CDC, acosada por la corrupción, promete otro plan de transparencia

Los políticos procesados no irán a las listas, pero sí podrán hacerlo los imputados

Los escándalos de corrupción que asuelan Convergència Democràtica tanto en los juzgados como en el Parlament de Catalunya obligaron ayer a esta formación a prometer un nuevo plan de transparencia a modo de cortafuegos de los casos Pujol, ITV, Palau y otros. La cúpula del partido aprobó suscribir un convenio con la entidad Transparencia Internacional para combatir “preventivamente y punitivamente cualquier tipo de corrupción política, económica y social”. El plan, sin embargo, es incompleto, puesto que permitirá, por ejemplo, que políticos imputados sigan formando parte de las listas y que la fundación del partido, Catdem, siga recibiendo dinero de empresas.

El convenio permitirá que Transparencia Internacional, una entidad que ha destacado los últimos años por fiscalizar la transparencia de todo tipo de administraciones, valide las cuentas del partido de Artur Mas. Lo hará cada seis meses y los resultados serán públicos, dijo ayer la portavoz de CDC Mercè Conesa.

Convergència también prevé que queden excluidos de las listas electorales a partir de los próximos comicios —las municipales de mayo— aquellas personas “procesadas”. Para que esto ocurra deberán darse tres condiciones: que el posible candidato esté imputado, que se le haya abierto juicio oral y que tenga un escrito de fiscalía en su contra. Esto significa que los políticos que estén simplemente imputados podrán continuar figurando en las listas. Además, el acuerdo se circunscribe solo a este partido y no a Unió, aunque Conesa ha dado a entender que tratarán de que su socio de federación cumpla con estos preceptos de cara a las municipales de mayo.

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Este detalle no es menor, puesto que, en teoría podrían figurar políticos procesados de Unió Democràtica en una lista avalada por CiU. Ello podría darse, por ejemplo, en Cercs (Barcelona) donde el alcalde, de UDC, ha sido condenado e inhabilitado por un caso de corrupción urbanística, sigue en el cargo y no ha aclarado si volverá a presentarse. Convergència dijo ayer que casos como este deberían estudiarse, aunque fuentes de la dirección de Unió dieron por hecho que este alcalde no volverá a presentarse.

Otro caso que podría darse en estos momentos es que el diputado Xavier Crespo, imputado por recibir regalos de la mafia rusa cuando era alcalde de Lloret de Mar, pudiera volver a presentarse. Hoy por hoy Crespo sigue sin estar procesado formalmente, aunque podría estarlo antes de las elecciones del 27 de septiembre.

Otro de los puntos del convenio es la prohibición de donaciones de empresas a partidos políticos, limitando así las aportaciones a la financiación pública y a personas individuales. Con todo, este punto también tiene importantes limitaciones, ya que la fundación Catdem seguirá aceptando donativos por parte de empresas. Ello tampoco es una cuestión menor, puesto que esta fundación ha sido el epicentro de las sospechas de financiación ilegal que han recaído sobre el partido a raíz del caso Palau. De hecho, CDC tiene embargada judicialmente su sede por este asunto.

El acuerdo se circunscribe únicamente a Convergència y no a su socio  Unió

El argumento que aportó Conesa para justificar que la fundación vinculada al partido no suscriba el convenio con Transparencia Internacional es que esta entidad no lo prevé en los convenios que firma con partidos políticos.

De cara a legislaciones de futuro, CDC se compromete asimismo a defender las listas abiertas, para propiciar la proximidad entre el político y el elector, afirmó Conesa. Hasta ahora Convergència nunca ha sido partidaria de esta forma de elección con el argumento de que beneficiaría a los candidatos con más posibilidades económicas para hacer campaña.

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