Grandes empresarios gallegos acusan al FROB de estafarles

Reclaman la devolución de 20 millones invertidos en Novagalicia Banco

Algunos de los demandantes, en el juicio
Algunos de los demandantes, en el juicioCabalar (EFE)

Engaño, estafa, trampa, indignación. Los adjetivos lanzados ayer en el juzgado de primera instancia número 5 de A Coruña contra Novagalicia Banco (NCG), la entidad nacida de las antiguas cajas de ahorro gallegas ahora reconvertida en Abanca tras ser comprada por el venezolano Banesco, no proceden de algunos de los miles de pequeños ahorradores a los que les colocaron el dinero sin saberlo en productos financieros de alto riesgo como preferentes o subordinadas. No. Los reproches y acusaciones provienen esta vez de siete empresarios gallegos, representantes de un elenco de destacadas sociedades y marcas como la cervecera Estrella Galicia, la constructora Copasa, la conservera Jealsa o Inversiones Gallegas del Cable (fundadores de R), que invirtieron y perdieron, en tan solo diez meses, más de 20 millones de euros en el banco cuando fue rescatado y nacionalizado en 2011 por el Estado, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

 El juicio que comenzó ayer contra Novagalicia Banco y el fondo público dependiente del Ministerio de Economía está planteado por solo siete de la docena de empresarios gallegos que, tras desembolsar y perder en total unos 70 millones, se sucederán en los próximos días en distintos juzgados coruñeses para reclamar la devolución de su dinero. Ayer la argumentación de los demandantes fue la misma, encabezada por la afirmación de que “todo se basaba en la confianza”. La confianza en que el banco gallego era “viable y saneado” ya que iba a pasar a manos del Estado. Confianza en que sus cuentas eran reales porque “estaban auditadas nada menos que por el Banco de España”.

Confianza también sobre todo en el entonces presidente de la entidad, el coruñés José María Castellano, quien llamó personalmente a sus colegas empresarios para pedirles y ofrecerles que participasen en la aventura de la entidad nacida de las desaparecidas cajas. “Sobre todo soy muy gallego”, con una “confianza ciega” en Castellano y agradecido con la ayuda que la excaja siempre le brindó cuando se lanzó en el mundo de los negocios, declaró ante la juez, con un punto de emoción en la voz, Luis Somoza, expresidente de Azkar, que representa en esta demanda a Inversiones Subel. Somoza perdió cinco millones en la operación. “Lo que nunca pude pensar es que una institución del Estado como el FROB hiciera semejante disparate”, acusó.

Fue una “estafa”, remachó el presidente de Inversiones Gallegas del Cable, Roberto Díaz, que también se dejó cinco millones en la aventura. Muy gráficamente recurrió a un símil para explicar lo que llamó “engaño”: “Nos vendieron un coche y dos meses después descubrimos que en realidad estaba embargado y no era nuestro”. Díaz subrayó que no podía desconfiar de ningún modo de un banco intervenido por el Estado y en el que tenía puestos todos sus ahorros. Y subrayó su “indignación” porque a los dos meses de entregar “un talón a un funcionario del FROB que se lo llevó a Madrid”, los antiguos gestores del banco invitaron a los empresarios a comer para insistirles “en la magnifica inversión” que habían realizado. Apenas tardaron diez meses en perderlo todo. “Batimos el récord de inversores con más éxito del país”, ironizó.

Los demandantes también pusieron el acento en la presión pública existente en aquel momento para que salieran al rescate del banco gallego. No hubo negociación alguna, fue un contrato “de adhesión” a la causa, indicó José María Rivera, del grupo de Estrella Galicia, que perdió cuatro millones. “Se dio la imagen pública de que si no invertíamos, éramos unos traidores a Galicia”, enfatizó Roberto Díaz. José Luis Suárez, de Copasa, insistió igualmente en este punto: “Fue la operación más auditada, visible, televisada, radiografiada y dirigida de las que se pueden hacer. Me parecía impensable dudar de la bondad del proceso”.

Pero la abogada del Estado, en nombre del FROB, intentó en sus preguntas desvincular a la entidad pública de la gestión de Castellano y arguyó que era responsabilidad y una decisión libre de los empresarios poner dinero en una operación sin preocuparse de verificar balances financieros y contables. “Actuamos correctamente, con toda diligencia”, defendió el representante legal de Novagalicia Banco, Eduardo Álvarez Naveiro. Sigue siendo el jefe de Asuntos Legales de Abanca y también responsabilizó a José María Castellano de aquel proceso. “Fue liderado de manera muy singular y en un ámbito muy restringido”. En todo caso, Naveiro negó que se hubiera dado información errónea a los inversores, aunque admitió que tampoco se les informó de ciertos aspectos, como la posibilidad de hacer un ajuste contable retroactivo o una ampliación de capital del banco.

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