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El Parlament apremia a Rajoy para que le deje convocar el referéndum

CiU, ERC, ICV y la CUP apoyarán una resolución para que delegue esa competencia por el artículo 150.2 de la Constitución

Los socialistas se oponen a la petición

La manifestación soberanista de la Diada en septiembre. Ampliar foto
La manifestación soberanista de la Diada en septiembre.

El Parlamento catalán acordó ayer dar un nuevo paso en el proceso soberanista y pedirá al Gobierno de Mariano Rajoy que le transfiera la competencia para poder convocar un referéndum sobre el futuro político de Cataluña.

El acuerdo formal se adoptará en una propuesta de resolución que se debatirá en el pleno del 20 de noviembre o, a más tardar, en el del 4 de diciembre. La propuesta prosperará porque la apoyarán CiU, Esquerra Republicana, Iniciativa-Esquerra Unida y la CUP, que suman 87 de los 135 diputados de la Cámara. Estos grupos políticos anunciaron ayer el acuerdo sobre este punto en la comisión parlamentaria del “derecho a decidir”, cumpliendo un mandato del Parlamento catalán del pasado 27 de septiembre para que se acordase antes de fin de año la pregunta, la fecha y la vía legal para consultar a los catalanes.

Estas formaciones políticas consideran que la vía legal más apropiada para celebrar la consulta es el artículo 150.2 de la Constitución, que prevé la posibilidad de que el Estado “transfiera o delegue en las comunidades autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación”. Los socialistas anunciaron que no apoyarán la propuesta porque no nace de un acuerdo entre los Gobiernos catalán y central.

El Congreso votará la petición en febrero y forzará al PP a pronunciarse

La petición del Parlamento catalán de que el Gobierno permita a Artur Mas convocar un referéndum se llevaría al Congreso de los Diputados a través de una proposición no de ley que presentarían CiU, Esquerra Republicana e Izquierda Plural. Dado que cuentan con el número de diputados que exige el reglamento, la petición no se pondría a la cola y tardaría varios meses en resolverse, sino que se debatiría con rapidez en la Cámara baja, aunque a la vista del calendario y las vacaciones navideñas se aparcaría para el próximo período de sesiones, que empieza en febrero.

La Cámara catalana sigue tramitando la ley de consultas por si falla esta vía

Todo hace pensar que la propuesta no prosperará y que tanto PP como PSOE y UPyD rechazarán la transferencia o delegación de esta competencia, lo que activaría el camino para que la Cámara catalana explore otras vías para convocar a los catalanes a las urnas. En ese escenario, ninguna parece más factible que la ley de consultas que tramita la Cámara y que estará lista antes de que finalice el año.

“No podemos esperar más. Necesitamos que nos digan cuanto antes si nos van a dar esa competencia o no”, dijo ayer la secretaria general de ERC, Marta Rovira. La vía escogida por el Parlamento catalán, dijo, es la mejor manera para no “asumir riesgos innecesarios”, como sería la toma en consideración de una proposición de un proyecto de ley, cuya tramitación puede durar varios meses.

En el mismo sentido se expresó Oriol Pujol, portavoz de CiU. “Busquemos si hay voluntad política para convocar el referéndum en el menor tiempo posible”, dijo y aprovechó para corroborar que “el diálogo [entre Rajoy y Mas] es inexistente”.

Dolors Camats, de ICV, reclamó que se huya de las “prisas” y se garantice el “rigor jurídico” de la petición al Gobierno para que se abra al diálogo. Por su parte, Maurici Lucena, del PSC, se desmarcó del resto de grupos y dijo que los socialistas catalanes no se sumarán a la petición porque “cualquier cosa que no emane de un acuerdo previo entre los Gobiernos no llegará a buen puerto”. Para el represente socialista, si la resolución del Parlamento catalán se lleva en los términos anunciados a las Cortes, “será un plan Ibarretxe 2” y se preguntó “por qué tienen tanta prisa los partidos”.

El acuerdo de ayer evidencia que los partidos catalanes que defienden la consulta, a excepción del PSC, se han propuesto acabar el año con la fecha y la pregunta de la votación definitiva, mientras se resuelve el marco legal para hacerla posible. En este sentido, coincidieron en que la vía escogida del artículo 150.2 de la Constitución era la más apropiada y rápida, además de similar a la empleada por el Reino Unido para que los escoceses puedan celebrar un referéndum sobre la independencia el próximo 18 de septiembre.

Los partidos han descartado las otras dos formas que planteó el Consejo Asesor de la Transición Nacional para obtener el permiso del Estado: lograr la competencia de los referéndums mediante una reforma constitucional o que la consulta catalana fuera convocada directamente por el Estado.

Los partidos, con poca confianza en obtener un sí del Gobierno central, creen que la vía del artículo 150.2 es “simple, clara y rápida”, como la definieron los asesores de Mas. Si la petición llegara del Parlamento catalán, PP y PSOE podrían demorar varios meses su votación. Con la propuesta de los diputados de CiU, ERC e ICV en el Congreso, el trámite se acelera. El objetivo, si no se logra el permiso del Gobierno central, es poner en evidencia la negativa del Estado a hacer el referéndum, para argumentar “legitimidad” al plantear acciones unilaterales.

Lo dejan claro los asesores de Mas en su informe: “El objetivo primero y fundamental de la Generalitat debería ser lograr que efectivamente se pudiera convocar una consulta, y subsidiariamente, si no fuese posible, que quede en evidencia, de la manera más clara posible, que el Estado se niega a permitirlo y lo hace por motivos políticos, no jurídicos”.

En paralelo, la ley autonómica de consultas dará a Mas un manto legal para convocar el referéndum sin permiso del Estado. Si esta vía falla, el presidente catalán se reserva la posibilidad de convocar unas elecciones autonómicas con carácter plebiscitario.

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