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El fiscal denuncia posibles delitos en el pago a centros concertados

Fondos públicos de la nómina se usarían para pagar en exceso a colegios, a la patronal y a personas que no ejercen

La Fiscalía Provincial de Valencia ha denunciado hechos que pueden ser constitutivos de cuatro delitos diferentes, relacionados con el pago delegado de nómina a profesores de centros concertados desde la Consejería de Educación. Tres de ellos se considerarían delitos continuados de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental. El cuarto, de fraude de subvenciones.

La acción de la fiscalía se produce a raíz de la denuncia presentada el pasado verano por la diputada en las Cortes Valencianas Mònica Oltra y tras las consiguientes diligencias efectuadas por la Guardia Civil. El fiscal maneja, asimismo, un informe de la Intervención de la Generalitat de 2013. La denuncia se dirige a centros que se acredite que han cobrado nóminas de personas mayores que no ejercerían la función docente, por un lado. Por otro, se dirige a autoridades o funcionarios que se demuestre que han ordenado pagos en exceso a determinados centros privados sostenidos con fondos públicos, por encima de lo contemplado en sus conciertos, o a los denominados “liberados de la patronal”.

Según la denuncia, el pago delegado de la nómina se ha utilizado también para retribuir a 10 personas bajo el concepto de “liberados” de la “patronal” de la enseñanza concertada. Así aparece en una lista junto a la relación de profesores liberados —exentos de tareas docentes— de los sindicatos, de cuya nómina se hace cargo la consejería. Los empleados que figuran como liberados de la patronal trabajarían para las organizaciones Federación de Religiosos de la Enseñanza (FERE) y Federación de Centros de la Enseñanza de Valenciana (FECEVAL) y no ejercerían funciones docentes.

Compromís ya constató en su denuncia que, al contrario que los liberados estrictamente sindicales, en los acuerdos tripartitos [entre la Administración, los sindicatos docentes y la patronal de la enseñanza] no hay mención a este colectivo. Fuentes de la Consejería de Educación consultadas por este diario sostenían que la denuncia se refería a profesionales que se dedican a formación del profesorado, respaldados por convenios firmados en 2003 y posteriores adendas. La denuncia de la Fiscalía hace referencia a la existencia de dos convenios con las organizaciones patronales, relacionados con pagos que podrían ser irregulares, pero que, en todo caso, caducaron en 2010 y no se han renovado.

El informe de la Intervención de la Generalitat que maneja la Fiscalía ya detectó el abono de salarios a los denominados “liberados patronales”, por pago delegado de los centros concertados y concluyó que tal figura no existe en nuestro ordenamiento jurídico y que no hay en este soporte para el pago de cuantía alguna. Compromís estimaba la cuantía de “esta financiación irregular en unos 350.000 euros anuales”.

Respecto a los mencionados convenios suscritos para, entre otros fines, la formación del profesorado de los centros privados, la Intervención señala que, más allá de si son o no legales, desde el primero de enero de 2010 hasta la actualidad se están realizando pagos indebidos, puesto que no se ha concedido subvención alguna para afrontarlos. Según las adendas de 2009 —las últimas— a estos convenios, las cuantías ascenderían a 388.000 euros anuales.