Salud tramita una orden para restringir el uso de los cigarrillos electrónicos

Salud ha comenzado la tramitación de una orden para regular y restringir el uso de los cigarrillos electrónicos, de forma que no puedan utilizarse en centros sanitarios y docentes, medios de transporte públicos y en dependencias de la Administración y las instituciones vascas.

La consejería que dirige Jon Darpón ha trasladado este martes al Consejo de Gobierno el inicio de tramitación de esta medida que "está en línea con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que desaconseja este producto", cuya venta está prohibida a menores de 18 años hasta que no se certifique su inocuidad, como recuerda la referencia del Consejo.

Salud estima que el uso de cigarrillos electrónicos en lugares públicos "puede comprometer el proceso de normalización que se ha conseguido tras la regulación del tabaco por la normativa vigente", que será tomada como referencia a la hora de fijar sus condiciones de uso.

La consejería recomienda igualmente al resto de las Administraciones públicas de Euskadi que, en el ejercicio de sus respectivas competencias, adopten medidas similares. La orden está también a expensas de que se materialice la directiva europea prevista para este año, que supondrá la legislación general y estándar que cada Estado miembro deberá tener en cuenta para elaborar su propia normativa.

El departamento recuerda en la justificación de la orden, que no se ha demostrado hasta la fecha la eficacia de los cigarrillos electrónicos como sustitutivos del tabaco o como dispositivos que puedan ayudar a dejar de fumar. También incide en que no se ha podido determinar "de modo concluyente" su carácter inocuo, "puesto que no hay evidencia científica sobre el impacto en la salud de las personas usuarias directas y de otras personas del entorno". A renglón seguido, considera que para determinar su seguridad y los posibles efectos secundarios se necesitan más estudios e investigaciones.

La OMS recomendó en julio de 2013 no utilizar estos artículos y los desaconseja hasta que no haya datos que demuestren que es un producto "seguro, eficaz y de calidad aceptable, y que esto esté certificado por un organismo regulador nacional competente".

El Parlamento Europeo, de su lado, elaboró en octubre pasado una propuesta que reclama la realización de estudios sanitarios que evalúen estos dispositivos antes de catalogarlos.