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Imputada por acoso la corporación del PP en Aranjuez

El Ayuntamiento y un funcionario están enfrentados desde hace cuatro años

Fachada del edificio municipal del Ayuntamiento de Aranjuez. Ampliar foto
Fachada del edificio municipal del Ayuntamiento de Aranjuez.

María José Martínez de la Fuente, alcaldesa de Aranjuez (Partido Popular), nueve de sus concejales —son 13— y dos funcionarios municipales han sido imputados por un juzgado de esa localidad de 57.000 habitantes. Un abogado de urbanismo del Ayuntamiento les acusa en una querella criminal de falsedad, prevaricación, acoso moral, lesiones y amenazas no condicionales. La querella no detalla la pena que pide para los acusados, pero este tipo de prevaricación está castigado con hasta siete años de inhabilitación para cargos públicos.

La última corporación, al llegar al poder esta legislatura, abrió un expediente disciplinario al letrado y le suspendió de sus funciones durante un año. La justicia, tras un juicio contencioso-administrativo, ya dictaminó en 2013 como injusto ese castigo y obligó al Ayuntamiento a indemnizar al abogado con 70.000 euros por acoso laboral y anuló su suspensión. Ahora el funcionario ha denunciado por la vía penal, uno a uno, a todos los supuestos acosadores.

El litigio tiene su origen en la pasada legislatura, cuando el PP estaba en la oposición y gobernaban los socialistas. Como abogado del Ayuntamiento, el funcionario elaboró en 2009, junto a dos compañeros, un informe favorable a un nuevo aparcamiento que se construía en el casco histórico de Aranjuez. Luego la Comunidad, que había presentado un requerimiento de paralización de las obras, echó para atrás el garaje porque no se ajustaba al plan urbanístico (tiene plazas de aparcamiento para no residentes). El parking, que costó tres millones de euros (parte de ellos fondos estatales), fue clausurada a cal y canto, y así sigue.

El equipo culpa al abogado municipal por un informa a favor de un parking

La querella dice que el PP votó a favor del aparcamiento —de hecho, la idea original es de 2002, con Gobierno municipal del PP— y sostiene que cambió de opinión cuando los vecinos comenzaron a manifestarse en contra. Fuentes del PP, por contra, aseguran que se opusieron "porque iba en contra de los intereses delos comerciantes y los vecinos".

La hoy regidora culpó al letrado, al considerar que el informe de este fue determinante para que continuasen las obras y se perdiesen los tres millones de euros. Según el relato del querellante, “hubo un trato grosero y despectivo” hacia él. En 2010 —aún con los socialistas— Alonso, que era trabajador temporal, se presentó al concurso para obtener la plaza fija y la hoy regidora —que era entonces portavoz del PP— denunció con acta notarial y ante los medios de comunicación que el autor del informe se presentara a las oposiciones, según la querella. El letrado sacó, no obstante, la plaza y le puso una demanda de conciliación, que fue desestimada.

El Consistorio, por contra, asegura que la alcaldesa, entonces portavoz del Grupo Municipal Popular en la oposición, "no realizó manifestación pública alguna sobre dicho proceso hasta una vez concluido el mismo".

Al llegar al poder, Martínez abrió al letrado y a otro compañero de este un expediente disciplinario  que fue impugnado y ganado en los tribunales en diciembre de 2013. En la primera sentencia, la magistrada observa no solo que el informe del parking era correcto, sino que quien incoó el expediente disciplinario, la concejal Mabel Pantoja, era la misma persona que en el concurso de la plaza afirmó que se habían dejado de lado “los principios constitucionales de mérito y capacidad”. Es decir, que estaba implicada de lleno en el caso.

La justicia ya condenó en 2013 al Ayuntamiento por hostigamiento

El querellante asegura que, siendo el jefe, se le ocultaron dos sentencias sobre el aparcamiento que no se recurrieron por ese motivo, tampoco le firmaron un “recibí” —tuvo que hacerlo por registro— y le reclamaron que devolviese los libros de derecho urbanístico que solo él usaba.

Durante dos años el trabajador estuvo de baja por “una enfermedad relacionada con el trato degradante” —según la querella— y desde que se reincorporó al puesto ha denunciado otros actos de este tipo. La indemnización de 70.00 euros, tras el recurso, se redujo a 25.000 euros.

En rueda de prensa, la alcaldesa, que acaba de denunciar al antiguo equipo de Gobierno socialista por malversación, abordó el asunto del expediente disciplinario y el rechazo del Ayuntamiento a recurrir el cierre del aparcamiento: “Las actuaciones municipales se basaron en la plena convicción de que se ajustaban estrictamente a la ley, con sometimiento al derecho, y en el marco de la defensa de los intereses generales de los ribereños”.

La regidora recordó que el funcionario “ya se dirigió a los Juzgados, también en precampaña electoral, para demandar a quienes entonces estábamos en la oposición municipal, demanda que procedió a retirar tras la celebración de las elecciones de 2011”. Él alega que no quiso enturbiar más el ambiente siendo Martínez su superiora.

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