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La excúpula de Spanair va a juicio dos años y medio después de su quiebra

La fiscalía pide dos años de inhabilitación y que asuman el pago de 72 millones

La cúpula de Spanair declara a partir de este martes ante el juzgado de lo Mercantil número 10 de Barcelona por el concurso de acreedores, que la fiscalía declaró “culpable”, decretado con cinco meses de retraso. El ministerio público pide dos años de inhabilitación para el que fuese su consejo de administración, con la prohibición de administrar bienes ajenos y representar a cualquier persona. Asimismo, solicita que asuman los 72,1 millones en los que se agrandó la deuda el casi medio año en el que no se comunicó la situación de quiebra.

El 27 de enero de 2012, Spanair se quedó en tierra de forma definitiva, dejando a casi 23.000 pasajeros colgados. Tres días después presentó el concurso de acreedores voluntarios, con un pasivo de 474 millones, y anunció un ERE para 2.075 trabajadores. La fiscal Raquel Amado considera que la compañía estaba en “situación de insolvencia por imposibilidad de atender regularmente sus obligados de pago” desde el 30 de junio de 2011.

En un juicio que está previsto que se alargue durante tres días, este martes se sientan ante el juez el expresidente de aerolínea, Ferran Soriano, actual consejero delegado del Manchester City; el exvicepresidente Benny Zkrisson; y los consejeros Miquel Martí (Moventia), Jordi Mateu (RACC), Jordi Bagó (Grupo Sehrs), Josep Maria Benet (Mediapro), Joan Gaspart (Turismo de Barcelona), Manuel Albanell (Catalana d’Iniciatives), Michael Szucs (SAS), Karl Mats Erik Lömqvist (SAS), además de Avançsa, Fira Internacional de Barcelona, Catalana de Iniciatives e Inversions Turístiques i Comercials 2009.

Spanair sobrevivió en parte gracias al dinero público que recibió, 185,5 millones en total, a través de la sociedad pública Avançsa, Fira de Barcelona, integrada por el Ejecutivo catalán, el Ayuntamiento de Barcelona y la cámara de comercio. Ese capital permitió a la aerolínea “ir tirando en el pago a proveedores y a trabajadores”. Tanto es así, que la fiscalía apunta que la actuación de la Generalitat influyó “directamente o a través de Avançsa” en las “decisiones” que fue tomando el consejo de administración. Apenas tres semanas antes de la quiebra, la Generalitat hizo su última aportación de 10 millones de euros.

El ministerio público señala en su informe que los planes de la compañía de encontrar un socio que les sacase del atolladero “adolecían objetivamente de incertidumbre e inconcreción”. Y pone como ejemplo tanto el caso de la sociedad Volcat 2009, formada por empresarios de la patronal nacionalista Femcat, que únicamente inyectó como fondos los créditos que le dio el Instituto Catalán de Finanzas (ICF, el banco público catalán) o el “memorándum de interés” que firmó la Generalitat con Qatar Airways, jurídicamente “no vinculante”.

Está previsto que las declaraciones de la excúpula de Spanair se alarguen todo este martes. Mañana será el turno de los peritos, que se deberán ratificar en sus informes, y está previsto que el jueves el fiscal lea sus conclusiones.