El empresario al que se ha adjudicado el control aéreo del aeropuerto de Castellón, Ildefonso de Miguel, se vio obligado a dimitir al frente del Canal de Isabel II después de que el consejo de administración anulara una adjudicación de 26 millones en cuatro años a la que resultó ser una de las ofertas más caras presentadas a concurso. La anulación del contrato le llevó a presentar su dimisión a quien entonces era presidente del Canal, Ignacio González, actual presidente de la Comunidad de Madrid.
La diputada autonómica de EU, Marina Albiol, que ayer dio a conocer el contrato de Aerocas con Saerco, criticó que se haya adjudicado este servicio a “un empresario muy cercano a Ignacio González y Esperanza Aguirre” y que tuvo que dimitir “por las irregularidades” en su gestión en el Canal. Por ello, ha anunciado toda una batería de preguntas para interesarse por lo que la empresa ha podido facturar hasta la fecha. Fuentes del Consell hablan de cerca de un millón.
“Saerco fue creada precisamente dos meses después de verse obligado a dimitir y era prácticamente desconocida en el mundo aeroportuario”, dijo. Era la época en la que el Gobierno abrió el camino a que las empresas privadas gestionaran el control aéreo en los aeropuertos más pequeños de la red de Aena.
Marina Albiol criticó que el aeropuerto de Castellón se haya convertido en un “agujero negro de dinero público” y advirtió que permanecerá “atenta” a la evolución de este contrato firmado en la época del expresidente de Aerocas, Carlos Fabra. “Cada vez creemos menos en las casualidades y los antecedentes de Ildefonso de Miguel son como mínimo preocupantes”.
La empresa que quiera optar a explotar el aeropuerto deberá subrogar este contrato con Saerco. Aerocas ha garantizado su vigencia en los términos en los que se firmó en 2012 en los pliegos de condiciones para su externalización.