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Archivada la causa contra la excúpula de la CEA por el fiasco de las VPO

La juez estima que los exdirectivos de la patronal no estafaron a los compradores de casas

El expresidente de la CEA Santiago Herrero, en los juzgados el pasado abril. Ampliar foto
El expresidente de la CEA Santiago Herrero, en los juzgados el pasado abril.

La titular del Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla, Patricia Fernández, ha archivado la causa en la que imputó por estafa continuada a la excúpula de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA). La patronal impulsó la construcción de una promoción de 583 viviendas protegidas en Sevilla, que resultó un fiasco repleto de reclamaciones de vecinos sin casa y empresarios endeudados que trabajaron para la promoción sin cobrar a cambio. Ahora la magistrada achaca la promoción fallida a la mala gestión, pero no ve mala fe en los anteriores directivos de la patronal andaluza, según avanzó Diario de Sevilla.

“Fue uno más de esos negocios inmobiliarios en los que la ausencia de previsión y los desaciertos de los gestores empresariales se conjugan con los recortes del crédito vinculados al inicio de la crisis económica y bancaria, y que afecta, en especial, a la hoy desaparecida Caja Madrid”, considera la juez en su auto de archivo de la causa.

Dos de las tres fases de la promoción inmobiliaria resultaron paralizadas, por lo que hoy existen centenares de vecinos damnificados y sin casa. El expresidente de la CEA Santiago Herrero, así como su antiguo número dos, Antonio Carrillo, comparecieron ante la juez y culparon del fiasco a su antecesor en el cargo ya fallecido, Rafael Álvarez Colunga.

“No podemos concluir que la deuda sobreviniese porque los imputados hubieran decidido con anterioridad no pagar sino porque las dificultades económicas surgidas después, lo han impedido”, subraya la juez. Esta señala la vía civil y mercantil como opciones para que los perjudicados presenten ahora sus reclamaciones. La explicación de la magistrada exime de culpa a los exdirectivos y achaca el fracaso a la crisis. “Un lamentable concierto de voluntades que, en la órbita civil tuvo un final económicamente frustrante y de evidentes perjuicios para los empresarios con los que se contrató”.

La juez considera que el fiasco empresarial carece de “engaño en cuanto maniobra torticera y falaz” para ocultar una realidad y producir como efecto la estafa continuada, motivo del proceso judicial. Sin embargo, la instructora sí admite que la presencia de la CEA “se hacía valer como garantía de cumplimiento” por parte de los empresarios responsables de la promoción.