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Alaya embarga al exdelegado de Empleo tras su absolución en el ‘caso Mercasevilla’

La juez interviene una moto, un coche y una casa en Camas a Antonio Rivas

Antonio Rivas, junto a los juzgados de Sevilla. Ampliar foto
Antonio Rivas, junto a los juzgados de Sevilla.

Mercedes Alaya, la juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha embargado al exdelegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio Rivas una motocicleta Vespa S 125, un turismo Volkswagen Passat y una vivienda unifamiliar en Camas (Sevilla). También le confisca las retribuciones, rentas o pensiones contributivas que perciba de la Seguridad Social. En el auto, notificado el viernes a las partes, también interviene los saldos bancarios del imputado y de las devoluciones pendientes de percibir de la Agencia Tributaria. Con esta acción, el juzgado pretende cubrir la fianza de responsabilidad civil de 3.323.672,49 euros que le impuso la magistrada.

Este embargo se produce sólo unos días después de que el Tribunal Supremo haya absuelto a Rivas de un delito de cohecho en el caso Mercasevilla, el juicio por el cohecho de 450.000 euros solicitado a unos empresarios como condición para gestionar la escuela de hostelería de Mercasevilla. Por estos hechos fue condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a 21 meses de inhabilitación y multa de 600.000 euros.

Sin embargo, el Supremo absolvió a Rivas por falta de pruebas y ratificó la condena impuesta a los exdirectivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce. El alto tribunal considera que el TSJA, que ratificó el veredicto de culpabilidad emitido por un jurado popular, se basó en “conjeturas” y vulneró su derecho a la presunción de inocencia.

Rivas, para quien la Fiscalía Anticorrupción pidió una fianza civil de 5.579.696 euros, fue delegado de Empleo de la Junta en Sevilla entre el 31 de mayo de 2000 y el 20 de abril de 2010. La juez Alaya le imputa, como autoridad laboral competente, por “autorizar un considerable número de ERE que recibirían subvenciones sociolaborales de la Dirección General de Trabajo con total ausencia de procedimiento, lo cual sería conocido por el imputado pues ni siquiera existían unas bases reguladoras publicadas en el Boletín Oficial”.