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El PP transfirió 43.000 euros a cuentas privadas de Currás y Conde Roa

Vigilancia Aduanera implica a Bugallo en la supuesta financiación ilegal del PSOE

Vigilancia Aduanera considera que tanto el PSOE como el PP de Santiago se pudieron financiar ilegalmente y ha puesto la lupa en las actuaciones, entre otros, del exalcalde socialista Xosé Sánchez Bugallo, el concejal del mismo partido Bernardino Rama, y los populares Adrián Varela, actual edil, y Ángel Espadas, jefe de Gabinete del exalcalde Gerardo Conde Roa. En un informe entregado en febrero de 2013 a la juez Pilar de Lara, instructora de la Pokémon, Aduanas implica a todos ellos en “posibles” delitos de financiación ilegal.

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 En el sumario también figuran extractos bancarios que revelan que el PP transfirió 43.000 euros a dos cuentas particulares de varios cargos y excargos del partido en Santiago. El 17 de octubre de 2011, dos semanas mes de iniciarse la campaña de la elecciones generales que llevaron a Mariano Rajoy al Gobierno, una cuenta del Banco Etcheverría de la que eran titulares los 13 concejales del grupo municipal registró tres salidas de dinero que suman 58.000 euros. Según los datos facilitados por el banco, 15.000 euros fueron a parar a otra cuenta de la que era titular el mismo grupo municipal. Pero otros 30.000 euros acabaron en una cuenta cuyo único titular era el exalcalde Conde Roa y en la que solo están autorizados a utilizarla quien fue su mano derecha, Ángel Espadas, y Ricardo García-Borregón, director general de Conservación da Natureza de la Xunta hasta el pasado agosto, cuando cesó por “razones personales,” según la versión oficial. A nombre de García-Borregón, que ha sido presidente y portavoz municipal del PP de Santiago, está la otra cuenta en la que el mismo día se ingresaron los restantes 13.000 euros, una titularidad que comparte con Conde Roa y el actual regidor, Ángel Currás. García-Borregón es el único de los cuatro que no está imputado en la causa.

Currás ha explicado que la cuenta en la que él figura como cotitular pertenece al partido y que se abrió en su día para soportar una póliza de crédito del banco, en la que otros cuatro concejales populares figuraban como avalistas. Según el alcalde, la transferencia de 13.000 euros que realizó en 2011 el grupo municipal del PP a esa cuenta fue para cancelar el préstamo, puesto que algunos de los ediles que lo avalaron ya no estaban en la Corporación y era necesario pedir otro crédito para afrontar los gastos electorales. Currás ha asegurado que en ningún caso tiene constancia de que el PP de Santiago se haya financiado ilegalmente.

Documento del sumario sobre la cuenta abierta en el Etcheverría
Documento del sumario sobre la cuenta abierta en el Etcheverría

Según otro documento aportado por Vigilancia Aduanera a la causa en febrero de 2013, los agentes consideran que varios cargos de PSOE y PP pudieron incurrir en “posibles” delitos de financiación ilegal del partido. Según ese informe, Antonio Murcia, responsable de Imprenta Ibérica, “ha realizado trabajos” para los socialistas que “realmente no eran pagados por el PSOE sino que eran abonados directamente a Antonio Murcia por diferentes empresas a las que facturaba directamente”, firmas que a su vez tenían contratos con el Ayuntamiento de Santiago. Vigilancia Aduanera indica que, en las conversaciones interceptadas, Murcia demandaba a Aquagest una deuda de 60.000 euros que “viene del 2007 de una revista que editaba Bugallo y la pagaban los empresarios”. Según los agentes, “esta información Antonio Murcia la traslada al PP de Santiago siendo el receptor de la misma Ángel Espadas quien pone los hechos en conocimiento de entre otros [...] el alcalde, Gerardo Conde Roa”.

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Según el informe de Vigilancia Aduanera, “se presume la posible financiación ilegal del PSOE en Santiago mediante la emisión de facturas falsas por parte de Antonio Murcia”. Los agentes añaden a continuación un listado de las “al menos” seis personas que, a su juicio, “habrían participado” en el delito, encabezado por el mencionado Murcia y seguido por Bugallo, que no está imputado en la causa. La lista la completan el edil socialista Bernardino Rama y tres responsables de empresas implicadas en la Pokémon. El informe añade que también “serían conocedores de estos hechos” el exalcalde popular Conde Roa, su jefe de gabinete, Ángel Espadas, y otros dos empresarios. En el registro policial en casa de Conde Roa los agentes encontraron un “borrador” de una “denuncia contra José Antonio Sánchez Bugallo” que el popular aseguró que iba a remitir “a la fiscalía contra la corrupción” con datos sobre “pagos en negro”.

En cuanto a la financiación del PP, los agentes basan su acusación de un “posible” delito en una conversación telefónica en la que el edil Adrián Varela muestra su apoyo a Ángel Espadas ante sus desavenencias con quien, al caer Conde Roa, iba a ser nuevo alcalde popular, el actual regidor, Ángel Currás: “Como quiera prescindir de ti le voy a recordar o le voy a decir que va a haber gente que le va a ir a pedir 40 o 45.000 euros, gente que puso dinero en la campaña electoral y que quieren que tú sigas ahí”.

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