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La patronal de la dependencia defiende el copago

Aerte critica sin embargo el método de cálculo de las cuantías a pagar por usuario

Los empresarios dicen que los costes por plaza publicados por la Generalitat no son reales

La Asociación de empresas de Residencias y Servicios a Dependientes de la Comunidad Valenciana, ha defendido este viernes el copago pero considera que la Generalitat debe "exigir al Gobierno central la homogeneización de la normativa" para que "ninguna persona quede en una situación económica insostenible". La patronal de la dependencia aboga por "igualar en condiciones" a discapacitados y mayores, sean o no dependientes para que paguen un copago "igualitario".

Los empresarios de las residencias apoyan los argumentos de la Generalitat y consideran "necesaria" la aportación de los usuarios para "soportar el coste de los servicios públicos" si se quiere "mantener el sistema". Sin embargo, la patronal de la dependencia ha opinado que, siendo necesario, el copago "no puede expulsar a las personas del sistema y sí debe conseguir que todas las personas sean atendidas en igualdad de condiciones".

Para las empresas de dependencia, el copago es "de obligado cumplimiento por parte de los gobiernos autonómicos" y pide a la Generalitat que normalice la situación cuanto antes de manera que se "obligue a todo tipo de entidades a aplicarlo una vez normalizado".

Aerte critica el método de cálculo aplicadas hasta ahora porque "no es posible la aplicación de una fórmula que deje con 100 euros disponibles a las personas con los que deben comprar cosas tan básicas como sus medicamentos o su ropa". Para ello, propone "utilizar conceptos de renta neta y no incluir patrimonio, que no es liquido, para evitar situaciones económicas insostenibles".

La patronal del sector ha reclamado "la máxima transparencia" en la aplicación y comunicación de los métodos de cálculo del copago e información previa sobre los mismos porque asegura que "los costes de referencia" reales "no tienen consonancia con los publicados hasta ahora por la Administración valenciana".

La patronal ha exigido agilizar "los más de 10.000 expedientes paralizados durante años" porque hay personas "que no pueden recibir los servicios que necesitan y en algunos casos llevan esperando desde hace más de tres años".

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