La fiscalía pide cuatro millones de fianza civil para dos empresarios de Barbadillo

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido una fianza de responsabilidad civil de cuatro millones para los exdirectivos del grupo Barbadillo Pascual Caputto y Manuel Valdecantos, imputados en el caso ERE por tráfico de influencias, prevaricación y malversación, y que se negaron a declarar ante la juez Mercedes Alaya. En 2005 los acusados adquirieron el grupo empresarial Matadero Sierra Morena a los exconcejales socialistas José Enrique Rosendo y José María Sayago.

La magistrada achaca a Caputto y Valdecantos “la utilización de sus influencias en la Consejería de Empleo [que concedía el fondo de los ERE] a través de su titular Antonio Fernández o incluso en instancias superiores”. Alaya considera que los dos empresarios sabían que las ayudas que recibieron de la Junta “se habrían realizado al margen del procedimiento legal de subvenciones”, incluso “interponiendo como beneficiaria otra sociedad para evitar reiteraciones”.

A las ayudas de Empleo, el grupo Barbadillo le sumaría otras subvenciones de Agricultura desde 2006 “sin exponer la compatibilización” por estas otras ayudas, procedentes de la misma Administración pública. Es decir, la Junta andaluza.

Alaya destaca cómo la “reiteración de ayudas de la Junta a esta empresa”, en referencia a los 16,9 millones que recibió de Empleo el grupo Matadero, y “las continuas pérdidas”, obtuvieron una subvención mediante convenio por importe de 1,1 millones, una ayuda que se pagó en 2008. El ex director general de Trabajo que había sustituido a Javier Guerrero, Juan Márquez, admitió en un correo electrónico que “había logrado el cobro a través de gestiones realizadas con la Presidencia de la Junta de una subvención a Matadero de 1,1 millones”.

El grupo dispone de 250 empleados y 700 durante la vendimia, subrayó en su alegato uno de los abogados.

El abogado de Caputto ha destacado que el 100% de las subvenciones recibidas habían sido aplicadas para la finalidad que fueron concedidas. Asimismo, el letrado recordó cómo la Guardia Civil subraya que las firmas Matadero y Al Ballut son sociedades “con actividad real” y dedicadas a la cría de cerdo ibérico y a la producción de productos derivados del mismo, con alrededor de 60 empleados. Durante la comparecencia, el fiscal solicitó que la empresa Antonio Barbadillo sea declarada responsable civil subsidiaria de dicha fianza, petición a la que se adherió la acusación que ejerce la Junta de Andalucía.

Por otra parte, Alaya ha decidido embargar varias viviendas y plazas de aparcamiento, así como un coche, una moto y todas sus cuentas bancarias al exsecretario general de Hacienda de la Junta entre 2000 y 2004 Antonio Estepa, para que afronte la fianza civil impuesta de 8,8 millones.