Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

Una empresa del ‘caso Pujol’ pagó 580.000 euros a un alcalde de CDC

El juez investiga cuatro transferencias sospechosas de Jordi Sumarroca al exalcalde de Torredembarra a través de firmas filiales de Teyco

Daniel Massagué, el pasado mes de junio tras ser detenido por la Guardia Civil.
Daniel Massagué, el pasado mes de junio tras ser detenido por la Guardia Civil.

La obra pública y el pago de comisiones ilegales han vuelto a unir en los tribunales a la familia Sumarroca, propietaria de dos de las mayores constructoras catalanas (Teyco y Emte), y a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), partido que el patriarca del clan, Carles Sumarroca Coixet, fundó junto al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol.

Tras el estallido del caso Pujol, que mantiene a los primogénitos de ambos imputados por la Audiencia Nacional, un juzgado de El Vendrell (Baix Penedès) investiga ahora el pago de 581.000 euros (IVA incluido) desde filiales de Teyco a dos empresas del alcalde convergente de Torredembarra (Tarragonès), Daniel Masagué, por trabajos supuestamente inexistentes. Los pagos se hicieron con cuatro transferencias bancarias hechas entre el 23 y el 28 de diciembre de 2011, según documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS.

En el centro del caso, cuya investigación llevan el Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell, la fiscalía y la Guardia Civil y que arrancó tras denuncias de la concejal Montserrat Gasull —entonces en ERC, hoy fuera del partido— y el PSC, está un gran aparcamiento de 250 plazas adjudicado en 2009 a Teyco por 2,5 millones de euros, que acabó costando un 40% más y que hoy permanece cerrado por el Ayuntamiento, incapaz de hacer frente a los 12.000 euros mensuales de mantenimiento de una instalación que casi siempre estaba vacía y que presentaba múltiples problemas de funcionamiento.

Masagué fue detenido por la Guardia Civil en una operación ordenada por el Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell el pasado 26 de junio y dimitió desde la cárcel dos semanas después, tiempo en el cual recibió el apoyo de la cúpula de CDC. “Es un buen amigo mío, lo conozco desde hace muchos años”, afirmó Felip Puig, consejero de Empresa, cuando Masagué aún estaba entre rejas.

La empresa Teyco construyó un gran aparcamiento que costó un 40% más de lo previsto

El juez mantiene imputado a Masagué por los delitos de cohecho, organización criminal, malversación, prevaricación y blanqueo, entre otros. En el caso, además de otros cinco concejales y empresarios locales, está imputado por delitos contra la administración pública Jordi Sumarroca Claverol, hijo de Carles Sumarroca Coixet y consejero delegado de Teyco. Los investigadores del caso, que sigue bajo secreto de sumario, tratan ahora de averiguar si Masagué se lucró con el dinero recibido de Teyco o este tenía otro destino.

Las obras del aparcamiento son las más polémicas de las ejecutadas por Teyco en Torredembarra, pero no las únicas. La compañía de aguas que sirve en la zona, Sorea, también encargó a la constructora durante el mandato de Masagué unos 14 millones de euros para varias actuaciones urbanísticas en el municipio no previstas en el contrato de suministro, entre ellas una rotonda y un parque público, según fuentes del Ayuntamiento.

Los pagos sospechosos detectados por los investigadores hasta ahora se concentran en diciembre de 2011 a sendas sociedades de Masagué. Dos de ellos fueron a la empresa Maes Flequers i Pastissers, dedicada al “comercio al por menor de pan y productos de bollería”, según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil. El 22 de diciembre de 2011 Maes giró dos facturas a las empresas Teycotel Gestió d'Hotels y Teycotel BCN. La primera, por 211.720 euros, alude a la “reparación y nuevo equipamiento de la cocina sobre proyecto de la propiedad”. La segunda, por 91.488 euros, está justificada por “el servicio de hosteleria y catering durante 2011”. [PASA]

Los otros dos pagos fueron a parar a la sociedad Daloi, que según las cuentas del Registro Mercantil está dedicada a “actividades inmobiliarias” y que en los últimos años apenas ha tenido personal ni facturación. En dos facturas también fechadas en un mismo día —el 11 de diciembre de 2011—, Daloi cargó 217.960 euros a otra filial de Teyco —Castellbell Residenciial— por “tareas de planeamiento urbanístico y convenios con la Agencia Catalana del Agua y el Ayuntamiento”; y 60.359 euros a Teycotel Cap Roig por “tareas de planeamiento urbanístico y localización de inversores para el alquiler”.

Fuentes cercanas a la investigación en el Ayuntamiento de Torredembarra aseguran que no se ha encontrado ninguna evidencia de que las empresas de Masagué llevaran a cabo estos trabajos y que “las tareas estaban fuera de la capacidad de las sociedades y escapaban a cualquier lógica empresarial”. Ni Massagué ni Teyco han atendido a las llamadas de este diario, mientras el abogado del exalcalde, Xavier Melero, declinó comentar los pagos “al estar las investigaciones aún bajo secreto de sumario”.

El actual alcalde de Torredembarra, Enric Grangel (PSC), considera que la construcción del aparcamiento estuvo plagada de “cosas extrañas”. “Se pagaron 7.000 euros por arrancar 200 árboles donde solo había unos setos”, recuerda. “Ni el hierro, el cemento o el hormigón pueden justificar que el coste de las obras se disparara de esa forma”, añade. La denunciante Montserrat Gasull, hoy concejal no adscrita, destaca que “pese al gran coste del proyecto, las máquinas de tickets se pagaron aparte”. “¿Cómo se entiende que no se incluyeran en el proyecto de un aparcamiento”, se pregunta.

Las dos constructoras de la familia Sumarroca, Teyco y Emte (hoy fusionada con Comsa), han recibido decenas de adjudicaciones desde hace tres décadas del Gobierno catalán, ayuntamientos gobernados por CiU y organismos financiados por la Generalitat. Jordi Pujol Ferrusola, hijo del expresidente catalán, y Carles Sumarroca Claverol, hijo del fundador del grupo constructor, están imputados en la causa que investiga el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz por los negocios del primero con empresas adjudicatarias de la Generalitat. En concreto, Ruz quiere aclarar el pago desde Emte a Pujol Ferrusola de 132.800 euros (sin IVA) por supuestos “servicios de intermediación” en negocios en México.

investigacion@elpais.es

 

Más información