La consejera Rigau cree que el modelo catalán puede estar tocado de muerte

La Generalitat acusa al tribunal de extralimitarse y anuncia que recurrirá la sentencia

Irene Rigau, consejera de Enseñanza de la Generalitat en una imagen de archivo.
Irene Rigau, consejera de Enseñanza de la Generalitat en una imagen de archivo. LUIS SEVILLANO

Los últimos autos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) suponen un punto de inflexión en la batalla lingüística iniciada hace ocho años porque es la primera vez que impone una medida concreta —la del 25% mínimo de horas en castellano—, totalmente opuesta al sistema de inmersión. La consejera de Enseñanza catalana, Irene Rigau, tachó las resoluciones de “sorprendentes” e “incomprensibles” y confesó “un sentimiento personal de indignación”. “No quiero pensar que cinco familias puedan cambiar todo el sistema”, lamentó Rigau. Preguntada sobre si la inmersión había quedado tocada de muerte, la consejera no lo negó e insinuó que el modelo de escuela catalana podría estar en peligro.

Rigau destacó la importancia de los autos por el hecho de que, por primera vez, se fija un porcentaje de horas en castellano y recordó que hasta ahora las sentencias del Tribunal Supremo habían dejado en manos de la Generalitat el poder de fijar el equilibrio entre ambas lenguas. “Ahora resulta que el TSJC se apropia del poder de poner un porcentaje. ¿Pero en qué se basa para poner esta cifra?”, cuestionó. Esta pregunta se hizo ayer también Francisco Caja, portavoz de las familias demandantes, que admitió que el porcentaje es “arbitrario”. “El tribunal no explica las razones de por qué un 25% y no el 20% o el 30%”, apuntó Caja. Para él, lo ideal sería el 50%.

La consejera denunció que “se pretenda imponer en Cataluña, por vía judicial desde el Supremo, el modelo que desde el Partido Popular se está imponiendo en territorios como las Islas Baleares o el País Valenciano”, acusó al tribunal de “extralimitarse” —“tiene como función hacer cumplir las leyes, no cambiarlas”, dijo— y se mostró sorprendida porque se apele directamente a los directores para hacer cumplir las resoluciones. “Nosotros somos los responsables de sistema. Cuesta entender que se quiera obligar a los centros a desobedecer la Ley de Educación de Cataluña”, aseguró. Ninguno de los cinco responsables de las escuelas afectadas quiso ayer hacer valoraciones a este periódico. “Me he enterado por los medios. No nos ha llegado ninguna resolución”, admitía un director, quien se limitó a apuntar que esperarían “las directrices del Departamento”, con cuyos representantes se reunirán el lunes.

“No quiero que mis hijos aprendan en castellano”, dijo la madre de un alumno

En todo caso, Rigau ya avanzó que de momento no cambiará nada en las aulas. “Recurriremos y cuando tengamos respuesta, ya decidiremos”, zanjó la consejera, dudando de que en solo un mes se pueda cambiar la metodología del aula. “Es inviable cambiar el lenguaje, los materiales...”.

El colegio Mare de Déu del Roser de Barcelona es uno de los centros afectados. Muchos de los padres que ayer esperaban a las cinco de la tarde para recoger a sus hijos ya conocían la resolución judicial. Las opiniones eran dispares. “Me parece fatal, yo no quiero que mis hijos aprendan en castellano, tengo el mismo derecho que los que denuncian”, opinaba Dina, una madre. De forma diferente se expresaba otro padre, Andreu. “No me parece mal que den un 25% en castellano. Lo ideal sería que también hubiera alguna asignatura en inglés”, defendió. Con esta diversidad de posiciones, el presidente de la AMPA prefirió no opinar, alegando que, al final, la línea educativa la marcarán los profesores, informa Paula Montañà.

Las familias demandantes no quisieron hablar, pero sí su portavoz, que aplaudió los autos “porque reconocen el incumplimiento de las sentencias por parte de Rigau y esto abre la puerta a un procesamiento de la consejera por desobediencia”, lanzó Caja. En un tono muy diferente, Joan Badia, catedrático de catalán de Secundaria y experto sobre políticas de inmersión lingüística, tachó el auto de “intervencionismo jurídico inusual”. “Es algo estrambótico que un tribunal diga cuántas horas se tiene que dedicar a una lengua u otra. El tribunal se ha puesto a hacer de consejero de enseñanza, pero este papel no le toca”, valoró Badia.

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