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Licitadas obras por 1,5 millones para acabar el asilo ilegal de un clan del PP

La Xunta salvó del derribo el edificio, que gestionará la empresa de un exalcalde popular

El dinero sale de un convenio que firmaron Feijóo y Cañete para desarrollar el rural

Residencia ilegal en Chandrexa de Queixa.
Residencia ilegal en Chandrexa de Queixa.

El asilo ilegal de 2.500 metros cuadrados promovido por el jubilado exbarón popular José Luis Baltar para la empresa del que entonces era uno de sus alcaldes, levantado por la constructora de otro exregidor del PP en una aldea de 70 habitantes y sobre el que pesaba una orden de derribo perdonada por la Xunta de Alberto Nuñez Feijóo, se salva de todos sus males gracias a las maniobras del partido en tres Administraciones. El remate de la obra acaba de salir a licitación por 1,5 millones de euros tras evitar la piqueta y recibir fondos de todos los organismos controlados por los populares.

El edificio, una mole de cuatro plantas ubicada en un idílico paisaje de alta montaña del municipio ourensano de Chandrexa de Queixa, permanece inconcluso, luciendo ladrillo, desde la pasada década. La Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística (APLU), dependiente de la Xunta, detalló en 2010 un rosario de ilegalidades, concluyó que no era legalizable y ordenó su inmediata demolición. Dos años después y contraviniendo su propia decisión, la agencia urbanística del Gobierno de Feijóo perdonó el derribo.

Rosario de irregularidades

P. T.

A pesar de que la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística (APLU) certificó un rosario de ilegalidades no subsanables que implicaban la demolición del geriátrico, el 26 de junio de 2012, el mismo día que este diario publicó la adjudicación de más fondos públicos para el edificio ilegal, el subdirector de la APLU archivó la orden de derribo.

Dos años antes, los técnicos de la agencia habían concluido que la construcción se levantó sin autorización autonómica en suelo rústico incumpliendo la Ley de Suelo de 1997, duplicando la altura permitida, excediendo la ocupación máxima del terreno y sin la obligatoria previsión de aparcamientos. Los inspectores llegaron a dictaminar en sus informes que “no se adapta al ambiente en el que se encuentra” porque “rompe la harmonía del paisaje y desfigura la perspectiva del conjunto”. La agencia también impuso al Ayuntamiento de Chandrexa de Queixa multas coercitivas de 1.000 euros por incumplir la demolición que debía haber sido ejecutada en menos de tres meses.

Ahora y tras haber consumido 662.000 euros en tiempos de Baltar padre, el dinero para el asilo ilegal vuelve a brotar desde las arcas públicas controladas por los conservadores. El Ayuntamiento de Chandrexa (PP) ha sacado a licitación a través de la Diputación de Ourense (PP) el remate del edificio y la urbanización de su entorno con un plazo de ejecución de 20 meses. La génesis del dinero está en un convenio firmado por Feijóo y el exministro Miguel Arias Cañete en el que la Xunta incluyó decenas de propuestas que serían sufragadas mediante un plan para el desarrollo rural.

Al hacerse pública la lista de obras bendecidas por ese convenio con el asilo ilegal entre ellas, la Consellería de Benestar aseguró a este diario que desconocía la situación del edificio y matizó que la adjudicación de fondos no era definitiva ya que podía ser revisada. Pero lo que se revisó casi de inmediato fue la orden de derribo. La APLU tumbó la demolición y despejó el camino del asilo el mismo día del mes de junio de 2012 que este diario publicó la concesión de 1,6 millones a un asilo con orden de derribo por parte de la Xunta y el Gobierno central. En noviembre de 2013, la residencia recibió autorización administrativa de Benestar, y en abril de este mismo año, la consellería y el Ayuntamiento ratificaron el asilo mediante otro convenio.

Tras la retahíla de irregularidades descrita por la APLU en las sucesivas inspecciones de los técnicos y en las respuestas a las alegaciones formuladas por el propio alcalde, el Ayuntamiento redactó un plan especial de dotaciones e infraestructuras para que el inconcluso edificio quedase bajo el paraguas de la ley y de esta forma “fuese considerado viable desde el punto de vista urbanístico por parte de la agencia”. El nuevo proyecto que acaba de salir a licitación incluye trucos como la construcción de un talud de terreno junto a la planta baja “consiguiéndose así que a efectos legales esta planta compute como sótano” y la cuarta planta no quede fuera de ordenación, ya que la normativa vigente solo permite levantar tres.

La obra lleva casi tres lustros peleando contra sus propias irregularidades. En 2001, el pleno acordó su construcción. Desde entonces, las Administraciones populares han tejido un guante a medida del asilo que, según un acuerdo de 2000, fue ideado para ser cedido gratuitamente a la Fundación Valdegodos, propiedad de la familia Candal, que ostenta la alcaldía de Vilamartín de Valdeorras desde la dictadura y que es propietaria de esta sociedad dedicada a los geriátricos. El Ayuntamiento incluso ordenó transformar las habitaciones individuales en dobles. Un insignificante cambio en los planos del proyecto que multiplicará los ingresos de los dueños del negocio.

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