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opinión

‘Sordida Officia’

Hoy tendremos por “oficio vil” al que el derecho no reconoce su condición laboral y que, por tanto, no obtiene su amparo, como la libre elección de oficio, el acceso a la Seguridad Social o la protección por desempleo

“… si eres honrado, importa poco el oficio que tengas, sino la voluntad que pones en desempeñarlo bien. Y por todos los diablos, que miraré de ser el mejor verdugo de la ciudad…”

 El resplandor de las hogueras, Pedro Sanz Lallana

Antiguamente muchos trabajos eran considerados oficios “viles” que acarreaban el oprobio de quienes los ejercían y de sus familias.

Pasaba con los relacionados con la muerte, como verdugos o sepultureros, pero también carniceros. Tampoco gustaban cirujanos, barberos ni peluqueros, posiblemente por el tabú del contacto corporal. Menos aún aquellos de labor movediza como caldereros, esquiladores, muleros y feriantes en general. Así como, por pura desconfianza comercial, taberneros, curtidores, escribanos y usureros. Y por razones que desconozco, maestros, sastres y zapateros. En todo caso, las estrellas del oprobio eran los cómicos, los músicos y las prostitutas.

Esto duró hasta que Carlos III aprobó la Real Cédula de 18 de marzo de 1783 eliminando la infamia legal de los oficios mecánicos, aunque la social duraría mucho más.

¿Y en la actualidad?

Hay tres ocupaciones necesarias, puesto que son demandadas, respecto de las que seguimos tratando a quienes las ejercen como apestados.

Hoy tendremos por “oficio vil” al que el derecho no reconoce su condición laboral y que, por tanto, no obtiene su amparo, como la libre elección de oficio, el acceso a la Seguridad Social o la protección por desempleo.

Comenzaremos por el “Servicio doméstico”. España no ha ratificado el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (de 2011) para que el empleo doméstico sea un trabajo equiparable al resto. Parecía que el envejecimiento demográfico normalizaría la tarea del cuidado de personas dependientes pero las antisociales “políticas de austeridad” han dado al traste con ello.

Modestamente, creo que bastaría con que los salarios del personal al servicio del hogar desgravasen en la Declaración de la Renta de sus empleadores como cualquier otro gasto necesario para la obtención de la misma para que aflorase de inmediato el empleo sumergido, se regularizase la situación de estas personas y se aliviase la carga económica de las familias que necesitan contratarlas si pretenden a su vez trabajar fuera de casa. Resulta escandaloso el cúmulo de exenciones fiscales (legales) en favor de las más elevadas fortunas, mientras en este caso se carga injustamente sobre las familias trabajadoras.

Entiendo que a la derecha le importe un bledo. Lo que no puedo explicarme es por qué no lo plantea la izquierda.

Hay una segunda profesión cuya infamia se acompaña además de unas medidas represoras dignas de la Santa Inquisición: La prostitución.

Es el apogeo de una nueva beatería que ha impuesto un discurso victimista y neo-moralizante cuyo axioma proclama que ninguna mujer (de los prostitutos, ni mención) presta libremente sus servicios sexuales a cambio de una remuneración económica. Que este postulado es falso lo demuestran las propias putas en cuanto se consulta su opinión, pero da igual. Para las buenas personas, las putas son víctimas a las que, por su bien, hay que hacer la vida imposible. Entre otras cosas, impidiéndoles cotizar una pensión para su vejez, o un desempleo.

No dejan de tener su aquél las similitudes entre estas dos profesiones infamantes. Ambas tareas (el sexo y la atención al hogar) constituían el papel social tradicional asignado a la mujer casada. Al prestase por terceros y ser remuneradas, cuestionan el sistema. Son heterodoxas.

Por ecuanimidad, señalo el destello de sentido común de un juez de Barcelona que ha reconocido derechos laborales a las prostitutas. En concreto al paro y a la Seguridad Social, condenando al propio Estado.

Que ante las miles de personas que ejercen la prostitución en nuestro país con la misma libertad con la que el minero baja al pozo, el pescador se embarca o el panadero madruga, la derecha no tenga más respuesta que medidas de acoso policial, puede ser comprensible. Que una izquierda moderna, liberal y tolerante no diga nada o peor aún, acepte el discurso represivo, moralizante y autoritario, me deja estupefacto.

Queda, por fin, un tercer oficio infame. El más vil de todos ellos: el Cargo Público.

Proclama la Constitución Española, en su Artículo 23 el derecho de todos a “acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos”.

Sabemos que tal derecho era una quimera desde Atenas, donde no participaban mujeres ni siervos, hasta bien entrado el siglo XX. Mientras los parlamentos no se abrieron a los trabajadores, la democracia no era sino una extensión del mercado bursátil. Pero para que los trabajadores puedan acceder a los cargos públicos es necesaria su remuneración, pues carecen de medios de vida distintos de su tiempo y su energía.

Habrá, sin duda, abusos que corregir con severidad, pero ello no altera el principio. Si queremos que nuestros representantes públicos trabajen decentemente… ¿Cómo es que su labor no se considera, a todos los efectos, un trabajo decente, con sus cotizaciones y su desempleo, en vez de onerosas “cesantías” o vergonzosos subterfugios?

A quien cobra sueldos extra en “sobres de color marrón” o a quien tiene la vida asegurada, es comprensible que no le importe o que se apunte al renacido discurso antipolítico que ya postularon antes todos los fascismos. Pero… ¿a la izquierda democrática?... ¿Cómo cabe tanta hipocresía?