Las empresas aseguran que el Ayuntamiento sabía que iban a despedir a trabajadores
Lissavetzky cree que la alcaldesa debería dimitir si ocultó las cifras del recorte
La alcaldesa, Ana Botella, respondió ayer con contundencia a la pregunta de si el Ayuntamiento sabía que se iban a producir despidos cuando adjudicó el contrato de limpieza viaria: “Rotundamente no, no conocíamos ningún plan de ninguna empresa”.
Sin embargo, el pliego de cláusulas administrativas del contrato de gestión integral de limpieza y jardines obligaba a las empresas que concurrieran a presentar un estudio económico “detallado” de sus ofertas, con los “puestos de trabajo y plantilla, por categorías y turno, diferenciando directos de indirectos”. Fuentes municipales señalaron, por el contrario, que la información requerida a las empresas sobre empleo tenía un carácter general, se refería solo a costes laborales durante todo el contrato (ocho años, prorrogables a 10) y carecía de carácter vinculante.
Un portavoz de las tres concesionarias (OHL, Sacyr y FCC) que han presentado un expediente de regulación de empleo para echar a 1.134 empleados, señaló ayer que el Ayuntamiento conocía sus intenciones cuando adjudicó el contrato el pasado mes de agosto. “La necesidad de la reducción de las plantillas asignadas a los contratos viene obligada por la reducción de presupuesto y por la reestructuración del servicio que marcaban los pliegos, y estaba puesta de manifiesto en las ofertas y era conocida por el Ayuntamiento”, indicó dicho portavoz a EL PAÍS.
El Ayuntamiento agrupó decenas de contratos menores en uno solo de limpieza viaria para poder rebajar su coste un 10%. Pero, además, incentivó a las empresas aspirantes para que presentaran reducciones adicionales de precio, que llegaron hasta el 33%, para asegurarse la adjudicación. Se licitó por 1.943 millones, 373 millones menos que el precio previsto inicialmente.
Los contratos especificaban hasta entonces un número mínimo de empleados, una condición que se eliminó en esta licitación para dar vía libre a las empresas a que se organizaran a su gusto, siempre y cuando cumplieran unos criterios mínimos de calidad. El Ayuntamiento aseguró repetidamente que no tenía por qué haber despidos, puesto que las concesionarias debían subrogarse a los trabajadores de los contratos anteriores. Lo hicieron en la mayoría de los casos (350 fueron al paro). Pero, acto seguido, presentaron el ERE.
El portavoz municipal socialista, Jaime Lissavetzky, exigió ayer a la alcaldesa que facilite toda la información sobre las ofertas presentadas para comprobar si el equipo de Gobierno “podía deducir el número de despidos” a partir de esta documentación.
Según Lissavetzky, si la información en las ofertas ganadoras coincide con los despidos presentados tras la adjudicación, Botella “no debería tardar ni un minuto más en dimitir” por su gestión y por “ocultar datos”.
En caso contrario, es decir, si las empresas facilitaron unas cifras de empleo en sus ofertas y luego anunciaron un expediente de regulación que afecta a más empleados de lo estipulado, Lissavetzky estudia acudir a los tribunales para lograr la cancelación del contrato por “incumplimiento” de lo pactado.
