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Aneri usaba a familiares y empleados para justificar cursos de la patronal

El empresario les incluía como alumnos para cuadrar las subvenciones que había pedido

En primer término, las oficinas de Sinergia. Al fondo a la derecha, la Torre Picasso. Ampliar foto
En primer término, las oficinas de Sinergia. Al fondo a la derecha, la Torre Picasso.

Alumnos, muchos alumnos. Eso era lo que más necesitaba el empresario José Luis Aneri para hacerse con las ayudas de dinero público destinadas a cursos de formación de la patronal, según revelan los detalles de la investigación del caso. Daba igual que fueran familiares o empleados de su propia empresa o que no hicieran realmente los cursos; cuantos más nombres y números de DNI obtuviese, más subvenciones podía conseguir.

El empresario es, por ahora, el principal sospechoso de la trama urdida para quedarse con gran parte de las subvenciones públicas recibidas por asociaciones de la patronal madrileña cuyos fondos salen de cuotas de los trabajadores y las empresas a la seguridad social. Es dinero para la formación continua de empleados y de parados. Se supone que eso es lo que permite que los trabajadores de un país se reciclen en sus empleos y sean competitivos o lo que ayuda a aquellos que no lo tienen a mejorar su currículo en un país con seis millones de parados, de los que 690.000 viven en Madrid, según la última Encuesta de Población Activa (EPA).

Sospechas de financiación irregular

¿Cómo es posible que durante años no saltaran las alarmas y Aneri pudiera seguir recibiendo subvenciones públicas millonarias de distintas administraciones? No hay respuestas oficiales a esto. Lo que sí señalan distintas fuentes es que la estafa en los cursos de formación no solo servía para llenar los bolsillos del empresario cordobés. Estas fuentes relacionadas con la investigación apuntan a algunas asociaciones de la patronal CEIM como elementos indispensables para que funcionara un sistema que ayudaba a su financiación.

La patronal se ha desentendido públicamente del tema. Un portavoz ha reiterado a este periódico en varias ocasiones que el asunto no les concernía y que eran las asociaciones afectadas las que debían denunciar a Aneri y devolver el dinero de las subvenciones a la Comunidad. En paralelo, la CEIM ha asesorado a sus asociaciones y ha mantenido reuniones para tratar el caso.

¿A quién corresponde este control de los cursos? Sobre todo a las administraciones, que son las que conceden el dinero público. En el caso de la Comunidad de Madrid, dos departamentos de la Consejería de Empleo, dirigida por Ana Isabel Mariño, se reparten esa responsabilidad: la dirección de Estrategia y Fomento de Empleo, dirigida por Valentín Bote Álvarez-Carrasco, y la de Formación, que encabeza Patricia Herrero García-Ramal.

Además, el control también ha de recaer sobre quienes reciben ese dinero público, en este caso las asociaciones de la CEIM. Son ellas las que tienen que devolver los fondos una vez que se descubre el agujero. Las asociaciones acusan a Aneri de haber falsificado firmas y sellos. Fuentes de la investigación replican que Aneri no trabajó solo.

Por ahora hay dos investigaciones abiertas para aclarar los términos de un escándalo que saltó a la luz pública hace dos meses. Por un lado, la que los técnicos de la Consejería de Empleo de la Comunidad de Madrid han llevado a cabo. Esta señala que faltan 4,4 millones de euros que no se han justificado. De otro, la que realiza la policía y que investiga un agujero de casi siete millones de euros de dinero estatal destinado al mismo fin.

Los primeros indicios señalan que Aneri gestionó los cursos de una treintena de asociaciones empresariales madrileñas integradas en su mayoría en la Confederación de Empresarios de Madrid, la CEIM. Estas recibían el dinero de las subvenciones y luego se lo daban al empresario, encargado de gestionar los cursos on line desde sus empresas y de justificar después con documentos que esos cursos se habían impartido.

Este diario ha tenido acceso a un listado de personas que figuran como alumnos de distintos cursos organizados por la principal empresa de Aneri, Sinergia empresarial. Se trata de cursos de Windows, Excel, Word, Outlook o Prevención de Riesgos Laborales y se diseñaron para la Federación de Cooperativas de Transporte Ucotrans, una entidad de carácter estatal con más de 350 asociados y 25.000 transportistas, según informa en su web.

Una primera revisión a esa lista permite ver, por ejemplo, que Aneri colocaba a familiares y empleados como alumnos. Una de las supuestas alumnas es la exesposa de Aneri. Su nombre aparece en cuatro cursos distintos que jamás realizó.

También aparecen como supuestas alumnas Ionela Oraca e Ivanova Dicheva, dos exempleadas de Aneri. Y está registrada al menos en otras tres ocasiones María Susana Granados, hermana de uno de los empleados de la compañía y esposa de Alfonso Tezanos, un alto cargo de la patronal CEIM. Tampoco en estos casos dieron los cursos, según han confirmado a este periódico exempleados de Sinergia.

Se da la circunstancia de que Tezanos fue el hombre que fichó a Aneri desde su Córdoba natal y lo introdujo en el círculo empresarial madrileño. Fue también Tezanos quien recomendó su trabajo como organizador de cursos a varias asociaciones empresariales en su calidad de presidente de Fedecam y CECOMA, dos federaciones de comercio de la patronal madrileña CEIM. Y es también Tezanos quien acudió a la Dirección General de Formación de Empleo, en Vía Lusitana. Allí se entrevistó con Joaquín Velázquez Pérez, subdirector de Formación Continua de la Comunidad, para denunciar a finales de 2012 los métodos que Aneri estaba utilizando supuestamente: duplicidad de identidades y cursos sin realizar.

Tezanos, sin embargo, no advirtió a algunas de las asociaciones a las que había conectado con Aneri. Algunas de ellas se sienten estafadas por Aneri —la Comunidad de Madrid les reclama ahora devolver un dinero que aseguran no tener— y traicionadas por Tezanos, por no advertirles de lo que estaba ocurriendo.

El empresario José Luis Aneri.
El empresario José Luis Aneri.

La Sección de Investigación de la Seguridad Social de la Policía Nacional empezó sus pesquisas con el expediente de Ucotrans después de recibir en diciembre de 2012 un aviso del Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe, del Ministerio de Empleo). Un informe del Sepe ponía de relieve las supuestas irregularidades cometidas en los cursos de formación gestionados por Aneri en las subvenciones concedidas a Ucotrans.

La Fundación Tripartita —un organismo adscrito al ministerio que gestiona la formación y en el que participan empresarios, sindicatos y Administración— entrevistó a supuestos alumnos, revisó las facturas de Ucotrans y le pidió a la federación de cooperativas de transporte que realizara una auditoría. La Tripartita rechazó ese informe y consideró inadmisibles sus datos.

Ucotrans recibió en 2010 una subvención de 3,2 millones de euros que justificó con más de 9.400 alumnos y casi 40 cursos. No todos se encargaron a las empresas de Aneri. Entre las asociaciones que recibieron los cursos de Ucotrans que organizó el empresario cordobés hay algunas especializadas en transporte pero también constan alumnos de ramas más ajenas al sector. Hay, por ejemplo, varias sociedades cooperativas de venta ambulante que realizan cursos de Excel, Office y Windows y Word, entre otros.

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