Jorge Fernández Díaz y Cristóbal Montoro—; el jefe del gabinete del presidente del Gobierno, Jorge Moragas; el director de inspección de la Agencia Tributaria, Luis María Sánchez, y el director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz.

Asimismo, no han comparecido ante la comisión el director general del Cuerpo Nacional de Policía, Ignacio Cosidó, y el comisario jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), Manuel Vázquez. El traslado a la fiscalía de estas incomparecencias ya fue acordada por la comisión de investigación en la reunión del pasado jueves día 2, con los votos favorables de todos los grupos menos el del Partido Popular.

Los impulsores de la denuncia ante la fiscalía admiten que hay pocas posibilidades de que su actuación tenga consecuencias legales para los altos cargos. “Solo queremos que sea un juez el que decida quién tiene razón”, dicen fuentes de los grupos parlamentarios.

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