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Los bancos ralentizan el desalojo de viviendas okupadas

Las bandas eligen pisos de entidades financieras para vender droga o productos piratas porque tardan más en denunciar

La Policía Municipal vigila las calles de la zona madrileña de Lavapiés con cámaras de vídeo desde hace cuatro años. Es un sistema autorizado por la Delegación del Gobierno y tutelado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Se puso en marcha a petición de vecinos y comerciantes del área, y funciona también en la plaza Mayor; las calles de la Montera y la Ballesta; y el museo al aire libre bajo el puente de Eduardo Dato.

En Lavapiés (una zona del barrio de Embajadores, que tiene 47.000 habitantes, un tercio de ellos extranjeros) hay 48 cámaras, instaladas en la vía pública entre la plaza de Tirso de Molina y la glorieta de Embajadores. Según desveló ayer el concejal de Seguridad, Enrique Núñez (PP), el año pasado permitieron detectar 4.106 incidentes (el 26% del total de actuaciones en el área videovigilada), y sirvió en 387 ocasiones para identificar a sospechosos.

Pero, “pese a su eficacia, los problemas más graves” quedan fuera de su ámbito de acción, porque se producen en el interior de inmuebles, según Núñez, que apunta que la clave son las ocupaciones ilegales de pisos, en muchos casos alquilados luego a delincuentes.

La solución pasa, a juicio de Núñez, por el desalojo de esas personas “que están perturbando la delincuencia”, con actividades como la venta de droga y de productos pirateados.

El problema es que, aunque la policía sepa que se está realizado una actividad ilegal en el interior de una vivienda, no puede actuar sin una orden judicial. Esta debe ser requerida por el propietario, pero en muchos casos se trata de un banco, que previamente ha desahuciado a los ocupantes por impago. Así, los trámites se alargan, cobijando entre tanto la impunidad de los presuntos delincuentes.

“En Lavapiés existe un problema, nadie lo niega”, explican fuentes del Ayuntamiento. La Policía Municipal no tiene una lista de viviendas okupadas o utilizadas para actividades ilegales, “es una cifra que varía mucho en el tiempo, las mafias se mueven rápido y cambian un piso por otro con facilidad”.

Así, los agentes dependen de que algún vecino denuncie la situación, como ha ocurrido por ejemplo en los bloques ubicados en los números 4 y 6 de la plaza de Lavapiés. Allí, la policía ha logrado ya que los bancos propietarios denuncien la ocupación ilegal de las viviendas. Ahora falta la autorización judicial para proceder al desalojo.

“En cuanto la policía localiza un piso de estas características, realiza las gestiones lo más rápido posible para pillar a los presuntos delincuentes in fraganti. Pero si el propietario es un banco, tenemos más problemas porque no tiene tanta prisa como un particular; sabe que no va a vender la vivienda a corto plazo y tampoco la habita, así que los tiempos se alargan”, explican las citadas fuentes. “Esto las mafias lo saben, y por eso suelen ir a por esas casas que son propiedad de entidades financieras”, añaden dichas fuentes.

El alcalde de Barcelona, Xavier Trias (CiU) anunció la semana pasada su intención de sancionar a los bancos que mantengan pisos vacíos en zonas de la ciudad con alta demanda de vivienda. En opinión del concejal madrileño de Seguridad, eso no servirá para evitar las okupaciones; además, en su opinión, esa actuación podría ser ilegal al coartar el derecho constitucional a la vivienda.

El líder municipal socialista, Jaime Lissavetzky, ha propuesto a la alcaldesa, Ana Botella (PP), que se llegue a acuerdos con los bancos, especialmente con aquellos que han recibido ayudas públicas, para que esos pisos que tienen vacíos puedan nutrir la bolsa de vivienda pública de alquiler social. El Ayuntamiento mediaría, ofreciendo a las entidades financieras un seguro de impago, y además podría perdonar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de las viviendas facilitadas a estos fines.

“Soy firme defensor del uso de cámaras de videovigilancia”, zanjó ayer Núñez, porque, en su opinión, este sistema “ha reducido mucho la delincuencia”.

Según la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, en 2013 se registró un descenso del 2,3% de la tasa de criminalidad, eso sí, por debajo de la bajada media en la capital (4%) y en la región (3%). Se registraron 1.745 detenciones (frente a las 1.392 de 2012), de las que 403 fueron por tráfico de drogas y 248 por robos con fuerza o violencia.

Según Cifuentes, los vecinos están “satisfechos” porque “el problema de la delincuencia se está controlando, aunque se va a seguir trabajando para que no repunte y disminuya más”.

El concejal socialista Pablo García Rojo denunció ayer la “pasividad” de Ayuntamiento y Delegación ante este problema.

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