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La trama de los cursos falsos utilizó listas de afiliados del PP en Latina

Los militantes aparecen como alumnos en expedientes de varios cursos

Uno de los empresarios que organizó la formación admite que pagó cenas del partido

En primer término, Alfonso Tezanos, uno de los imputados en la trama. Detrás de él, con gafas, el concejal de Latina, José Manuel Berzal.
En primer término, Alfonso Tezanos, uno de los imputados en la trama. Detrás de él, con gafas, el concejal de Latina, José Manuel Berzal.

La trama de los cursos de formación falsos de la Comunidad de Madrid utilizó las identidades de afiliados del PP del distrito de Latina para colocarlos como alumnos y conseguir así subvenciones públicas. Hasta ahora se había descubierto que la trama, vinculada a varias organizaciones de la patronal madrileña, había recurrido a distintas bases de datos para asignarlos a cursos que finalmente no se impartían; en los listados investigados por la policía aparecían listas de taxistas, feriantes, vendedores ambulantes e, incluso, familiares y empleados de los propios empresarios que están siendo investigados. La estafa asciende por ahora a 17 millones de euros, que salen de subvenciones concedidas por el Estado y por la Comunidad de Madrid, cofinanciadas con fondos europeos.

En este último caso la trama recurrió a listados de afiliados del PP del distrito de Latina, según demuestran documentos a los que ha tenido acceso este diario. Se trata de tres cursos realizados por dos asociaciones empresariales. Algunos de los supuestos alumnos son vocales vecinos, otros pertenecen o han pertenecido a la Ejecutiva y otros son empleados en la sede.

Los nombres aparecen en ocasiones con errores. Se les asignan DNI inexistentes o de otras personas. En otras ocasiones hay errores en el segundo apellido del afiliado. En cualquier caso, no es la primera vez que el entramado utiliza datos erróneos. Varios afectados que figuran como alumnos en otros expedientes y que han declarado ante la policía aparecen en listados con varios DNI diferentes. Este periódico se ha puesto en contacto con siete de esos afiliados. Todos han declarado que no han hecho cursos y que no saben cómo han podido hacerse con sus datos.

Los militantes sostienen que no han realizado ningún cursillo

Uno de los supuestos artífices de la trama tenía una vinculación directa con el PP de Latina. Se trata de Alfonso Tezanos Echevarría, imputado tras la investigación policial y expresidente de las organizaciones empresariales de comerciantes Fedecam y Cecoma. Tezanos, que tenía además cargos en la patronal madrileña CEIM y presidía la Comisión de Formación de la Cámara de Comercio, fue detenido el 11 de marzo por su relación con la estafa.

Fuentes del PP de Latina y de distintas asociaciones empresariales, afirman que a Tezanos le unía una estrecha amistad con José Manuel Berzal, concejal de Latina y presidente del PP de ese distrito. Además de numerosas comidas juntos en el restaurante La Pesquera de Madrid, esas fuentes señalan que Tezanos pagaba los cubiertos de las cenas que el PP organizaba en Latina. Quienes asistían eran empresarios vinculados a Fedecam y personal de la organización presidida por Tezanos. “Era Tezanos quien llenaba esas cenas con su gente. No tenían nada que ver con Latina, pero él los traía y pagaba las entradas”, señala una de las fuentes.

El concejal del distrito de Latina, José Manuel Berzal, desmiente que tuviera una relación de amistad con el empresario imputado. “La relación de Tezanos con el PP de Latina ha sido únicamente institucional. He comido con él igual que he comido con otras personas, pero no hay una relación de amistad”, señaló ayer Berzal.

“No sé de dónde pueden haber salido esos datos. Muchos de los nombres aparecen en la página web del partido como miembros del comité ejecutivo y puede que los hayan sacado de ahí. No sé de dónde pueden obtener los DNI, pero si hay errores los pueden haber inventado”, explicó.

El concejal Berzal sugiere que la trama pudo coger los nombres de la web

Sobre las entradas a cenas del PP pagadas supuestamente por Tezanos, Berzal señala que a esas reuniones acudían muchos empresarios de Fedecam y que no sabe quién pagó los cubiertos. “Él le decía a personal de la sede: ‘vamos a ir 10 o 12’. No sé quién pagaba esas entradas”.

Berzal se mostró “indignado” y sugirió que alguien trata de hacer daño al PP con esta historia. “Es algo truculento. Me resulta kafkiano. Nadie de la Ejecutiva ha pasado datos de afiliados del PP a Tezanos. Espero que se investigue y que paguen quienes hayan cometido delito”, concluyó.

Los listados con afiliados del PP a los que ha accedido este diario corresponden a tres cursos. Uno de ellos fue diseñado por José Luis Aneri, otro de los supuestos cabecillas de la trama. Aneri, detenido el pasado 1 de marzo, es el único de los imputados que continúa en prisión por su relación con los hechos. Los otros dos fueron organizados por empresas de formación de Tezanos. Fuentes cercanas a este último dicen que él desconoce el motivo por el que aparecen esos nombres en los listados porque entre sus ocupaciones no está la de la gestión directa de los cursos de formación. “Yo no estaba en el día a día de los cursos”, ha indicado Tezanos.

Asegura que tenía una buena relación con Berzal por cuestiones de trabajo, pero que no son amigos íntimos. Admite que la federación que presidía, Fedecam, pagaba una mesa para su Ejecutiva en la cena que el PP de Latina celebra periódicamente en el restaurante La Pesquera de Madrid, en la Casa de Campo. Señala que se trata de una de las citas más concurridas y conocidas del PP madrileño, a la que asistían también importantes cargos populares y representantes de otras asociaciones empresariales.

800.000 folios, pero incompletos

La Comunidad de Madrid envió el 30 de abril dos furgones con más de 800 cajas de papeles a raíz del escándalo de los cursos de formación que han sacudido a la patronal madrileña. Son unos 800.000 folios, en los que también se incluyen planes de sindicatos y otras asociaciones no relacionadas con la investigación. La documentación se tramitó a petición del portavoz del Grupo Parlamentario del PP, Íñigo Henríquez de Luna, y se repartió con cuatro copias, una por cada grupo parlamentario.

“En un ejercicio de transparencia hemos facilitado a la oposición la información que requerían sobre el caso Aneri”, sostuvo el Gobierno regional. Los grupos de la oposición criticaron el formato y la ingente cantidad de documentos. Todos esos expedientes cabrían en un único soporte informático, como ya ocurre con los presupuestos anuales, que se presentan en un lápiz informático.

Distintas fuentes de la Asamblea sostienen que nunca antes les habían enviado una cantidad similar de documentos. Es más, cuando solicitan una información que está recogida en un dossier voluminoso, desde la Asamblea les indican que deben acudir a la sede en la que están los originales para consultarlos y hacer copias. Fuentes de la Comunidad han señalado el despropósito de trabajar durante una semana con todos los esfuerzos y recursos de la consejería en una información que se presume inútil.

A pesar de la voluminosa entrega, han quedado fuera expedientes relevantes relacionados con este caso. Los folios enviados se centran en los expedientes de 2011. Según un portavoz del Grupo Parlamentario del PP, la solicitud de su grupo se basó en las peticiones previas de la oposición que “solo” estaban circunscritas a la Orden 3727/2011 que regula la financiación de planes de formación solicitados en 2011 y ejecutados en 2012. El PP sostiene que solo se había reclamado información de ese año y que, si los partidos de la oposición reclaman otros ejercicios, se les facilitará. Pero esa petición ya está hecha.

El diputado Joaquín Sanz Arranz (IU) reclamó las subvenciones recibidas por distintas asociaciones implicadas en los años 2012 y 2013, como recoge el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. El parlamentario considera “impresentable” que las mismas asociaciones a las que se les reclama ahora el dinero de 2011 por supuestas irregularidades hayan accedido a ayudas posteriores. Eso demuestra, a su juicio, “la falta de control durante años” por parte del Gobierno regional del PP. UPyD también había solicitado oficialmente con anterioridad expedientes que van de 2008 a 2013. “¿Cómo gestionan los expedientes? La cuestión es que si los tratan manualmente sin informatizar como nos los han entregado, están demostrando un nivel atrasado que dificulta el control y que no existe la voluntad de convertir la gestión de estos fondos en una prioridad”, añade el diputado Ramón Marcos (UPyD). Los socialistas pidieron la información de 2011 de 28 asociaciones, pero aseguran que falta toda la documentación de 10 de ellas. “Un tercio de la documentación no ha sido entregada en la tonelada de papel con la que pretenden sepultar la investigación”, apunta la diputada Helena Almazán (PSM).

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