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TRÁFICO DE ARTE EN UNA EXPOSICIÓN DE LA XUNTA

Patterson admite que se llevó de Santiago sin permiso su colección de arte

La policía informó de esa obligación a su entonces abogado, Gerardo Conde Roa

Leonard Patterson durante el juicio
Leonard Patterson durante el juicio

Leonardo Patterson, el supuesto experto en arte que impulsó una exposición precolombina en Santiago en 1996 y 1997, aseguró ayer en su juicio por contrabando que desconocía que debía pedir autorización cuando en 2008 envió la colección de vuelta a Alemania, su lugar de residencia. Por ese traslado ilegal de las piezas, más de 1.400, que en parte son reclamadas por otros países, la Fiscalía pedía dos años de prisión y una multa de 60 millones de euros, similar a la valoración inicial de la colección. Tras asegurar peritos mexicanos que parte de las piezas son falsas, el fiscal rebajó finalmente la petición de multa a 28 millones en un juicio que en una sola jornada ya ha quedado visto para sentencia.

 Según intentaron demostrar Patterson y su abogado, la llegada de la colección a España en 1996 fue gestionada legalmente por las administraciones públicas, inicialmente el Ayuntamiento de Santiago y luego la Xunta. Pero Patterson asegura que nadie le avisó de que tuviese que pedir permiso para volverse a llevar las piezas. La defensa intenta probar que no lo hizo de forma deliberada, por lo que no se le podría atribuir dolo y no existiría delito de contrabando.

Según las declaraciones de varios testigos, finalizada la exposición la Xunta solo se hizo cargo del coste de su almacenaje en una nave de Mudanzas Boquete a las afueras de Santiago durante un breve espacio de tiempo. El entonces director general de Patrimonio, Ángel Sicart, negó que se iniciase ninguna negociación formal para adquirir las piezas cuando Patterson las ofreció.

Así que, en un momento no precisado, la Xunta se desentendió de la colección, que quedó depositada en el mismo almacén con un deshumidificador doméstico como toda garantía de conservación, pero ya con su mantenimiento a cargo de Patterson. Este argumenta que la deuda que la Xunta tenía con él le impidió abonar la factura del almacén, superior a los 400.000 euros, hasta 2008, cuando pidió un préstamo de 1,6 millones para ello y para trasladar la colección a Alemania, donde se detectó su entrada y se alertó a España.

“Con un apretón de manos de Manuel Fraga bastaba”

D. R.

Sobre la estancia de la colección precolombina en Santiago, Patterson declaró que la Xunta se comprometió a correr con todos los gastos y trámites de traerla de Alemania y devolverla allí . “Le di la mano a Fraga y me dijo que no hacía falta contrato, con un apretón era suficiente”, manifestó, y explicó que el ya fallecido expresidente gallego dejó las negociaciones en manos del entonces conselleiro de Cultura, Jesús Pérez Varela, al que la Justicia no pudo localizar para que declarase como testigo.

Tampoco ha sido posible que compareciesen como testigos los dos abogados de Costa Rica en los que Patterson asegura que delegó todas las cuestiones legales del traslado y devolución de la colección. Los que sí pasaron ayer como testigos por los juzgados de Santiago fueron el ex alcalde de la ciudad Xerardo Estévez, el primero en gestionar con Patterson la llegada de la colección a Compostela, o el ex rector de la universidad Darío Villanueva, que poco aportaron en sus declaraciones sobre unos hechos ocurridos hace más de 15 años.

Lo que no se aclarará en este juicio sino en una maraña paralela de procedimientos judiciales abiertos en distintos países es si la colección es propiedad toda ella de Patterson, algo que él niega, si en ella hay más piezas falsas que las detectadas por los peritos mexicanos que declararon ayer, y si su origen es lícito o las piezas auténticas fueron sacadas ilegalmente de Sudamérica. El misterio de Patterson, de 69 años, residente en Munich y supuestamente originario de Costa Rica, pero al que le cuesta entender y expresarse en castellano, viejo conocido de la Interpol, no se resolverá en la sentencia que salga del Juzgado de lo Penal número 2 de Santiago.

También declaró como testigo Ángel Boquete, propietario del almacén que custodió la colección entre 1997 y 2008. En 2007 la policía acudió a su nave para catalogarla por requerimiento de un juez peruano que exigía la devolución de 23 piezas a su país. Fue entonces cuando Boquete firmó un documento policial en el que se le informaba de que se debía pedir permiso aduanero para sacar la colección de España. Pero también relató que el juez que había ordenado intervenir las piezas peruanas, Javier Míguez, lo autorizó a dejar que Patterson se llevase el resto cuando le pagase.

El responsable del almacén dijo no recordar si avisó o no a Patterson de posibles impedimentos cuando este quiso trasladar las piezas en 2008. Pero un agente de la policía nacional certificó que tanto Boquete como el entonces abogado de Patterson, el exalcalde de Santiago Gerardo Conde Roa, estuvieron presentes en la catalogación policial de las piezas realizada en 2007 y firmaron el documento en el que se advierte de la necesidad de pedir permiso para sacarlas de España. Se da la casualidad de que en este juicio el abogado de Patterson es ahora Ramón Sabín, socio en el pasado de Conde Roa y su defensor en otro proceso saldado hace unos días con una condena por fraude a Hacienda contra el político santiagués del PP, en la que también argumentó que no hubo dolo.

En sus conclusiones finales, el fiscal, Antonio Roma, ironizó sobre el supuesto desconocimiento de las normas por parte del acusado. “Yugoslavos eran los que vinieron en el camión [a llevarse las piezas], no el letrado que debía asesorarlo”, dijo en referencia a Conde Roa. También indicó que el delito de contrabando en Españ, no tiene en cuenta si las piezas son patrimonio de otro país, al que habrá que devolverlas luego si lo demuestra, sino solo si estaban en suelo español y salieron sin permiso.

Por su parte, el abogado defensor pidió la absolución de Patterson porque no hay “certeza absoluta” de que supiese que lo que hacía era ilegal. Esto es, de que Conde Roa se lo advirtiese. Y acusó de “mala fe” a la Administración española por “engañar” a su cliente al no llevarle de vuelta a Alemania hace años las piezas, como habían acordado.

 

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