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El Ayuntamiento indigna a Nou Barris por presumir de su política social

Las entidades y servicios sociales tachan de insuficiente la inversión municipal en el distrito más pobre

Manifestación contra la pobreza en Nou Barris.
Manifestación contra la pobreza en Nou Barris.

Las ayudas se han multiplicado por tres. El presupuesto por 1,6. Y el distrito se lleva el 20% del gasto social de la ciudad. El Ayuntamiento de Barcelona presumió ayer de las políticas sociales que lleva a cabo en Nou Barris, el distrito más pobre de Barcelona, se mire el indicador que se mire: renta (entre 71 y 38, sobre una media de ciudad de 100), paro (alcanza el 18% frente al 10% de media), desahucios (no menos de dos al día), nivel formativo inferior… “La situación de pobreza severa se ha paliado”, afirmó la concejal, Irma Rognoni, que aseguró que la partida presupuestaria de servicios sociales está “siempre abierta”. Necesidad que hay, necesidad que se cubre. Que “todas las demandas de servicios sociales tienen respuesta”.

Pero las entidades y los propios profesionales de la asistencia social discrepan profundamente: vienen a decir que “faltaría más” que con los indicadores de pobreza de Nou Barris el Ayuntamiento no le destinara muchos recursos. Y en cualquier caso, dicen, son “completamente insuficientes”. Israel Ureña, trabajador social y delegado sindical de la junta de personal del colectivo reclama “un plan especial, trabajo comunitario y preventivo”. Y desde la coordinadora de entidades del distrito, Albert Recio insiste en que los recursos son insuficientes y asegura que cuando, más allá de las cifras de personas atendidas, se realiza el esfuerzo de acercarse a buscar datos, “los datos de pobreza se multiplican por dos, como ha ocurrido en Can Peguera”.

De hecho, el clamor en Nou Barris es constante desde hace meses. El distrito se autoproclamó “cabreado” en 2012 por la falta de políticas públicas; y en noviembre pasado las entidades lanzaron la campaña “No es pobreza, es injusticia”, un memorial de agravios que podría sintetizarse en que los recursos son insuficientes y que el consistorio se limita a poner parches y soluciones de carácter asistencial, sin ir a las causas. En diciembre pasado, las entidades incluso bajaron al centro de la ciudad para manifestarse ante el Ayuntamiento. Ha habido otros dos episodios dramáticos: la concentración de 15 órdenes de desahucio en un mismo día en noviembre pasado o la irrupción de vecinos que causaron destrozos en la oficina de servicios sociales de Ciutat Meridiana en octubre.

La concejal Rognoni se esforzó ayer en proporcionar un alud de cifras sobre la actuación de la administración en los barrios del distrito. Explicó las ayudas sociales se han incrementado un 164%, las ayudas genéricas un 237% y las específicas de alimentación un 271%. Que casi 4.000 niños tienen beca de comedor. Que constantemente se convocan mesas de coordinación entre el ayuntamiento y entidades o escuelas que detectan casos que urge atender. Relató cómo “se ha reestructurado el área de servicios sociales para poner más profesionales a seguir los casos que a atenderlos por primera vez, hay seis nuevos trabajadores y tres educadores. Celebró la creación de dos centros de distribución de alimentos “para dignificar el proceso de recogida, evitando largas colas”. Detalló que se han ocupado de 284 casos de desahucio y se han personado en 125 lanzamientos. Que se han adjudicado 123 viviendas de emergencia. Que 607 parados se han beneficiado de planes de ocupación. O que se han invertido 160 millones de euros en equipamientos, espacios públicos o vivienda.

Pero las entidades rebaten algunos puntos. Personarse en 125 desahucios en cuatro años, cuando muchos días hay dos “es de risa”, afirma Recio. Sobre las viviendas de emergencia, recuerdan que barrios como Ciutat Meridiana están plagados de pisos vacíos en manos de los bancos, mientras se envía a vecinos desahuciados a L’Hospitalet y “solo” se ha iniciado el proceso sancionador a las entidades en 12 casos. Respecto al aumento de los servicios sociales, el representante sindical advierte de que “la ratio de educadores no se cumple y que la de trabajadores sociales sí, pero de acuerdo a la ley de 2007, cuando la pobreza no era de la magnitud actual”. Ureña critica además que “el modelo de servicios sociales tiende a una atención individualizada: cinco trabajadores en cinco despachos atendiendo a cinco familias con problemáticas casi idénticas que se podrían atender de forma comunitaria”.

Hay otros datos municipales que pueden contrastarse con solo acercarse al barrio. Por ejemplo, la espera para tener hora con un asistente social es superior a los 14 días que asegura el informe. O que pese al esfuerzo en planes de ocupación, hay quien descarta ir hasta Barcelona Activa porque no tiene dinero para el billete de metro.

Otra de las cifras que facilitó ayer el ayuntamiento es la de inversión per cápita que es inferior a la media de Barcelona, o de gasto por habitante en el distrito: 969,16 euros. Muy lejos de los más de 2.000 euros por vecino de Ciutat Vella, un salto que la concejal Rognoni justificó porque el centro de la ciudad concentra muchos servicios “de ciudad y es muy difícil territorializar las inversiones”. En cualquier caso, desde la coordinadora de entidades, Recio asegura que algunas de las que contiene el informe, como una guardería, la residencia de La Prosperitat o el Casal de Joves, “ya estaban hechos cuando el actual ejecutivo llegó al Ayuntamiento”.

Las diferencias de puntos de vista sobre el distrito se pondrán sobre la mesa este jueves, cuando hay prevista una audiencia pública en el distrito con un único punto en el orden del día: la pobreza. Una convocatoria que, de entrada, las entidades critican: porque está acotada a una hora y media en la que temen, el ayuntamiento no les presentará ningún plan de futuro.