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Empresarios llevan a la justicia la concesión del 065 a un alcalde del PP

La oferta del político incluyó un convenio con Baltar para aparcar los vehículos

José Luis Gavilanes, alcalde de Xunqueira de Ambía y transportista
José Luis Gavilanes, alcalde de Xunqueira de Ambía y transportista

El recorte aplicado por la Xunta al transporte de dependientes, el 065, no solo ha generado el malestar entre los afectados que denuncian supresión de traslados y menor calidad del servicio. En Ourense, los empresarios integrados en la Federación Gallega de Transporte en Autobús (Fegabus) han acudido a la justicia para denunciar la adjudicación “en fraude de ley” a la UTE presidida por el alcalde de Xunqueira de Ambía, José Luis Gavilanes. La unión empresarial encabezada por el histórico regidor del PP ourensano fue la única que se presentó a un concurso que el resto de empresarios del sector rechazó “porque no era viable económicamente”. “Incumple los pliegos, se le puntuó como mérito un ventajoso convenio suscrito con la Diputación de Ourense y ha sido financiada al margen del concurso por la Xunta”, enumera Fegabus las “irregularidades” con las que explica que la UTE “pueda obtener rentabilidad”. Tanto Gavilanes como la Consellería de Traballo e Benestar aseguran que la adjudicación cumplió “todos los requisitos”. El empresario achaca la denuncia de sus compañeros a un boicot: “Me presenté pese a sus presiones, porque no aceptaban la rebaja del precio y querían dejarlo desierto para doblar la rodilla a la Xunta”.

 El gabinete que preside Beatriz Mato adjudicó a la UTE Aspanas Termal, SL, Empresa Gavilanes, SL y Autocares E. Losada, SL el servicio del 065 de 2014 a 2016 en la provincia de Ourense por algo más de un millón de euros. La UTE presidida por Gavilanes ofertó 15 autocares “pese a que solo relacionó 12, de los cuales 10 no eran suyos y solo dos tenían tarjeta de transporte, aunque uno no estaba adaptado”, relatan en su denuncia los empresarios de Fegabus. La patronal del sector asegura además que la adjudicataria “subcontrató servicios”, cuestionando de esta forma que dispusiera de los medios materiales y humanos que ofertó, y destaca que algunos vehículos “no son aptos para discapacitados” y “superan la antigüedad” exigida en el concurso.

No son los únicos “indicios delictivos” que los transportistas atribuyen a la adjudicataria y que ahora se dirimen en un contencioso. Sostienen los transportistas que una de las empresas de la UTE, Aspanas Termal, no acreditaba en el momento de la adjudicación la estabilidad de la plantilla que exigían los pliegos. “Ofertó 30 trabajadores pese a que estaba aplicando un expediente de regulación de empleo a 34 trabajadores”. Cuando la justicia obligó a la empresa a la readmisión de los despedidos, “la Xunta la subvencionó con 250.000 euros costeando así los puestos de la UTE y contraviniendo claramente los principios de igualdad, publicidad y libre concurrencia”, protesta Fegabus.

La federación destaca que Gavilanes incluyó en su oferta un protocolo suscrito con la Diputación de Ourense que considera “nulo de pleno derecho” ya que el regidor lo firmó “antes de que la UTE tuviera personalidad jurídica y cuando aún no había sido adjudicado el contrato”. El convenio establece que las empresas consorciadas se comprometen a regalarle 300 kilómetros mensuales a la Diputación (de transporte no regular de discapacitados) y, a cambio, la institución pone a disposición de las flotas sus bases en ocho municipios de la provincia.

El regidor-empresario defiende el convenio firmado con José Manuel Baltar apuntando que hizo “uno igual” con el Ayuntamiento de Allariz, gobernado por el BNG. Asegura Gavilanes que el protocolo suscrito con la institución provincial “para llevar a alguien al médico”, supondría regalarle 2.400 kilómetros al mes “a precio de concurso” si se lo solicitaran en los ocho municipios incluidos en las cláusulas: “Unos 10.000 euros de coste”, precisa, aunque reconoce: “Gracias a Dios, no nos llaman mucho”.

Gavilanes clama contra los transportistas, a los que acusa de haberlo presionado para dejar desierto el concurso. “Aceptaron las reglas del juego, no impugnaron las bases y no quisieron presentarse. ¿Cómo puedes sentirte perjudicado si no te presentas?”, se pregunta. Y niega las denuncias: asegura que tiene mayor flota que la que enumeró en el concurso pese a que la Xunta “ni siquiera pidió la documentación”. El adjudicatario acusa a Fegabus de estar detrás de las “20 inspecciones” que asegura que han realizado a su empresa.

Como consecuencia de una de ellas la Xunta ya lo ha sancionado con 2.500 euros por “dos faltas leves y dos muy graves” tras comprobar que dos de sus vehículos en Xinzo no estaban adaptados para sillas de ruedas, no tenían el requerido localizador GPS y no estaban incluidos en la relación de medios que la UTE presentó al concurso. Uno de ellos no llevaba acompañante.

Benestar, que niega los recortes en este servicio y habla de una “reconfiguración”, sostiene que la adjudicación fue conforme a la ley. Asegura que la “ayuda de saneamiento financiero” a Aspanas Termal no se puede vincular con la contratación de la UTE y que no tuvo en cuenta a la hora de resolver la concesión el convenio con la Diputación de Ourense.

 

Lucha por el bus diario al cole

La “reconfiguración” del transporte para la dependencia, a la que alude la Consellería de Traballo e Benestar para negar el recorte, supuso el curso pasado para una alumna de sexto curso de Primaria de Verín con una discapacidad del 84%, la “privación de forma inhumana y antisocial del elemental derecho a la escolarización obligatoria”. Así lo expresó la madre de la menor, matriculada en el CEIP Princesa de España, en una carta dirigida a la Secretaría Xeral de Política Social con la que reclamaba el transporte adaptado a la silla de ruedas de la niña para acudir al colegio los cinco días de la semana, como había tenido los cursos anteriores, y no solo los tres días a los que le había sido reducido.

Benestar le denegó el transporte escolar adaptado gratuito explicándole a la madre que el nuevo decreto del servicio de apoyo a la movilidad, el 065, “distingue entre cobertura programada (puntual) y regular”.

La Xunta consideró el transporte diario de la pequeña al colegio como un desplazamiento puntual y no regular, como consecuencia de los distintos horarios escolares de la niña: que debía acudir lunes, martes y miércoles de 10,15 a 17 horas y jueves y viernes de 10,15 a 15,30, motivo por el que solo le ofertó el servicio los tres primeros días de la semana.

En el último trimestre del curso, la madre de la menor reclamaba aún a la Consellería “el mismo trato” y el mismo “derecho a la escolarización” completa de su hija que el que recibe “quien afortunadamente no padece discapacidad alguna”. La Consellería de Traballo e Benestar tuvo que buscar finalmente alternativas que garantizaran la escolarización completa de la menor.