La Audiencia pide informes policiales sobre la reunión de expresos de ETA

Los liberados por el ‘fallo Parot’ apoyan la vía abierta por los aún encarcelados

Ignacio Fernández de Larrinoa sale de la prisión de Puerto I, el pasado 26 de noviembre.
Ignacio Fernández de Larrinoa sale de la prisión de Puerto I, el pasado 26 de noviembre. VÍCTOR LÓPEZ (EFE)

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz solicitó este jueves a la Ertzaintza que “con la máxima urgencia” le remita un informe sobre la reunión convocada mañana en Durango (Bizkaia) por un grupo de “mediadores” del autodenominado Colectivo de Presos Políticos Vascos, agrupación oficial de presos de ETA. Al encuentro, que se producirá en el Plateruena Kafe Antzokia de la localidad vizcaína, está previsto que acudan todos o algunos de más de 60 terroristas excarcelados recientemente en virtud de la derogación por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de los efectos retroactivos de la doctrina Parot.

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Un grupo de “mediadores” del EPPK (siglas en euskera del colectivos de presos etarras) confirmó ayer la celebración del acto en Durango. La comparecencia pública resulta un tanto circular. Los mediadores del EPPK pretenden hacer la “valoración del comunicado” del pasado 28 de diciembre en el que el propio EPPK rechazaba la violencia, reconocía el daño generado por sus actos —aunque lo tildaban de “multilateral”— y admitía las leyes penitenciarias españolas como vía para obtener la reinserción “individual”. Este movimiento ha sido interpretado en distintos ámbitos como un preludio de la disolución de la banda dos años después del anuncio de cese definitivo de su actividad terrorista, el 20 de octubre de 2011.

Los interlocutores de los presos fueron nombrados en 2012

Un total de 25 personas, la mayoría exreclusos de ETA, abogados y miembros de la izquierda abertzale, componen el llamado grupo de los “mediadores”, que buscan actuar como interlocutores entre los más de 500 presos de la banda terrorista encarcelados en España y Francia y los partidos políticos. El grupo de mediadores fue presentado públicamente en julio de 2012 en una rueda de prensa sin preguntas y está encabezado por los letrados Arantza Zulueta y Jon Enparantza, defensores habituales de presos etarras y que están siendo investigados en el caso Halboka por su presunto papel de correa de transmisión de las órdenes de la cúpula etarra en libertad a las prisiones.

En la comparecencia pública prevista para el próximo sábado en Durango, se espera la presencia de una nutrida representación de los más de 60 etarras excarcelados tras la derogación del efecto retroactivo de la doctrina Parot. Esta sentencia del Tribunal de Estrasburgo obligó a poner en libertad —porque habían cumplido una pena superior a la que les correspondía— a algunos de los terroristas más sanguinarios de la década de los ochenta. La primera en salir, el pasado 22 de octubre, fue Inés del Río la presa que llevó su caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que llevaba encarcelada desde 1987 como autora de 24 asesinatos. También fueron excarcelados, entre otros, Domingo Troitiño; José López Ruiz, Kubati; Félix Zabarte, Carnicero de Mondragón; Isidro Garalde, Mamarru, Juan Carlos Arruti, Paterra, o Ignacio Fernández de Larrinoa, condenados a penas que sumaban cientos e incluso miles de años de cárcel.

El juez Pedraz atiende de manera parcial la solicitud de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que reclamaba que los informes sobre el encuentro de Durango fueran encomendados a la Ertzaintza, pero también a los servicios de información de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía. El magistrado quiere saber, entre otros extremos, quiénes son las personas convocantes del acto y si la banda terrorista está detrás del encuentro. Sin embargo, Pedraz limita la investigación a la policía autónoma vasca al entender que los hechos “tendrían lugar en territorio vasco”.

Fuentes del Gobierno vasco afirmaron ayer que la información solicitada por Pedraz sería remitida “de forma inmediata” y afirmaron que la reserva del Kafe Antzokia —un local con escenario y restaurante— fue realizada por un ciudadano particular e incluye la celebración de una rueda de prensa y un almuerzo para un centenar de personas, informa Europa Press.

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El informe ordenado por el juez Pedraz llega después de que la asociación Dignidad y Justicia reclamara la tarde del pasado 31 de diciembre la prohibición del acto del EPPK tras tener conocimiento de él por los medios de comunicación. La asociación presidida por Daniel Portero considera que la convocatoria constituye “un acto de enaltecimiento del terrorismo” y señala que el EPPK, pese a no estar ilegalizado “forma parte del entramado de la organización terrorista ETA (...) como una evolución del antiguo frente de cárceles”. Según Dignidad y Justicia, el acto “realmente es convocado por la organización terrorista ETA a través de una pantalla legal” como el autodenominado Colectivo de Presos Políticos Vascos.

Si el acto no es prohibido, la asociación pide que se haga un especial seguimiento y se disuelva “en el caso de que se verifique cualquier alusión como la de presos políticos, tergiversación del lenguaje, proclamas a favor de miembros de la organización terrorista, o exhibición de fotografías de presos por actividades de ETA”.

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Sobre la firma

Fernando J. Pérez

Es redactor y editor en la sección de España, con especialización en tribunales. Desde 2006 trabaja en EL PAÍS, primero en la delegación de Málaga y, desde 2013, en la redacción central. Es licenciado en Traducción y en Comunicación Audiovisual, y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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