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La Cámara ya denunció alumnos falsos en 2005 y no se hizo nada

Los auditores se quejaron de que las entidades que impartían la formación sabían de antemano cuándo iban a visitarles los inspectores de Empleo

La presidenta regional con representantes sindicales y de la CEIM en octubre de 2004
La presidenta regional con representantes sindicales y de la CEIM en octubre de 2004

La existencia de estudiantes falsos en los cursos de formación no es algo nuevo. La Cámara de Cuentas destapó en un informe referente al periodo 2005-2007 graves irregularidades en la asistencia a clase: personas que hacían el mismo día dos cursos, DNI falsos, tarjetas de identificación sin foto ni rúbrica, firmas falsificadas, aulas vacías... Los fiscalizadores públicos señalan que en ese trienio, la Fundación Tripartita (organismo formado por la Administración, empresarios y sindicatos) repartió fondos por valor de 35 millones de euros —la mitad procedentes de Europa— para cursos con 258.005 participantes, pero solo los realizaron 55.784 personas; es decir cada uno de estos estudiantes-trabajadores (para recibir la formación había que estar empleado) se apuntó y realizó teoricamente una media de cinco cursos. La normativa establece que ningún alumno puede recibir más de 270 horas de formación y que tampoco podrá realizar dos veces el mismo curso. Sin embargo, solo en 2007, los auditores públicos detectaron que 1.215 alumnos hicieron caso omiso de esta regulación.

Los fiscalizadores siguieron investigando a estas personas y descubrieron que 22 habían estado recibiendo clases (presenciales o telemáticas) durante más de 900 horas anuales, y que una había participado en 22 cursos en 2006, en 24 en 2007 (más de 3.300 horas de formación) y que, además, le había dado tiempo a acudir a 14 cursos presenciales.

Juez y parte

La Cámara de Cuentas asegura en las conclusiones de su estudio sobre el grado de ejecución de los cursos para personas con empleo que “en la convocatoria de 2007, el Servicio Regional de Empleo [Comunidad de Madrid] realizó la inspección en las modalidades presencial y mixta, pero no en las restantes [a distancia y teleformación]”.

Los auditores denuncian también que “resulta contrario al principio de objetividad la inclusión como miembros de la comisión de evaluación de contratos-programa a cuatro representantes de las organizaciones sindicales y empresariales”, cuando estas entidades son las únicas que podían impartir los cursos que tenían que evaluar.

También se quejan de falta de transparencia a la hora de convocar las ayudas, porque “se observa que la citada resolución de concesión no fue publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad, hecho que contraviene lo dispuesto” en la Ley de Subvenciones regional.

En este informe, la Cámara de Cuentas vuelve a insistir, como lo hará en dos informes posteriores desvelados por el EL PAÍS la semana pasada, que se están subvencionando “los gastos de dirección de las entidades beneficiarias [patronal y sindicatos, aunque estos últimos en menor medida: 60.000 euros entre UGT y CC OO], cuestión que se ve agravada en el caso de un expediente [el de CEIM], dado que los salarios de los directivos subvencionados han sido cantidades elevadas”. Y concluyen: “En la certificación de estos directivos se observan, además otras deficiencias e irregularidades”.

La Cámara de Cuentas cogió ocho de los expedientes de estos alumnos y descubrió que uno de ellos estudiaba, durante las mismas jornadas, francés e “inglés empresarial”, otro recibía clases de Electricidad y Derecho Inmobiliario en fechas coincidentes, y otro más se interesaba por cosas tan diversas como el Derecho Inmobiliario y la Protección para el Trabajador de Riesgos Explosivos.

Los auditores públicos muestran también su extrañeza sobre cómo es posible que hubiera alumnos que repitieran varias veces el mismo curso —la ley lo prohíbe—. Y detallan los casos de estudiantes que hicieron dos veces, en 2006 y 2007, cursos de Seguridad en una Red Windows 2003, Contratación y Nóminas de la Seguridad Social o Normas Internacionales de Contabilidad.

El extinto Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid (SRE) está obligado, por ley, a revisar, al menos, el 5% de los cursos. Los auditores públicos destacan, de hecho, que este organismo fue más allá de lo exigible y revisó el 50% de los 4.220 realizados en 2007. La Cámara analizó entonces los resultados de una pequeña parte del trabajo de los inspectores regionales (25 grupos y 444 participantes). Y así encontró que en uno de los expedientes “la organización empresarial [la que coordinaba uno de los cursos] presentó fotocopias sin compulsar de toda la documentación solicitada”. Los documentos no llevaban tampoco los obligatorios sellos de la Comunidad y de la Unión Europea.

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Los auditores descubrieron también la falta “de coincidencia entre las firmas de los documentos de identidad y de las actas de entrega de material”. Las rúbricas de los partes de asistencia no eran tampoco las mismas que las del “DNI, la solicitud y las dos primeras sesiones”. En otros casos —numeran decenas—, ninguna de las firmas de los días de asistencia coincidía con la del DNI. Y destacan un caso: “En un participante la firma de la solicitud no coincide con la del acta de recepción de material y ambas son distintas, a su vez, de la que figuran en los S-30 [ficha de control de asistencia], dentro de las cuales la firma de la cuarta sesión parece diferente de las demás. La firma del DNI es ilegible por la fotocopia aportada”.

A estos cursos, también “asistían” inmigrantes con “permiso de residencia y trabajo caducados” y otros que estaban en el Registro Central de Extranjeros con un certificado “sin fotografía ni firma”. Otras cuatro solicitudes de formación tenían fecha anterior a que se anunciase que se iba a celebrar la convocatoria, mientras que otras dos se recibieron y aceptaron cuando los cursos ya estaban iniciados.

Los fiscalizadores hallaron un ‘alumno’ que realizó 24 cursos en un año
Los funcionarios constataron que en un aula solo estaba el 26% de inscritos

También había deficiencias en la cumplimentación de las solicitudes de los estudiantes y en la de las empresas en las que supuestamente trabajaban. “En siete casos no se indica ningún dato de la empresa ni del centro de trabajo, en 69 casos no se da el nombre de la empresa ni el NIF, en otros cuatro no se indica la dirección del centro y en otros 70 se desconoce la categoría del trabajador”. Los fiscalizadores también hallaron irregularidades en 53 códigos postales, en siete casos la empresa del trabajador no coincidía en varios documentos y en otros 54 había discrepancias en la cualificación del estudiante.

La Cámara destaca que las irregularidades halladas se cometieron a pesar de que los organizadores de los cursos sabían que se iban a presentar los inspectores del Servicio de Empleo. “Las visitas del SRE son rutinarias y, por lo tanto, predecibles por parte de los responsables de los cursos, circunstancia que les resta la eficacia en cuanto a los resultados que podrían obtenerse de ser sorpresivas”.

Aún así, en unos cursos realizados por CC OO, CEIM y UGT, se detectó que faltaban el 63% de los alumnos de Retoque fotográfico con Photoshop, el 52% del Autocad avanzado y el 8% del Microsoft Office. Los estudiantes reconocieron, además, que no habían realizado ninguna prueba de nivel de conocimiento antes de ser admitidos.

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