A la caza del taxista ilegal

Una palabra rompe la calma de una veintena de taxis que circulan sin pasajeros por Barcelona: “¡Pirata!” Uno de ellos ha visto una furgoneta sospechosa y pide a sus compañeros que verifiquen si se trata de un vehículo de transporte con conductor (VTC). El sector recibió el año pasado críticas que le acusaban de “desfasado” y de no adaptarse a las nuevas tecnologías. En el coche de Alberto Álvarez, en cambio, el móvil es el protagonista: una aplicación funciona a modo de radio para conectarse con otros taxistas y otra le permite consultar una base de datos hecha por ellos mismos. En esta última registran las matrículas que cuentan con licencia VTC y las de los pirata que les hacen la competencia de forma desleal.

Uno de los conductores avisa de que el número no coincide con ninguno de los 2.500 que almacenan en la aplicación y voces alarmadas comienzan a exigir a través del móvil la ubicación del sospechoso. Los taxistas se coordinan y dos de ellos tienen “la suerte” de cruzarse con dos agentes de la Guardia Urbana en motocicleta: “Tenemos un posible pirata cerca de Sant Pau”. Minutos más tarde, los pasajeros de la furgoneta azul aparcada en la calle de Llorens i Barba miran con sorpresa al agente que les pide sus documentos de identidad y les cuestiona sobre su itinerario.

La empresa estadounidense Uber concentró el año pasado las protestas del sector del taxi contra el intrusismo. Sin embargo, solo el 36,6% de personas a las que se les abrió expediente en 2014 por transportar viajeros sin licencia en el área metropolitana de Barcelona eran usuarios de la plataforma. El resto eran los “taxis pirata de toda la vida” que pululan por el aeropuerto, el Puerto Olímpico, el Fórum y el paseo de Gràcia.

“Uber era el gigante que venía a comernos”, explica Álvarez, portavoz de la Asociación Profesional Élite Taxi. “Los piratas siempre han existido pero esta multinacional fue lo que prendió la mecha”, explica que a partir de la llegada de la aplicación decidieron organizarse para localizarlos y denunciarlos a las autoridades.

“Nosotros salimos a trabajar. Pero cuando podemos, en los ratos muertos, cazamos chóferes ilegales”, afirma José Luis Mata, un taxista con 32 de experiencia que formó parte del dispositivo de control de taxis ilegales. “Solo queremos que se cumpla la ley”, añade Albert Pastor, otro participante.

El protocolo es claro: no debe haber contacto físico con el sospechoso, se ha de consultar en la base de datos si tiene licencia VTC y si no aparece, se le pide que enseñe su autorización. “Los legales lo hacen de inmediato. Los otros se ponen chulos desde el primer momento”, comenta Álvarez. “Suelen ser grupos organizados de extranjeros que se anuncian por Internet o que trabajan con agencias de viajes. Por ejemplo, rusos que transportan turistas de su país y, últimamente, estamos viendo muchos chinos”, afirma.

Nueve vehículos han sido inmobilizados desde el pasado 12 de marzo por transporte ilegal de pasajeros

El secretario general del Sindicato del Taxi de Cataluña (STAC), José María Sánchez, añade otro perfil: “Hay muchos que han sido taxistas asalariados y que conocen el sector y cómo se mueve”.

El caso de la furgoneta azul resulta ser una falsa alarma. “Dicen que vinieron por la mañana en un taxi desde Tremp para llevar al padre al médico. El conductor les esperó y los iba a trasladar de vuelta a casa. Tiene un carné de taxista de un pueblo y las versiones encajan: los DNI registran Tremp como lugar de residencia y he visto el certificado médico”, explica el agente.

La policía solo actúa cuando hay pasajeros. Durante el trayecto, el coche de Álvarez se cruza con algunos vehículos que su base de datos tiene inscritos como ilegales, pero no puede hacer nada porque el conductor va solo.

La reincidencia es alta, según el sector. “Pero con la nueva ley el intrusismo va a disminuir de manera clarísima”, sostiene el gerente del Instituto Metropolitano del Taxi (IMET), Eduard Ràmia.

La Dirección General de Transporte incoó el año pasado 251 expedientes por transportar viajeros sin licencia: 68 afectaban a Uber, 67 a sus conductores y 116 a otros infractores. Las multas propuestas ascienden a 4.000 euros. “Hasta ahora solo se ponía una sanción y no se sabía qué pasaba luego. Podían declararse insolventes. Ahora se lo pensarán dos veces”, asegura Ràmia.

La norma entró en vigor el pasado 12 de marzo. Desde entonces, las autoridades han inmovilizado nueve vehículos. Transporte asegura que algunos pagaron la sanción de 4.000 euros en el momento para evitar que el coche acabe en el depósito. El resto deberá abonar la multa y el importe de la estancia en las dependencias municipales si quiere recuperar su automóvil.