La transparencia: propuestas y realidades

Tanto en las recientes campañas electorales, como en la resaca poselectoral, uno de los escasos puntos de encuentro entre las diversas fuerzas políticas ha sido la reivindicación de una mayor transparencia en la gestión pública.

Los candidatos, especialmente aquellos con compañeros de partido afectados por escándalos de corrupción, parecían inmersos, a modo de catarsis, en una suerte de competición de "yo soy más transparente que tú". En las últimas semanas hemos escuchado propuestas de todo tipo y alcance: desde la presentación de declaración de bienes de los cónyuges de los responsables políticos, a la publicación detallada de las agendas de los cargos públicos, la creación de oficinas municipales antifraude o la rendición de cuentas de los gastos de representación.

Pues bien, al margen del posible rédito político de dichas reivindicaciones, llama la atención que se formulen, cuando, en poco más de dos años, en España se ha producido un avance fundamental en esta materia, con la publicación de un buen elenco de leyes de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, por las Cortes y numerosos parlamentos autonómicos. Esas leyes están todavía huérfanas de desarrollo reglamentario y no han tenido tiempo material de implementarse por las administraciones públicas.

Su promulgación ha sido sin duda tardía, ya que España ha sido uno de los últimos Estados de la Unión Europea en aprobar normativas sobre transparencia; sin embargo, la tramitación parlamentaria ha sido, en general, precipitada, y más preocupada por generar un efecto cauterizador de la sangría de la corrupción, que por establecer unos objetivos realistas. De hecho, en la mayoría de los casos, se han fijado unos plazos de entrada en vigor difícilmente asumibles, atendidas las necesidades técnicas, jurídicas, económicas y de formación de personal, que supone el cumplimiento de las obligaciones en esta materia.

La realidad es que los principios de transparencia han sido, en buena medida, elaborados por catedráticos de universidad, difundidos por ONGs, asumidos por los partidos políticos, en muchos casos, más como reacción al clima de desafección, que por verdadera convicción, legislados con una técnica mejorable, e implementados por informáticos.

Ha faltado, a mi entender, un debate sereno sobre el alcance de las medidas a adoptar, una labor pedagógica sobre el verdadero trasfondo de las propuestas en materia de transparencia, más allá del carácter coyuntural de antídoto frente a la corrupción, y una valoración realista de las dificultades de su activación.

En cualquier caso, el reto para las Administraciones Públicas está servido, ya que, al cumplimiento formal de las disposiciones de publicidad activa, derecho a la información, gobierno abierto y buen gobierno, se añade el verdadero objetivo de la nueva normativa: una nueva cultura en la gestión pública, en la que la interacción entre gobernantes y ciudadanos redunde en una democracia más consolidada y una mayor eficacia y eficiencia de la Administración, con una gestión responsable y sostenible de los recursos públicos.

Rafael Entrena Fabré es abogado.