La juez Alaya pide ahora las cuentas de UGT de Valencia

La juez del caso de los ERE ahonda en su investigación sobre los sindicatos. Si hace unas semanas ordenaba a CC OO y a UGT que le comunicaran los números de las cuentas bancarias con los que operan diariamente, la magistrada ha instado este jueves a las entidades financieras a que le faciliten información sobre distintas...

La juez del caso de los ERE ahonda en su investigación sobre los sindicatos. Si hace unas semanas ordenaba a CC OO y a UGT que le comunicaran los números de las cuentas bancarias con los que operan diariamente, la magistrada ha instado este jueves a las entidades financieras a que le faciliten información sobre distintas cuentas de estas centrales, entre ellas la de UGT de Valencia. No es la primera vez que la magistrada apunta fuera de Andalucía, ya en el auto conocido el pasado 3 de febrero, Alaya también pedía información a CC OO y UGT en el País Vasco. El objetivo sigue siendo el mismo: concretar los fondos públicos que los sindicatos cobraron como “contraprestación” por la labor desarrollada en los ERE.

En el auto, Mercedes Alaya atiende la petición de la Guardia Civil y ordena a varias entidades bancarias que informen “a la mayor brevedad” sobre cuentas asociadas a la organización valenciana, a la Federación Regional del Metal, Construcción y Afines (UGT), a la Confederación Sindical de Comisiones Obreras y a la federación agroalimentaria de esta última central, informa Efe. En un oficio del 6 de febrero, la Unidad Central Operativa (UCO) “pone de manifiesto que hasta el momento han podido acreditar que los sindicatos y sus entornos societarios habrían sido receptores de fondos públicos, indiciariamente como contraprestación por la labor desarrollada en los procesos de reestructuración de empresas, que habría permitido obtener altos beneficios a las mediadoras intervinientes”. Ello, según la juez, “habría permitido obtener altos beneficios a las mediadoras intervinientes”.

En otro oficio de diciembre de 2013, los agentes ya motivaban la necesidad de investigar todos los movimientos bancarios de las centrales para comprobar si “las comisiones que se facturan con las empresas citadas revierten en las federaciones que supuestamente han participado en la consecución de las ayudas públicas”. En el análisis de estos movimientos, los agentes señalan que “están apareciendo nuevas cuentas de destino cuyo titular es alguna federación sindical, tanto de CC OO como de UGT”. Los policías resumen que “estos fondos se hacían llegar a las organizaciones sindicales a través de dos vías, una de ellas utilizando a empresas vinculadas a las mismas, y otra directamente a las respectivas federaciones”.

Entre otras actuaciones, la magistrada Alaya ha dado cuenta de un informe de la Guardia Civil sobre las empresas de la familia del empresario José María Ruiz-Mateos, solicitada a raíz de la imputación del padre —quien declarará el 5 de marzo— y tres de sus hijos por los ERE del hotel Cervantes de Torremolinos y su empresa Dhul. En dicho informe, los investigadores enumeran varias decenas de compañías —Nueva Rumasa, el Rayo Vallecano y Cacaolat, entre otras— de las que son o han sido directivos seis hijos del empresario.

Además, Mercedes Alaya ha ordenado una averiguación patrimonial de los bienes del exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá con objeto de hallar bienes con los que cubrir su fianza civil de 490 millones de euros que le impuso por 247 ayudas presuntamente irregulares. La magistrada ya embargó una finca ubicada en Cádiz a Barberá, a quien Alaya imputa cuatro presuntos delitos continuados de prevaricación, malversación, omisión del deber de perseguir delitos y falsedad en documento oficial.