La justicia catalana aprecia indicios de desobediencia en Mas por el 9-N

El Tribunal Superior asegura que el 'president' y las consejeras Ortega y Rigau pudiero cometer otros delitos al fomentar la consulta soberanista

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, en una imagen de archivo.
El presidente de la Generalitat, Artur Mas, en una imagen de archivo.Miquel Benitez (Getty Images)

 La sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) considera que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, pudo cometer un delito de desobediencia al promover, permitir y participar en la consulta soberanista del pasado 9 de noviembre. En los seis autos en los que el tribunal da respuesta a las querellas, incluida la fiscalía, se destaca la “verosimilitud” de los hechos denunciados de los que se deduce que Mas pudo incurrir en “el delito de desobediencia a resoluciones judiciales cometido por autoridad pública”. El alto tribunal catalán también ve indicios de la comisión del mismo delito a la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, y la consejera de Educación, Irene Rigau. Además, el TSJC no descarta que la investigación judicial acabe demostrando que el president y las dos consejeras hubieran cometido delitos de “prevaricación y malversación de caudales públicos” al fomentar la consulta soberanista.

El tribunal destaca, en los autos notificados durante el día de ayer, que existen indicios suficientes para concluir que Mas no acató la orden del Tribunal Constitucional que el 4 de noviembre le obligaba a suspender cautelarmente la consulta. Al contrario, los tres miembros querellados continuaron “los actos preparatorios, la publicidad institucional, los actos administrativos... hasta llevar a cabo, en edificios públicos de Cataluña, las votaciones”. Además, los autos recuerdan que el propio Mas “se responsabilizó públicamente” de la consulta desafiando cualquier tipo de consecuencia legal.

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El TSJC relata, cronológicamente, las actuaciones de Mas durante el proceso previo al 9-N. El president renunció a realizar el referéndum tras la suspensión ordenada por el Tribunal Constitucional el 29 de septiembre. Posteriormente, Mas convirtió la consulta en un proceso de participación ciudadana que, previa impugnación formulada por el Gobierno central, fue suspendida, de nuevo, por el Constitucional el 4 de noviembre. De esta forma, se anulaba de forma “concreta y determinada” la votación soberanista.

La prohibición no fue acatada y los resposables de la Generalitat acabaron llevando a cabo las votaciones el 9 de noviembre. Como consecuencia de esta actuación, el alto tribunal catalán recibió seis querellas y 25 denuncias que se han agrupado en un único procedimiento abierto contra Mas, Ortega y Rigau por delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos.

El pasado 21 de diciembre, el alto tribunal ya anunció que admitiría a trámite la querella de la Fiscalía y de todos aquellos denunciantes que acusaban al presidente de la Generalitat, a la vicepresidenta y a la consejera de Educación. Por el contrario, el TSJC no admitió las querellas presentadas contra otros miembros del Gobierno.

El alto tribunal considera que la actuación de los Mossos d’Esquadra se ajustó a la legalidad y a “los deberes propios a su cargo”, por lo que no contempla ningún indicio de criminalidad en la actuación del consejero de Interior, Ramon Espadaler. Respecto al portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, el Tribunal Superior de Cataluña destaca que en los autos no se ha precisado ninguna manifestación de carácter delictivo atribuible a Homs. Además, “no se le puede atribuir al consejero portavoz de la Generalitat todas las actuaciones presuntamente delictivas”.

Las querellas admitidas a trámite fueron presentadas por el Ministerio Fiscal, el sindicato Manos Limpias, el Sindicato Profesional de Policía y Unión Federal de Policía, Vox, UPyD y Asociación Pro Justicia Siglo XXI.

La sala civil y penal del tribunal también argumenta su decisión de dejar fuera de la investigación a los miembros de la Mesa del Parlament de Cataluña —como pedía UPyD—, porque cree que no cometieron delito al incluir en el orden del día de un pleno de la Cámara la votación para elegir a los componentes de la Comisión de Control de la consulta soberanista.

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