El fiscal pide siete meses de cárcel a una exedil del PP por tráfico de influencias

El fiscal pide siete meses de prisión y cuatro  años de inhabilitación para cargo público para la exconcejala presidenta del distrito de Latina de Madrid María Nieves Saez de Adana (PP). Es por un supuesto delito de tráfico de influencias por presionar a una gerente municipal para que firmara una adjudicación en 2005, tal como recogió este periódico entonces.

La Audiencia Provincial de Madrid celebrará a partir del lunes un juicio con jurado por esta causa en la que la Fiscalía pide, además, que se le imponga una multa de 1.418 euros y siete meses de inhabilitación para el derecho al sufragio pasivo, según informa el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

Según el informe de calificación provisional del fiscal, citado por la agencia Efe, entre el 24 de junio y el 5 de julio de 2005 la procesada presionó a la gerente del distrito, cargo que ella misma había designado, para que firmara el aprobado de la adjudicación de un expediente por 10.418 euros de un contrato de consultoría y asistencia técnica de la Dirección facultativa de un colegio público de la capital. En esos años el alcalde de la capital era Alberto Ruiz- Gallardón, actual ministro de Justicia.

En la operación, adjudicada a la empresa Urbasa, se nombraba como arquitecta directora de las obras a la cuñada del jefe del departamento de Servicios Técnicos de Distrito de la Latina. Los administradores de esta empresa eran Beatriz Barrachina y su marido, Salvador Ballarín, hermano de Borja Ballarín Iribarren, jefe de servicios técnicos de la Junta de Latina cuando se produjeron las adjudicaciones.

La procesada consiguió que la gerente estampase su firma pese a ser remisa a ello al constarle esa relación de parentesco de la arquitecta con el jefe del citado departamento, quien había intervenido directamente en la redacción y tramitación del expediente.

Como consecuencia de esta actuación de María Nieves Sáez de Adana se adjudicó el contrato en una cantidad final de 11.839 euros.En la informaicón publicada en 2005 por EL PAÍS sobre este caso, se daba cuenta de que la Junta Municipal de Latina adjudicó al menos tres contratos de obras, que sumaban un monto de 48.160 euros a la citada empresa Urbasa.