Desahuciada en Ourense una familia con un bebé por deber 2.100 euros

Una semana después del primer intento de desahucio, no hubo ni prórroga ni ayuda extraordinaria. María del Pilar, su marido, su hija adolescente y su bebé de solo un año fueron desahuciados por una comisión judicial acompañada de casi una veintena de policías, del vetusto piso en el que vivían en el barrio de A Ponte, en Ourense, tras contraer una deuda de 2.100 euros. En medio de una cadena de desgracias y con el bebé recién nacido, se quedaron sin empleo y la Xunta les denegó una ayuda en julio de 2014, cuando ya carecían de ingresos. Aquella solicitud continúa recurrida y a la espera de que la Administración decida si esta familia merece ese auxilio de emergencia.

 Durante ese tiempo sin nada, tuvieron que dejar de pagar la renta. “O comíamos o pagábamos el alquiler de 310 euros”, explica la mujer. Cuando la deuda ya era insalvable para una casa con dos menores y sin ingreso alguno, el Gobierno gallego les concedió una renta de integración social con la que sobreviven a duras penas. De nada ha servido la prórroga de siete días concedida por el juzgado. Y es que una semana después de que el caso saliese en los medios de comunicación, ninguna Administración les ha echado una mano. De hecho, agentes de la policía local de Ourense, controlada directamente por el Ayuntamiento socialista, empujaban ayer a los vecinos, concejales del BNG, diputados de Anova y miembros de la plataforma Stop Desafiuzamentos que protegían el portal con una cadena humana y carteles de protesta.

La actuación de las fuerzas de seguridad locales ya ha motivado una queja formal de los nacionalistas, que piden explicaciones al alcalde, Agustín Fernández, del PSdeG, ya que consideran “impresentable que envíe policía local a echar una vecina de su casa y en otras ocasiones prohíba celebrar actividades vecinales porque no hay policías disponibles”. Hace una semana, a horas del primer intento de desahucio, el Instituto Galego de Vivienda e Solo ofreció a la familia ocupar viviendas sociales en Castro Caldelas o Carballeda de Valdeorras, dos pueblos sin transporte público enclavados en las montañas del interior de Galicia, a 50 y 140 kilómetros respectivamente de la ciudad de Ourense. La solución obligaría a la hija mayor a abandonar sus estudios de formación profesional y al marido a dejar el empleo parcial que acaba de conseguir.

Estos días, solo la plataforma antidesahucios agitó un salvavidas, ayudando a localizar otra vivienda, poniendo medios económicos y echando una mano en el traslado de las pocas pertenencias que tienen y que ayer se amontonaban en plena calle, bajo la amenaza de la lluvia. “Con miedo a ser reconocidos hemos encontrado una alternativa que, de momento, podemos pagar, aunque no tenemos ni luz ni gas por las prisas”, explica María. Su otro consuelo pasa porque, desde hace 15 días, su marido trabaja 10 horas a la semana fregando platos y vasos y por eso creen que podrán vivir algo más desahogados.

Durante esta semana de incertidumbre y con la pesada losa del desalojo sobre sus cabezas, ninguna institución pública les ha llamado para ofrecer auxilio. “No llamó nadie. Y yo no quiero vivir de la Administración pero es peor si me mandan a un sitio en el que no tengo posibilidad de salir adelante. Solo me ha ayudado la plataforma”, explicaba la mujer mientras amontonaba en la acera viejos colchones, juguetes de su bebé, algo de comida caducada y bolsas de ropa.