Desbloqueado el acuerdo pesquero con Rabat, tras 14 meses de espera
Marruecos autoriza la salida de dos buques de cerco y 27 de pesca de palangre
Todos coincidían hoy. La expresión más empleada para valorar la entrada en vigor del tratado pesquero con Marruecos era “por fin”. En su viaje de regreso tras asistir en Rabat a las reuniones de la comisión mixta en las que se cerraron las condiciones técnicas del tratado, el presidente de los armadores andaluces, Pedro Maza, ha reconocido tener la sensación de estar saliendo “de una pesadilla interminable”. Han sido 14 meses de espera en los que se ha puesto a prueba el temple de los pescadores que han demostrado una “paciencia ilimitada”, ha dicho este sábado la consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Elena Víboras, en un comunicado.
Pero el respiro no puede durar mucho. Según el compromiso adquirido por Marruecos este lunes comenzarán a ser emitidas las autorizaciones que permitirán a los barcos comunitarios regresar a sus aguas. En lo que a la flota andaluza respecta, podrán hacerlo los dos buques de cerco y 27 de pesca de palangre de fondo que el pasado mes abonaron las licencias.
No todos los barcos andaluces saldrán en ésta primera expedición. El grueso de la flota de cerco, otros 42 barcos, decidió el pasado agosto no hacer entrega de los pagos que reclamaba Marruecos a cambio de las licencias. No lo hicieron porque en ese momento el tratado aún presentaba dudas legales que impedían, en opinión de los armadores, salir con las garantías necesarias. “Las partes han acordado abrir un nuevo plazo de pago, que estará vigente hasta final de este mes para que, una vez hecho el abono, se puedan sumar a la labor a partir del último trimestre del año”, explicó la noche del pasado viernes la directora general de Pesca de la Junta, Margarita Pérez.
Alivio in extremis
La entrada en vigor del tratado con Marruecos alivia la crítica situación a la que se enfrentan los pescadores por el agotamiento del caladero propio del golfo de Cádiz. Las dos principales pesquerías de la zona, la del boquerón y la sardina, están sometidas a restricciones para facilitar la regeneración de las especies.
El pasado agosto, el Ministerio de Agricultura publicó en el BOE la nueva normativa reguladora de la sardina, en cumplimiento de una directriz de la UE que viene advirtiendo desde 2012 del mal estado biológico de la especie. La ordenanza establece, por primera vez, cupos de pesca en todos los caladeros peninsulares (Golfo de Cádiz, Portugal, Galicia y Cantábrico) y, según los cálculos del sector, reduce de 80.000 a 20.000 las toneladas anuales de pesca disponible. Superada esa cantidad, los pesqueros no podrán volver a capturar ejemplares hasta el año próximo. A pesar de las reclamaciones de las cofradías andaluzas y de la consejería de Pesca, el ministerio no ha facilitado el cómputo de lo que se lleva pescado hasta el momento, de manera que el sector no tiene un cálculo fiable de cuánta pesca queda disponible.
El patrón mayor de Punta Umbría (Huelva), Ángel Mendoza, ha denunciado este sábado que la flota está faenando “a ciegas”, sin poder distribuir la cuota restante para garantizar la actividad en los cuatro próximos meses.
Mendoza explicó que, como el cupo de boquerón ya se ha agotado para este año en el Golfo de Cádiz, el cierre del caladero de la sardina “abocará al amarre de la flota sin ayudas para compensar el cese de la actividad”. Esta circunstancia explica el interés del sector por buscar una alternativa viable en aguas marroquíes, a pesar del sobrecoste que supone el pago de las licencias y el gasto extra de combustible para operar en el caladero vecino.
Los miembros de la comisión mixta reunida en Rabat esta semana han resuelto los vacíos legales que presentaba el acuerdo marco. Tras la negociación, Marruecos acepta la relación de marineros de su país con la que ya contaban los armadores españoles para dar cumplimiento al compromiso de tripulaciones mixtas que recoge el tratado, según destacó tras la cumbre el secretario general de la Confederación de Empresas Pesqueras de España (Cepesca), el gaditano Javier Garat. Inicialmente la parte marroquí había propuesto gestionar la selección de los pescadores del país vecino que debían enrolarse en las naves comunitarias.
Además, las partes han acordado el mantenimiento del uso de luces nocturnas para atraer a los bancos de peces en las mismas condiciones que las establecidas en los anteriores tratados y, por último, los barcos andaluces podrán elegir en qué puertos marroquíes deberán descargar una parte de la pesca obtenida, como establece el acuerdo. De hecho, los armadores han señalado los muelles de Larache y Mohamedia como los elegidos y han descartado los de Kenitra y Casablanca que, aunque más modernos, tienen tasas de descarga más caras.
Del acuerdo se podrían beneficiar directamente unos 450 pescadores andaluces y, de manera indirecta, generará empleo para otros 300, según el cálculo difundido este sábado por la Consejería de Pesca. Las flotas andaluzas se podrán valer de las autorizaciones de las modalidades 1 y 2 de las recogidas en el tratado; la primera para buques de pesca de cerco, con base en el puerto de Barbate y la segunda para la modalidad de palangre de fondo, que desarrollan barcos de Barbate, Conil, Algeciras y Tarifa. Para ambas flotas, el acuerdo autoriza, por primera vez, el acceso de la flota comunitaria al caladero situado al sur de Kenitra, siguiendo la ruta de especies como el jurel y la sardina en la primavera.
El acuerdo ha incluido una cláusula de reserva por la que la Unión Europea (UE) puede suspender unilateralmente el acuerdo en caso de apreciar incumplimientos de derechos humanos, en respuesta a una demanda de la Cámara Comunitaria que considera que el tratado no reconoce suficientemente los derechos del pueblo saharaui, en cuyas aguas se desarrolla una parte de la labor extractiva.
La UE abonará a Marruecos 30 millones de euros anuales, de los cuales 16 están destinados a compensarle por la cesión de sus recursos y los 14 restantes para inversiones en la mejora y modernización del sector pesquero, incluido el del Sahara Occidental. Por su parte, los armadores deberán abonar, en conjunto, otros 10 millones más en concepto de pago de licencias.
