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Mas declarará en la ‘comisión Pujol’ el 9 de febrero, por acuerdo de CiU y ERC

El resto de partidos proponían que compareciera el 23 de marzo, después de que pasaran todos los miembros de la familia Pujol

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, en el Parlament.
El presidente de la Generalitat, Artur Mas, en el Parlament. EFE

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, declarará en la comisión de investigación del Parlament sobre la corrupción política y el caso Pujol el 9 de febrero. El acuerdo se ha adoptado este lunes con los votos de CiU y Esquerra Republicana, que hicieron valer su mayoría. El resto de los partidos votaron en contra por considerar que era mejor que la declaración del líder nacionalista se produjera el 23 de marzo. Para esa fecha se prevé que ya hayan pasado por la comisión el expresidente de la Generalitat, su esposa, Marta Ferrusola, y sus siete hijos.

“Que venga cuando quiera. No hay diferencia fundamental en lo que diga antes o después, porque lo que nos interesa es que Mas diga lo que tenga que decir, cuanto antes”, razonó Oriol Amorós (ERC), que hizo suya la fecha del 9 de febrero propuesta por la diputada de CiU Meritxell Borràs.

Por el contrario, los representantes del PSC, ICV, el PP, Ciutadans y la CUP coincidieron en que era mejor escuchar los argumentos del expresidente, con el fin de poder interrogar luego a quien formó parte de tres Gobiernos de Jordi Pujol, entre 1995 y 2003 como consejero de Política Territorial, de Economía y como consejero primero.

La comparecencia de Mas se producirá después de que Esquerra cambiase de criterio hace una semana y forzase su presencia en la comisión tras haber salvado al presidente en cuatro ocasiones. Tras acordarse su comparecencia, Mas envió una carta a la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, en la que solicitaba comparecer cuanto antes.

Finalmente, la declaración de Mas se producirá dos semanas antes de la de Jordi Pujol, que está citado junto a su esposa y su hijo Jordi el 23 de febrero. El 2 de marzo está previsto que lo hagan los hijos Oleguer, Oriol y Pere, mientras que el 9 de marzo están citados los hijos Josep, Marta y Mireia.

La comisión tenía aprobadas 209 comparecencias y hasta ahora solo han declarado 15 personas. Por todo ello, los partidos acordaron reconsiderar el calendario, suprimir declaraciones, para que los trabajos se centren solo en personas relacionadas con la confesión de Pujol del pasado 25 de julio. El objetivo es que puedan aprobarse las conclusiones a principios de julio de este año y llevarlas al pleno a finales de ese mes, antes de que se disuelva la Cámara.

A la sesión de este lunes no acudieron a declarar Luis María Sánchez, director de Inspecciones de la Agencia Tributaria, ni Manuel Vázquez, comisario jefe de la UDEF de la Policía. La comisión acordó, con el voto en contra del PP y Ciutadans, volverles a pedir que comparezcan y advertirles que si no lo hicieran podrían incurrir en un delito de desobediencia.

Quién sí acudió fue Lluís Franco, exconsejero de Trabajo y expresidente de inspecciones de la Agencia Tributaria de Cataluña. Como ya hiciera en el juzgado, Franco reconoció que se entrevistó con Oriol Pujol porque este le urgió a que atendiera a un empresario amigo, Sergi Alsina. La fiscalía considera que el exdirigente de Convergència pudo cobrar comisiones por esa intermediación, en la que estaba en juego la reconversión industrial de Sharp y Yamaha.

“No me llamó nadie más que no fuera Oriol Pujol, pero si la llamada me la hubieran hecho cualquiera de ustedes también la hubiera atendido, porque era un tema de interés público y se trataba de salvar 200 puestos de trabajo”, dijo Franco dirigiéndose a los diputados.

Franco insistió en negar cualquier trato de favor a Oriol Pujol en aquel encuentro. “Fue una reunión pública, con luz y taquígrafos, con representantes de la Agencia Tributaria y se les informó de los costes tributarios de la operación que planteaban”.

En otro momento, Franco aseguró no conocer al empresario Sergi Alsina, imputado, al igual que Oriol Pujol, en el caso de las ITV. La tesis de la fiscalía es que el exdiputado de CiU, a través de su esposa Anna Vidal, cobró medio millón de comisiones de Sergi Alsina a cambio de usar su influencia política.

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