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caso de miguel

El PP extiende a todo el PNV la sospecha del ‘caso De Miguel’

El ex secretario general del PP vasco cree que hay indicios suficientes para concluir que las "mordidas" se pueden extender a todo el partido

Carmelo Barrio, Javier De Andrés e Iñaki Oyarzabal
Carmelo Barrio, Javier De Andrés e Iñaki Oyarzabal

El ex secretario general y actual director de campaña del PP de Álava, Iñaki Oyarzábal, ha asegurado que el 'caso de Miguel', una presunta red de corrupción en la que el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria encausa a 26personas lideradas por varios excargos del PNV de Álava, permite concluir que "hay una trama de partido" que "pone bajo sospecha directamente" a toda la organización política, más allá del límite geográfico de Álava donde se ha destapado la red.

Oyarzábal, el secretario general del PP de Álava, y diputado general, Javier de Andrés, y el portavoz del partido en este territorio, Carmelo Barrio, creen que el auto sobre el presunto caso de corrupción diseñado por el ex número dos del PNV alavés Alfredo de Miguel y que afecta a otros antiguos dirigentes del partido podría demostrar perfectamente que las "mordidas" eran una práctica habitual en el partido. De Andrés sí que precisó que el destino final del dinero no se ha podido confirmar todavía, como para concluir que se trata de una caso de "financiación ilegal", pero dejó entrever que existen posibilidades de que así sea, habida cuenta de que "la mitad de la ejecutiva del PNV de Álava" ha resultado implicada. Pese a todo, la Diputación de Álava -De Andrés era diputado- todavía no ha decidido si más allá de la personación en el caso, va a acusar.

Un entramado para lograr "mordidas" y redes "clientelares"

El juez apunta a la existencia de indicios por once delitos relacionados con la corrupción, que se habrían cometido a través de un entramado destinado a la obtención de contratos públicos de forma "irregular" y al cobro de comisiones presuntamente ilegales. De Andrés cree que el PNV configuró un entramado para lograr "mordidas" y redes "clientelares". Si los implicados fuesen "una o dos personas" del PNV, podría hablarse de responsabilidades personales, pero, según ha dicho que entre los imputados se encuentra "más de la mitad" de la antigua Ejecutiva del PNV alavés. "Eso era el PNV de Álava", ha manifestado. De Andrés ha afirmado que, en todo caso, será el juez el que tenga que determinar si en este asunto ha podido existe o no una "financiación ilegal" del PNV. 

El PP pedirá que el lehendakari, Iñigo Urkullu, comparezca en el Parlamento vasco para ofrecer explicaciones sobre este asunto. Además, ha reclamado al Ejecutivo autonómico que adopte medidas para recuperar el dinero que los responsables de la trama presuntamente corrupta se llevaron del Gobierno vasco a través de contratos supuestamente irregulares. De Andrés, de todas formas, ha reconocido que en el caso de los contratos concedidos desde la Diputación, esta ha comprobado que es "imposible" recuperar los pagos que hizo a las empresas de esta trama. Desde el PP también se ha reclamado al gabinete de Iñigo Urkullu que adopte medidas para evitar que este tipo de casos puedan repetirse. De Andrés ha recordado que Euskadi sigue sin tener una Ley de Transparencia propia.