La fiscalía estudia acusar a Mas de desobediencia y prevaricación

Las dudas sobre calificaciones jurídicas retrasan la presentación de la querella

Cornet, Sánchez-Camacho y Montserrat durante la reunión de la ejecutiva tras el 9-N.
Cornet, Sánchez-Camacho y Montserrat durante la reunión de la ejecutiva tras el 9-N.TONI GARRIGA (EFE)

La fiscalía ya tiene claro de qué podría acusar a quienes considera los máximos responsables de la votación del 9-N. La Fiscalía Superior de Cataluña prevé presentar una querella contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y contra la vicepresidenta de su Gobierno, la democristiana Joana Ortega, por la organización del proceso de participación que el domingo se cerró con más de 2,2 millones de votos.

La denuncia, que aún no había acabado de perfilarse ayer por la tarde, señalará a Mas y a Ortega como presuntos responsables de dos delitos, según confirmaron fuentes de la investigación: desobediencia —por no acatar la resolución del Tribunal Constitucional que había suspendido la consulta— y prevaricación, dictar una resolución a sabiendas de que es injusta.

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El borrador de querella fue elaborado por la Fiscalía General del Estado (FGE), a cuyo frente está Eduardo Torres-Dulce. La FGE ayer remitió el texto a la fiscalía catalana para su debate y examen. La intención era tenerlo listo para hoy. Sin embargo, algunas dudas sobre la calificación jurídica de los hechos, sobre todo porque hay diligencias de investigación aún por completar, según informaron las mismas fuentes. Los fiscales se han planteado, incluso, requerir a la secretaría técnica de la FGE para que perfile con más exactitud los indicios contra los organizadores. Uno de los aspectos en discusión es, por ejemplo, si deben contemplarse otros delitos que inicialmente recogía el borrador, como por ejemplo la usurpación de funciones públicas.

Los fiscales aún deben concretar si la acusación se dirige también contra otros miembros del Gobierno catalán, en especial, contra la titular de Enseñanza Irene Rigau. Buena parte de los lugares de votación del 9-N fueron escuelas e institutos de titularidad pública.

La investigación también apuntaba en un primer momento al consejero de Justicia, Germà Gordó, departamento que encargó la confección de las papeletas para votar el 9-N. Estas fueron impresas por presos de las cárceles catalanas, que dependen de Justicia, pero el convenio con el Centro de Iniciativas para la Reinserción (CIRE) que realizó ese encargo fue firmado por Joana Ortega. El nombre del consejero de Interior y máximo responsable político de los Mossos d'Esquadra, Ramon Espadaler, también se habría barajado. Según las mismas fuentes, podría quedar fuera de las pesquisas.

Ante las primeras noticias de la querella, Artur Mas reaccionó con indiferencia. “Lo atribuyo al desconcierto que hay en Madrid y también al enfado de algunos, pero no tenemos miedo porque tenemos un mandato democrático”. También insistió en que “la forma racional y civilizada de tratar los temas políticos es hacerlo desde la política, y nosotros tenemos esta voluntad”.

La actuación de la fiscalía deja al margen, al menos por ahora, a los directores de escuela y otros funcionarios que participaron, como voluntarios, en la organización del proceso de participación con la apertura, por ejemplo, de los centros escolares. Las pesquisas se centran así en los políticos. Durante la jornada de participación, el propio Mas se ofreció a la fiscalía como “máximo responsable” de la organización de la jornada.

La querella será presentada formalmente por el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que es el órgano competente dada la condición de aforados de los querellados, que son diputados o miembros del Gobierno catalán.

La fiscalía abrió las diligencias de investigación el pasado sábado, víspera del 9-N. Según un comunicado, la fiscalía pidió a Enseñanza que informara sobre si se habían celebrado “reuniones con responsables de centros públicos” en los que se les solicitaba “la puesta a disposición de los centros para la realización de la consulta”. El ministerio público también pidió al departamento que aclarara “si existen órdenes o instrucciones por la Generalitat para la utilización de esos locales”.

Las diligencias también alcanzaban a los Mossos d’Esquadra. La fiscalía pidió a la policía el listado de locales o edificios públicos donde iba a celebrarse la votación, así como “la identificación de la persona responsable” de cada dependencia. Los Mossos entregaron una lista con los locales, pero no identificaron a nadie. Se remitieron a una carta de Ortega en la que la vicepresidenta sostiene que no está “en condiciones” de facilitar esas identidades.

El PP podía haber hecho algo más para que no calaran mensajes populistas como el España nos roba", dice
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