Asociaciones estafadas por Aneri piden que se anulen las devoluciones
Acusan a la Consejería de Empleo de “grave inacción” por tardar casi un año en avisarlas 20 de las 35 entidades afectadas han constituido una plataforma
Una veintena de asociaciones empresariales afectadas por una presunta estafa en la realización de cursos de formación exigen a la Consejería de Empleo que anule los expedientes que les afectan y que no les reclame la devolución de las subvenciones. El empresario José Luis Aneri —en prisión provisional por los presuntos delitos de fraude de subvenciones, falsedad y estafa— desvió supuestamente 4,4 millones de fondos regionales y otros 11 millones de dinero estatal. Las asociaciones recibían dinero para formación y encargaban a Aneri cursos on lineque no siempre se impartían y en los que incluía alumnos falsos. Según fuentes de la investigación, algunas de ellas recibían mordidas.
Empleo reclama ahora a 35 asociaciones empresariales madrileñas la devolución de 2,6 millones de esos fondos, correspondientes a 2011, aunque la relación de Aneri con la Comunidad se remonta al menos a 2009. Estas asociaciones figuran como beneficiarias oficiales y Aneri como intermediario. La plataforma —que integran solo 20 de esas 35 asociaciones cuyos nombres no han trascendido— replica al Gobierno regional que se han visto en esta situación, entre otros motivos, por la “grave inacción” de la Consejería de Empleo.
Con un año de retraso
Las asociaciones fueron convocadas por Empleo entre finales de octubre y noviembre de 2013, según el comunicado, cuando las irregularidades “habían sido ya detectadas hacía más de un año”. “Había funcionarios que ya habían advertido internamente que la consultora Sinergia [empresa matriz de Aneri] acumulaba diversas irregularidades desde 2009”, prosiguen.
“Las entidades no fueron convocadas hasta un año más tarde de detectarse el problema provocándoles una grave y palmaria indefensión”, según el texto. Por ese motivo, las asociaciones “se han visto desposeídas de las garantías que la ley les ampara al objeto de poder recurrir”. La plataforma solicita que se incauten los servidores informáticos donde “se presume que pueda encontrarse el núcleo total de los listados de alumnos” y denuncian que nadie de la Consejería de Empleo, que dirige Ana Isabel Mariño, les ha recibido para una reunión conjunta. Además, se ponen a disposición de los grupos parlamentarios de la Asamblea, que han solicitado una comisión de investigación.
