El delegado de la Xunta en Ourense dimitirá si es juzgado por malversación

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, le tomó ayer la palabra a su delegado en Ourense, Rogelio Martínez, y corroboró que este dimitirá si finalmente tiene que sentarse en el banquillo por los delitos de malversación y falsificación documental que se le imputan. El juzgado de Ribadavia acaba de procesar a Martínez, trámite previo a la celebración del juicio, acusado de desviar 51.000 euros de fondos europeos concedidos al Ayuntamiento de Arnoia cuando el actual delegado de la Xunta en la provincia era el alcalde de la localidad.

 Feijóo, en todo caso, se esforzó por quitar hierro al asunto. Subrayó que los hechos de los que se acusa a Martínez no fueron cometidos en el ejercicio de su cargo actual. El presidente interpretó además que el último trámite del Juzgado de Ribadavia —que Martínez puede recurrir— no equivale “ni a un procesamiento ni a un juicio oral” sino a que “continúa el procedimiento” iniciado hace ya ocho años. Anteriormente, el juzgado de Ribadavia intentó en dos ocasiones archivar el caso, pero se lo impidió la Audiencia Provincial.

La concejal se defiende

Mientras, la teniente de alcalde de Ourense, la socialista Marga Martín, acusada de presunta “malversación continuada” y “cooperación para estafa agravada en concurrencia de una falsedad de uso de documento mercantil” por el juez que investiga irregularidades en el servicio municipal de ayuda a domicilio, negó ayer cualquier ilegalidad. “No me he confabulado con nadie excepto con el buen funcionamiento del servicio. Mi prioridad es que el servicio funcione correctamente”, declaró en una comparecencia urgente en la que no aceptó preguntas.

“La denuncia parte de un grupo político [Democracia Ourensana] cuyo objetivo es desgastar al gobierno local y judicializar la vida política y no de ningún usuario porque el servicio no funcione”, recalcó la edil. El juez instructor, Antonio Piña, aclara en el auto emitido el pasado miércoles que “no se discute la prestación del servicio sino el control que debe efectuar el Ayuntamiento sobre los pagos que efectúa”.

El gobierno local emitió además una nota en la que “pide expresamente al juez de instrucción que proceda de modo inmediato al archivo de la causa o en su defecto impute formalmente a los acusados para rematar con la situación de indefensión”.