Los dueños de casas turísticas piden a la Junta salir ya del limbo normativo

El alquiler de viviendas o habitaciones a turistas para pasar unos días de vacaciones es tan antiguo como el propio turismo, en Andalucía es el pan nuestro de cada día, pero esta actividad tan habitual se encuentra desde hace aproximadamente dos años en un limbo legal que crea inseguridad y deriva en ocasiones en expedientes sancionadores a los propietarios. El tema está lleno de aristas, con normativas estatales y autonómicas que surgen y se derogan. Y vuelta a empezar con esa situación de vacío y el reguero de inmuebles alegales.
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El alquiler de viviendas o habitaciones a turistas para pasar unos días de vacaciones es tan antiguo como el propio turismo, en Andalucía es el pan nuestro de cada día, pero esta actividad tan habitual se encuentra desde hace aproximadamente dos años en un limbo legal que crea inseguridad y deriva en ocasiones en expedientes sancionadores a los propietarios. El tema está lleno de aristas, con normativas estatales y autonómicas que surgen y se derogan. Y vuelta a empezar con esa situación de vacío y el reguero de inmuebles alegales.

La Junta de Andalucía ha empezado a elaborar un decreto para regular las viviendas de uso turístico que podría entrar en vigor en seis meses. El borrador ha recibido el visto bueno de los agentes económicos y sociales y la asociación creada para defender los intereses de los afectados, Apartsur, aplaude la medida. Eso sí, pide celeridad para zanjar ese estado de ilegalidad y critica “el ansia” sancionadora de la Administración en los últimos meses.

No existe una estadística sobre las casas que se arriendan a turistas en territorio andaluz. Pueden ser 15.000 o 20.000. “Hay muchas más”, apunta una fuente consultada. Hay propietarios que declaran esos ingresos y otros que no lo hacen.

María Oliveros es vocal de Instituciones de Apartsur y dueña de una empresa que se dedica a la gestión de alquileres. Tiene tres viviendas destinadas a este fin: una en Cádiz, otra en Cazalla de la Sierra (Sevilla) y otra en la capital sevillana. Esta última tiene abierto un expediente sancionador por parte de la Consejería de Turismo que ha culminado en una multa de 2.001 euros. La sanción es definitiva y está recurrida. Oliveros acudirá a la vía contencioso-administrativa si la administrativa se agota sin darle la razón.

Su sociedad está dada de alta y tiene contratadas a tres personas, además de subcontratar otros servicios cuando lo necesita. Su expediente se justificó, explica, en los canales utilizados para publicitar el alquiler. “En ningún momento se me ha instado a cesar la actividad”, apunta. Todo se engloba en esa falta de cobertura legal para las viviendas vacacionales, parcela distinta de la de los establecimientos de apartamentos turísticos (mínimo tres unidades), perfectamente reglados.

Esa protección empezó a difuminarse con la actual Ley del Turismo de Andalucía, de diciembre de 2011, que derogó una anterior que sí regulaba esta actividad y obligaba a la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía. Este paso ahora mismo no está reconocido, situación que se pretende corregir con el futuro decreto autonómico.

Las casas individuales tuvieron cabida entonces en la ley estatal de Arrendamientos Urbanos (LAU), que incluía los alquileres por temporadas, pero una modificación que entró en vigor en junio de 2013 excluyó a las viviendas que se promocionan en canales de oferta turística y derivó la regulación a cada comunidad autónoma. Por aquí va el asunto y de ahí proviene ese estado de alegalidad.

“Mi vivienda vuelve a ser ilegal”, se queja un socio de Apartsur. Compró un inmueble en Sevilla hace seis años para alquileres de corta temporada y lo primero que hizo fue inscribirse en el Registro de Turismo de Andalucía. Sus ingresos están declarados y afirma que liquida trimestralmente con Hacienda un 10% de IVA a pesar de que su inmueble no se considera turístico desde hace más de dos años.

Él no ha sido apercibido por la Consejería de Turismo, pero denuncia que los controles se han multiplicado en las últimas semanas. Otra fuente de Apartsur confirma esta “movilización” de la inspección en Sevilla, provincia en la que ya lleva un tiempo funcionando la llamada Mesa contra la Clandestinidad en el turismo, que persigue que aflore la economía sumergida y combatir la competencia desleal. Las denuncias suelen partir del sector hotelero. En Málaga se constituyó hace algo más de un mes y la intención de la consejería es que este foro funcione en todas las provincias.

“Hay muchas familias que pueden pagar sus hipotecas con los ingresos que reciben de estos alquileres”, argumenta Rafael, propietario de dos viviendas en la provincia de Huelva que arrienda cuando puede, sobre todo en verano.

Calcula que son unos 40 días al año y asegura que declara esos ingresos. Reconoce, sin embargo, “la picaresca” que existe en este ámbito. No solo se produce en el alquiler de viviendas completas, sino en el de habitaciones, capítulo que también será regulado por la Junta en las mismas condiciones.

Los afectados confían ahora en que el futuro decreto normalice la situación. Mientras tanto, reclaman que cese ese ímpetu sancionador que, afirman, existe por parte de la Administración autonómica.

El decreto que prepara la Consejería de Turismo y Comercio obligará a la inscripción de todas las viviendas destinadas a alojamiento turístico por un tiempo que no exceda de un mes al año y a las que se publiciten y promocionen con ese fin. El número de registro del inmueble tendrá que aparecer en su difusión.