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La Comunidad de Madrid disponía de 85 coches oficiales a mediados de 2013

El Gobierno regional asegura que ha reducido la flota a 50 vehículos para este ejercicio

Coche oficial en un acto del presidente regional, Ignacio González. Ampliar foto
Coche oficial en un acto del presidente regional, Ignacio González.

La Comunidad de Madrid contaba con una flota de unos 85 coches oficiales en septiembre de 2013, de los que la mayoría eran para incidencias. Esa cifra se redujo a 50 vehículos a finales del pasado ejercicio. El presidente regional, Ignacio González, los ocho consejeros de su Gobierno, los viceconsejeros y otro pequeño número de altos cargos disponen de vehículos asignados. “Hemos reducido la cifra en un 62% desde 2008, cuando teníamos 133 vehículos”, observan desde el Ejecutivo de Ignacio González. La Comunidad prescindió en 2010 de 48 vehículos de renting que solían emplear los directores generales. Los ejercicios siguientes siguió desprendiéndose de ellos, hasta llegar a los 50 actuales. Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid disponía en 2011 de 134 coches oficiales, cifra rebajada desde entonces a unos 40 para altos cargos. “Aun así nos parecen demasiados coches oficiales. Su número es desproporcionado y choca con la austeridad que pregona el Gobierno del PP”, critica María Teresa González Ausín, diputada socialista en la Asamblea de Madrid. La parlamentaria lamenta que el Gobierno le respondiera la semana pasada a las preguntas que presentó el pasado octubre relativas al parque móvil del Ejecutivo: “Lo que no pueden hacer ahora es decir que los números están desfasados, es absurdo”.

La flota más numerosa reconocida el pasado septiembre correspondía a la Consejería de Sanidad, la más grande de todas (cuenta con 7.000 millones de euros de un presupuesto de 17.000 millones), con 29 coches oficiales de los que 25 eran para incidencias (incluyendo los vehículos del SUMMA 112). Si descontamos los vehículos del servicio de urgencias, el Gobierno madrileño dispondría de unos 85 vehículos. De los cuatro coches restantes que el Ejecutivo madrileño tiene habilitados en Sanidad, uno era para el consejero (entonces Javier Fernández-Lasquetty, al que el pasado enero sustituyó Francisco Javier Rodríguez), dos para las viceconsejerías y uno para la Secretaría General Técnica.

La siguiente Armada más copiosa era la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, con 17 vehículos, de los que 16 aparecía reservados para incidencias. El único con un usuario habitual es el del consejero, Borja Sarasola. “La mayoría son todoterrenos, y se emplean para moverse por el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y otros parajes naturales de la región”, explican desde el Ejecutivo. La semana pasada el Gobierno regional aprobó el suministro de vehículos todoterreno en alquiler para varias consejerías por un gasto plurianual por de 1.035.506 euros y un periodo de 48 meses. El coste total del parque móvil es difícil de contabilizar, ya que las partidas se dividen entre las distintas consejerías. “Desde 2008 el ahorro es de 500.000 euros en renting, a los que hay que añadir 30.000 anuales por conductor y 2.500 euros por gasolina”, apuntan en la Consejería de Economía y Hacienda.

Después de Medio Ambiente figura la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda, con 15 vehículos de los que 13 eran para incidencias. Los otros dos se destinaban al consejero, Pablo Cavero, y a su segundo, Borja Carabante. Empatada con Transportes estaba la Consejería de Presidencia y Justicia, que contaba el pasado 30 de septiembre con 15 vehículos: uno asignado al responsable de la cartera y número dos de González, Salvador Victoria; dos coches asignados a las viceconsejerías; uno a la directora general de Medios de Comunicación; y cuatro para incidencias. Además, constaban siete coches oficiales para altos cargos.

Asuntos Sociales tenía diez vehículos oficiales: uno para el consejero, Jesús Fermosel, otro para su número dos y los ocho restantes para incidencias. En las mismas fechas la Consejería de Economía y Hacienda disponía de nueve coches: uno para el consejero, Enrique Ossorio; tres para las viceconsejerías; y cinco para incidencias. La cartera de Educación, Juventud y Deporte disponía siete transportes oficiales: el coche de la consejera, Lucía Figar; dos para las viceconsejerías; y cuatro destinados a incidencias.

La consejería con menos medios de locomoción era la de Empleo, Turismo y Cultura, con un único vehículo asignado a la consejera, Ana Isabel Mariño. Los restantes cargos no tenían ninguno asignado, “utilizando los de incidencias destinados a cubrir las necesidades generales de la Consejería”, señala la Comunidad, que no especifica de cuántos vehículos de este tipo disponen en Empleo.

El director general Canal de Isabel II Gestión contaba también con un coche para uso propio, al igual que el director de la Agencia de Informática y Comunicaciones, donde había otro para incidencias. Las empresas públicas Gestión y Desarrollo de Medio Ambiente de Madrid (Gedesma) y el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (Imidra) disponían de un vehículo cada una, en ambos casos para “múltiples funciones e incidencias, incluyendo el desplazamiento” de los respectivos directores gerentes. A su vez, Nuevo Arpegio, otra firma de carácter público, tenía en septiembre de 2013 un coche al servicio de su consejero delegado, y que se ponía a disposición de los servicios generales de la compañía cuando no presta servicio al directivo.

La Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos gozaba de un coche de incidencias para la supervisión de los tutelados. Mientras, la Academia de Policía Local, cuyo cierre ha anunciado la Comunidad —los agentes municipales de la región se prepararán en la provincia de Ávila—, contaba con un vehículo a disposición de las necesidades de la institución.

La dirección y los gerentes o directores-gerentes de Metro de Madrid, Instituto de Realojo e Integración Social (Iris), Instituto de la Vivienda (Ivima) y el Consorcio regional de Transportes no tenían ningún vehículo oficial asignado. Tampoco los responsables de otros entes o empresas públicas como Hispanagua, Hidráulica Santillana, el Parque Científico-Tecnológico de la Universidad de Alcalá, la firma Arrendamientos y Promociones de la Comunidad de Madrid (Arproma) o el Boletín de la Comunidad.

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