El Superior vasco frena el proyecto de ampliación de Anoeta

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha echado abajo la pretensión del Ayuntamiento de San Sebastián y la Real Sociedad de construir cuatro torres comerciales en las esquinas de Anoeta para financiar las obras de un estadio de fútbol sin pistas de atletismo y un aforo de 45.000 espectadores. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha anulado la modificación del Plan General de la ciudad que permitía crear cuatro edificaciones para obtener 15.800 metros cuadrados destinados a usos terciarios.

El máximo tribunal vasco acepta el recurso presentado a título individual por el abogado Javier Olaverri, quien ayer calificó la modificación urbanística como una maniobra “teledirigida” por el Consistorio para beneficiar a la Real, lo que supone “un ejemplo palpable de urbanismo a la carta”.

El pleno aprobó por unanimidad en enero de 2013 la recalificación de la parcela de Anoeta para ubicar 15.800 metros cuadrados de oficinas, con cuya comercialización la Real esperaba obtener 15,7 millones para costear parte del nuevo campo.

La sentencia, hecha pública ayer, no pone en cuestión si la remodelación de Anoeta es o no adecuada a derecho, pero la impide en los términos en que ha sido planteada por el Ayuntamiento. El tribunal “no encuentra justificado” que en la reforma se permita la construcción de las cuatro edificaciones. “No se aporta [por el Ayuntamiento] ningún dato que permita afirmar que existe necesidad y, por lo tanto, demanda para 15.800 metros cuadrados de suelo terciario en el ámbito” de Anoeta.

El tribunal hace constar que “es un hecho” que el consistorio persigue “desde el primer momento” de la aprobación inicial del Plan General que la mejora y remodelación del estadio “se ha vinculado con la modificación urbanística dirigida a posibilitar los usos comerciales”.

La remodelación “interna” de Anoeta, según explicaron durante el proceso judicial los redactores del plan urbanístico, podría llevarse a cabo sin necesidad de una modificación urbanística, señala la sentencia. “Remodelar el estadio de Anoeta y el miniestadio [adyacente] es una decisión política municipal, sujeta al régimen de mayorías”, reafirman los magistrados. Pero apostillan lo siguiente: “Lo que constituye el objeto de controversia es si está justificada la modificación urbanística aprobada, que sustancialmente consiste en desafectar suelo destinado a sistema general deportivo para destinarlo a usos lucrativos terciarios”.

Y ante este dilema, el tribunal concluye que el Ayuntamiento donostiarra “adolece de insuficiente justificación, puesto que la recalificación del suelo para usos terciarios no se sustenta o explica en la necesidad de incrementar la oferta de este tipo de suelos terciarios, ni siquiera en la existencia de demanda para estos usos terciarios”.

En su alegación, Olaverri asegura que en el entorno de Anoeta existe actualmente un “excedente” de 135.800 metros cuadrados de suelo terciario para usos comerciales y oficinas. El abogado, según figura en la sentencia, resume así la maniobra municipal: “Todo el proyecto está hecho al revés: pensando en que la Real Sociedad pueda tener un patrimonio propio, hagamos un estadio nuevo que lo posibilite y financiémoslo con nuevas oficinas”.

Olaverri aseguró ante los periodistas que el proyecto de reforma de Anoeta “está hecho para un inquilino” que “solo paga tres millones por el alquiler de Anoeta durante 40 años”, cuando el valor razonable es de 63 millones, según el abogado, quien concluyó que el Ayuntamiento perdona todos los años 1,5 millones al club. Y propuso: “Si quieren un campo nuevo con oficinas, que hagan un referéndum, como en Múnich”.