El juez imputa a la antigua cúpula de la ACA por malversación
La Fiscalía acusa a un alto cargo de Mas por beneficiarse de un contrato irregular de 7,6 millones
Un juzgado de Barcelona ha imputado a la antigua cúpula de la Agencia Catalana del Agua (ACA) por malversación de fondos públicos en una adjudicación millonaria. Uno de los encausados es Joan Lluís Quer, exgerente de la ACA y actual presidente de Infraestructuras de la Generalitat. Una empresa de Quer se benefició, presuntamente, con un contrato de 7,6 millones poco después de que abandonara el organismo público. En 2008, Quer figuró como representante de una unión temporal de empresas (UTE) que logró un contrato por 7,6 millones.
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Un juzgado de Barcelona ha imputado a la antigua cúpula de la Agencia Catalana del Agua (ACA) por malversación de fondos públicos en una adjudicación millonaria. Uno de los encausados es Joan Lluís Quer, exgerente de la ACA y actual presidente de Infraestructuras de la Generalitat. Una empresa de Quer se benefició, presuntamente, con un contrato de 7,6 millones poco después de que abandonara el organismo público. En 2008, Quer figuró como representante de una unión temporal de empresas (UTE) que logró un contrato por 7,6 millones.
La titular del juzgado de instrucción número 8 de Barcelona ha admitido a trámite la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción, que ha investigado abundante documentación durante casi un año. La querella se dirige contra un total de 13 personas, incluidos varios cargos de la entidad en aquella época: el exdirector general Manuel Hernández o el exresponsable de Participación Josep Bou. La mujer de este último, Anna Barceló -también querellada- participaba en una de las empresas que integraban la UTE que logró el concurso. Lo mismo que Quer, Bou había abandonado la agencia antes de la adjudicación.
Las anomalías en los contratos de la ACA fueron reveladas por la Sindicatura de Cuentas y llevadas a la fiscalía por el gabinete jurídico de la Generalitat, que las conocía desde hacía al menos un año. En 2007 -durante el gobierno del tripartito de izquierdas-, el organismo público inició la licitación de un contrato de “consultoría y asesoría” sobre el estado de la cuenca fluvial de Cataluña por un máximo de cuatro millones. Fue adjudicado inicialmente, por 3,75 millones, a una UTE formada por Auding, United Research y Artenginy.
El concurso, sin embargo, dejaba la puerta abierta a realizar otros trabajos que no estaban incluidos en el presupuesto inicial. Esa vía permitió que, un año después, la ACA adjudicada a la misma UTE un total de 38 trabajos complementarios que sumaron otros 3,93 millones. Quer actuó como representante de la UTE pese a que, entre 2000 y 2004, había ejercido como gerente de la ACA.
El presidente de Infraestructuras defiende su inocencia
El presidente de Infraestructuras de la Generalitat imputado por los contratos de la ACA ha emitido esta misma mañana una nota en la que defiende su inocencia. A través de su abogado, el penalista Miguel Capuz, el excargo de la agencia del agua asegura que está dispuesto a “actuar como sea necesario” para demostrar su “honorabilidad” y que su actuación se ciñó a “la legalidad”.
El contrato bajo sospecha, sigue la nota, fue “de una enorme complejidad” y el trabajo desarrollado por los profesionales sobre las cuencas fluviales catalanas “fue un éxito que mereció la felicitación de la Unión Europea al Gobierno de la Generalitat”. Quer recuerda que el plan de la cuenca fluvial de Cataluña ha sido aprobado en dos ocasiones por el Gobierno catalán, en 2010 y en 2014.
El fiscal Emilio Sánchez Ulled relata, en su querella, que los expedientes administrativos presentan “un cúmulo de irregularidades numerosas y de grosero calibre”. La adjudicación “había sido pactada y decidida previamente con la adjudicataria” mediante reuniones entre empleados del ACA y de las empresas. Los encuentros fueron avalados por el exdirector de Planificación Gabriel Borràs, también querellado. En las reuniones, se ofreció “información relevante sobre los futuros términos de la adjudicación”.
La querella recoge que la configuración del contrato en dos partes (una “principal” y otra “complementaria”) sirvió para “enmascarar un beneficio económico ilícito” a favor de las empresas, que en la práctica acabaron decidiendo “el precio final” de los contratos”. El fiscal ve indicios de una ristra de delitos contra los excargos públicos y los responsables de las empresas, trece personas en total: revelación de secretos, uso de información privilegiada, tráfico de influencias, fraude, prevaricación y malversación de fondos públicos.
“El director de la ACA”, señala el texto, “acabó adjudicando al mismo ente adjudicatario del contrato principal un total de 38 nuevos contratos, de forma directa y sin respetar la normativa de contratación pública aplicable” También “permitió y amparó igualmente que se subcontratara el total de los trabajos, sin respetar ni las exigencias legales ni las contractuales”, subraya la querella.
Quer es un claro exponente de las llamadas puertas giratorias. Durante siete años, fue gerente de la empresa Regs de Cataluña. La abandonó en 2002 para incorporarse -durante el último gobierno de Jordi Pujol- como gerente de la Agencia Catalana del Agua. Con el tripartito en el poder abandonó la agencia y volvió a la empresa privada. Esta vez, en el ámbito de la ingeniería. Primero como director general y luego como consejero delegado, Quer hizo crecer la empresa Auding -rebautizada, tras una fusión, como AudingIntraesa- hasta convertirla en una de las mayores ingenierías de Cataluña (2004-2011). Auding se ha encargado del control de la ejecución de las obras de diversos tramos de la línea 9 del metro.
El presidente de la Generalitat, Artur Mas, repescó a Quer para el sector público en 2011 y lo nombró presidente de la antigua GISA, ahora conocida como Infraestructuras de la Generalitat, la empresa pública que adjudica la mayor parte de las obras públicas del Gobierno catalán.