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OPINIÓN

El Consell de las barricadas

He llegado a pensar que esta gente está cansada de soportar la pesada carga de corrupción y ha decidido hacerse el harakiri

Algunos lectores me han reprochado que en mi último artículo “comparase al PP con los nazis”. Quisiera aclarar que no hice tal cosa: lo que pretendía era mostrar que en el PP (y en el PPCV) proliferan los tics propios de un régimen autoritario, que no es lo mismo. Entonces denunciaba comportamientos que solo se entienden como un deseo de adular al jefe. Pues bien, otro tic es el milenarismo, la creencia infundada de que lo que se está haciendo es para siempre. La democracia presupone que cada nueva formación política que accede al poder cambiará las cosas. Esto es sano y para eso se les vota. Pero lo de ahora es diferente. Ya no se trata de matizar, retocar o enmendar. Lo que los partidos de la oposición, los medios de opinión y crecientemente la ciudadanía en general van reclamando es que cuando el partido popular pierda las elecciones habrá que tirar todas sus leyes a la basura: por algo será. Nunca había ocurrido algo así en nuestra democracia. Ni siquiera la constitución de 1978, cuyo aniversario acabamos de celebrar (no todos), supuso un punto y aparte respecto a la legislación franquista.

Con más razón, ni los gobiernos de Felipe González echaron por tierra la labor legislativa de los de UCD ni los de Aznar hicieron tabula rasa de los del PSOE y tampoco los de Rodríguez Zapatero pusieron patas arriba los de su antecesor. Si estos gobernantes acabaron perdiendo las elecciones no fue por sus leyes, sino más bien por sus medidas desacertadas o por la falta de ellas. Bueno, pues el gobierno de Mariano Rajoy, que solo lleva dos años, constituye un verso suelto en esta balada democrática. No es sorprendente que una oposición más débil que nunca haya logrado sacar a la calle más gente que en ningún otro momento. Es que las sucesivas mareas —verde, blanca, negra, roja y hasta cuatribarrada— no nacen en los comités de los partidos sino en la profunda exasperación del ciudadano de a pie.

Los ejemplos son numerosos, desde la ley del aborto hasta la de inseguridad ciudadana, pero me voy a fijar en uno que ilustra perfectamente todos los demás: el acoso a la enseñanza pública universitaria en la Comunidad Valenciana. Aclaremos. Los partidos de derechas creen más en la iniciativa privada que en el control del estado, los partidos de izquierdas, al revés. Esta divergencia de posturas explicaría que el PPCV haya optado por dar facilidades a las universidades privadas. Sin embargo, los gobiernos de Camps y, ahora, el de Fabra han hecho mucho más. Regalaron edificios y terrenos municipales —es decir, nuestros— a universidades privadas, les eximieron de cumplir los requisitos que se exigen a las públicas para aprobar titulaciones, ahogaron financieramente a estas últimas obligándoles a despedir profesores, cerrar centros de investigación y reducir estudiantes becados. En otras palabras: no se limitaron a apoyar a la privada, sino que le hicieron la guerra a la pública, una guerra que esta no les había declarado en ningún momento.

El último ataque del Consell ha consistido en introducir representantes de las privadas en la Junta Qualificadora del Valencià a pesar de que ninguna de ellas tiene estudios de Filología. Todo esto resulta irritante, pero sobre todo inexplicable. A veces he llegado a pensar que esta gente está cansada de soportar la pesada carga de corrupción y de disparates que pende sobre sus cabezas y han decidido hacerse el harakiri. Necesitan un psiquiatra con urgencia.