Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

14 acusados por inflar cuatro millones en facturas de la cooperativa de l’Aldea

Los Mossos señalan al exgerente de la entidad como principal impulsor de la trama

Manifestación de la cooperativa de L' Aldea, Tarragona.
Manifestación de la cooperativa de L' Aldea, Tarragona.

La investigación por el colapso financiero de la cooperativa de l'Aldea (Baix Ebre), ocurrido en noviembre de 2011, arroja datos demoledores: hasta 14 personas, 13 de ellas imputadas y una detenida, están acusadas de inflar en alrededor de cuatro millones de euros facturas de la entidad con el objetivo de conseguir un millón de euros en subvenciones europeas, sostienen los Mossos d'Esquadra. Debido al colapso, la sección de crédito de la cooperativa bloqueó 1.190 depósitos de sus clientes con un valor de 5,2 millones de euros, lo que provocó un corralito. La medida afectó a 3.000 personas, quienes de la noche a la mañana dejaron de disponer de sus ahorros. Alrededor de 4,5 millones de euros de los impositores continúan bloqueados.

La investigación arrancó en diciembre de 2011, y se centró en el análisis de los archivos digitales guardados en los equipos informáticos del área de contabilidad de la cooperativa. Los agentes, con esta información, pudieron determinar la responsabilidad real de los diferentes actores relacionados con la trama. Fruto de las investigaciones, agentes de los Mossos detuvieron el 15 de octubre al ex gerente de la cooperativa, Daniel Ferré, como presunto autor de delitos de insolvencia punible, falsificación documental, fraude de subvenciones y estafa.

La policía considera que el exgerente es el principal implicado. El juzgado decretó su libertad provisional sin fianza acusado de delito societario, administración desleal, apropiación indebida, alzamiento de bienes, falsificación de documento mercantil, utilización de información privilegiada y emisión de contrato simulado.

Según explica la policía catalana, Ferré inflaba sistemáticamente los servicios de sus proveedores para obtener una mayor cantidad posible de subvenciones por parte de la Unión Europea. Entre 2005 y 2011 estas subvenciones ascendieron a un millón de euros, mientras que la cantidad en facturas infladas asciende a casi cuatro millones de euros. En paralelo, según los Mossos, se generaron ocho millones en facturas por conceptos inexistentes con el objetivo de maquillar la situación financiera real de la cooperativa.

La policía señala a Ferré como principal responsable de estos hechos, que presuntamente habría llevado a cabo con la complicidad de una docena de empresarios y un ingeniero, todos imputados.

El administrador concursal designado por el juez ya apuntó desde un primer momento la existencia de irregularidades en la gestión de la cooperativa, con posible repercusión penal, y afirmó que estas podrían haber sido la causa principal de la fallida comercial sobrevenida de la cooperativa.

Para ocultar la falsificación se usaron técnicas de maquillaje contable

Para ocultar la falsificación de las facturas los implicados utilizaban técnicas de maquillaje contable, según han podido determinar los Mossos. Esta práctica la pudieron llevar a cabo porque la cooperativa tenía una sección propia de crédito que actuaba como banco y el exgerente tenía la facultad de modificar los asientos contables para poder compensar y cuadrar la sobrefacturación, así como los flujos de dinero entre la cooperativa, las cuentas corrientes y los empresarios. Además, Ferré se benefició de su cargo, ya que contrató de forma ficticia a su mujer para suplir una baja maternal y concedió préstamos a familiares en condiciones especiales. Otro factor que corrobora la investigación policial es la posible negligencia grave de la empresa auditora de la cooperativa al pasar por alto irregularidades que habrían puesto en preaviso a los organismos de control sobre la situación económica real de la cooperativa.

En el caso también se encuentran imputados el ex director general de Política Financiera, Ferran Sicart, empresario auditor de BDO, y el ex director de la oficina de Bankia en Amposta, Antonio Fornós, a quien la juez considera presunto cooperador necesario de Ferré en la ocultación de la situación financiera real de la sección de crédito de la cooperativa.

La actual presidenta de la cooperativa, Montserrat Llosa, se emplea a fondo para que la entidad, en concurso de acreedores, supere los problemas financieros y los afectados por el corralito puedan llegar a recuperar su dinero.

Más información