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La fiscalía dice basta

Anticorrupción censura la instrucción de la juez Alaya por sus formas y prioridades

La disparidad de criterio aumenta mientras el peligro de la prescripción de delitos late de fondo

Los fiscales Juan Enrique Egocheaga a derecha y Manuel Fernández en los juzgados de Sevilla.

Es una espiral silenciosa, pero imparable. Silenciosa porque se refleja por escrito, pero ascendente y sin freno a la vista. La Fiscalía Anticorrupción critica cada vez de manera más clara la investigación de la juez Mercedes Alaya en el caso ERE. Sus escritos son más heterodoxos a medida que la instrucción avanza, dada la pulcritud que impera en la prosa jurídica. Esta semana las críticas se han agudizado en un escrito donde los fiscales repiten la sucesión de peticiones ignoradas con un fondo de severa discrepancia.

¿Qué significan estas críticas? No siempre el fiscal y el instructor van de la mano, pero las diferencias entre los órganos investigadores en este caso con 116 imputados se acentúan cada vez más. Esta disensión pone de manifiesto la complejidad de una investigación con frentes muy numerosos, pero sobre todo la controvertida manera que imprime Alaya a sus casos. Su protagonismo es total y entre sus fieles colaboradores no se encuentra la fiscalía, a la que desdeña una vez tras otra.

El cruce de escritos entre la juez y Anticorrupción siempre ha sido tenso y preñado de cierta retranca, pero ahora el tono de reproches ha subido. Este antagonismo pone de manifiesto diferentes visiones para priorizar tantas derivadas de investigación. Las defensas han criticado desde el principio la instrucción y las maneras de la instructora por manejar a su antojo los tiempos y retrasar la entrega de información sensible. Eso sí, siempre sotto voce.

Y los ejemplos de retrasos clamorosos al entregar información fechada tiempo atrás son diversos en la instrucción, pero las quejas han venido desde la fiscalía, y los abogados se han quejado de manera muy tibia, salvo excepciones. "Es evidente que la juez oculta información a las partes", revela una de las acusaciones del caso. Otro letrado matiza: "Ella sigue en su línea pero la fiscalía le está pegando muy fuerte por los retrasos".

Dos fuertes caracteres frente a frente

Irá al juzgado y declarará. Pocas veces se verá un duelo de personalidades tan fuertes frente a frente en el caso ERE. Este martes la exministra y vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Magdalena Álvarez, comparece como imputada frente a la juez Mercedes Alaya. Ambas mujeres son conocidas por sus méritos profesionales y dilatadas carreras, pero también por su fuerte carácter. El interrogatorio estará previsiblemente preñado de preguntas incisivas (como la juez acostumbra) y respuestas punzantes (como es habitual en la exministra). En definitiva, un diálogo (o discusión) plagado de picos tensos.

La mayoría de los 20 altos cargos y funcionarios de la Junta imputados el pasado junio han avanzado que se acogerán a su derecho a no declarar para evitar que su testimonio perjudique su defensa. Hasta ahora solo el ex interventor general del Gobierno autónomo Manuel Gómez se ha sometido al interrogatorio de la magistrada, mientras que los ex directores generales de Presupuestos Antonio Lozano y Buenaventura Aguilera y el exviceconsejero de Economía y Hacienda José Salgueiro se han negado a declarar por diferentes razones.

Sin embargo, Magdalena Álvarez, consejera de Hacienda entre 1994 y 2004 ha decidido ofrecer su versión de los hechos que se le imputan y responder a las preguntas de Alaya. “Como siempre, intentaremos responder y colaborar con la justicia (…) Aclararemos esta historia porque tiene su explicación”, resume su letrado, Horacio Oliva.

La estrategia defensiva de Álvarez pasa por intentar que la declaración transcurra con la mayor normalidad posible, siempre que sus derechos sean respetados y, sobre todo, el acta refleje exactamente lo declarado por la imputada, uno de los puntos de fricción en las declaraciones anteriores. Oliva avanza que Álvarez declarará a las respuestas de la juez, la fiscalía y la Junta, aunque está por ver si también responderá a las acusaciones, entre las que figuran el PP y la organización Manos Limpias.

La juez acusa a la exministra de ser la persona “que dictó las normas en las que se recogía el concepto presupuestario de las transferencias de financiación” mediante una orden dictada en 2003. La Fiscalía Anticorrupción ha avalado la imputación de la extitular de Hacienda.

Desde que la juez se incorporó el pasado marzo tras su baja por enfermedad, las críticas se han multiplicado. Y si los letrados han combatido de manera más cruda la investigación de la magistrada con calificativos como "corruptela procesal" y acusaciones por desear la "muerte civil" de los acusados, la fiscalía ha pisado el acelerador con un tono que destila hastío ante los continuos desprecios de la juez, que demuestra una confianza nula en los dos fiscales del caso.

Alaya retrasa la entrega de información procedente de la Guardia Civil o escritos aportados por algunos implicados que podrían ayudar a desentrañar claves ocultas. Y los fiscales solo pueden recordar, escrito tras escrito, estos desdenes que por sistema ignoran sus peticiones.

"Inexplicablemente han pasado más de 14 meses hasta que la magistrada ha tomado una decisión (...) Resulta extraña tal dilación". Es un ejemplo de esta semana de la última crítica de los fiscales al retraso que arrastra Alaya: la juez no ha decidido hasta ahora sobre la fianza real para la técnica María José Rofa, que declaró como imputada en el verano de 2012 y hasta ahora no ha resuelto fianza. Además, la instructora ha valorado su "colaboración" con la justicia, una ayuda que los fiscales califican de nula puesto que se negó a declarar en el juzgado.

Las críticas han ido en aumento, especialmente con una sucesión de escritos que este verano han pedido un "calendario razonable" para que los imputados acudan al juzgado. Si Anticorrupción pedía que no cayeran en el olvido las declaraciones de empresarios beneficiados por ayudas directas, la juez contempla algunas de ellas, pero ha primado las comparecencias sobre la financiación de los ERE, incluida la de la exministra Magdalena Álvarez el próximo martes.

Y es que el riesgo de prescripciones de delitos, ocurrido ya en el caso Mercasevilla, es una sombra que muchas voces ven como un peligro real ante el aluvión incesante de nuevas imputaciones. "Es un peligro latente, sobre todo en ayudas directas de 2004 y 2005 concedidas a empresarios por la Junta", relata otra de las acusaciones del caso.

Fuentes del ministerio público quitan hierro a la escalada de críticas hacia Alaya. "No hay un antes y un después del auto de esta semana. Ni cambio de estrategia. Siempre hemos dicho lo mismo y nuestra tarea es impulsar el procedimiento". A continuación, añaden: "La labor de la fiscalía siempre es controlar a la instructora, y las decisiones se toman decisión a decisión", subrayan antes de recordar que los fiscales del caso han apoyado a Alaya en cientos de recursos presentados por las defensas y apenas han recurrido cinco autos de la magistrada. Un letrado veterano matiza: "La fiscalía estaba ya muy harta y se han puesto firmes. Y eso le ha dado alas al resto de partes".

Este proceso no es un caso cualquiera. La propia juez ha subrayado esta semana que si se grabaran las declaraciones de los imputados, propiciaría que aparecieran en los medios de comunicación "como si se tratara de cualquier vídeo de sobremesa, contribuyendo a una morbosidad innecesaria (...)". Hay que "evitar las actuaciones teatrales o alegatos políticos que pudieran pretenderse", matiza la instructora.

El agotamiento de los fiscales

La Fiscalía Anticorrupción ha elevado el tono de sus críticas hacia Mercedes Alaya. Le achacan ignorar por sistema sus peticiones de diligencias y tomar decisiones arbitrarias y carentes de lógica procesal. Los casos de imputados que llevan dos y tres años sin declarar aumentan, y los calendarios para testificar son muy espaciados en el tiempo y retrasan la causa. El protagonismo de Alaya acapara cada causa y pese a que las discrepancias con Anticorrupción son contadas, las diferencias han sido cada vez más evidentes. Esta semana, los fiscales censuraron el retraso en fijar la fianza real de una técnica de la Consejería de Empleo imputada que declaró durante el verano de 2012. “Inexplicablemente han pasado más de 14 meses hasta que la magistrada ha tomado una decisión (...) Resulta extraña tal dilación”, subrayan.

Mientras que Alaya ha imputado a 20 altos cargos y funcionarios de la Junta y ha señalado a siete cargos aforados por la financiación de los ERE, la fiscalía ha recurrido solo el auto que apuntaba al segundo grupo de aforados que incluye los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán. El motivo fue la nula motivación para acusar a los cargos aforados. ·Te podrá parecer más o menos justificada, pero la motivación para los 20 cargos, existía·, puntualizan fuentes de la fiscalía sobre el diferente criterio aplicado a los dos autos más polémicos del caso este año.

El criterio sobre el ex director general de Trabajo Javier Guerrero es un ejemplo de la evolución de la causa: si en el pasado Alaya destacó el desvío de fondos públicos "para su lucro personal" al demostrar una "absoluta falta de diligencia" y permitir "el enriquecimiento de unos pocos en detrimento del resto de los ciudadanos andaluces", ahora la visión es otra. El último auto de la juez le asemeja a un brazo ejecutor de un sistema "diseñado por sus superiores y responsables de mayor escala, un sistema que respondería a una decisión política".

En tres años, la fiscalía y la juez han discrepado en diversas ocasiones. Hace dos años y medio, la juez se impuso a la Junta en la polémica de las actas de los Consejos de Gobierno. Pero antes la fiscalía se había opuesto a que la juez accediera a las actas. Y las críticas desde la barrera política arreciaron como en otras ocasiones. El entonces presidente del PP andaluz, Javier Arenas, acusó a la fiscalía de estar "al servicio del Ejecutivo autónomo" en vez de "al servicio de la investigación, de la legalidad y la transparencia".

Hay voces que recuerdan lo mal que la juez encajó el apoyo de la fiscaía a la recusación planteada contra ella en el caso Mercasevilla porque su marido auditó la empresa municipal poco antes del periodo que ella luego investigó. En cualquier juzgado se viven tensiones por los tiempos y prioridades necesarias para que la investigación avance. El problema del caso ERE es que al ser su tamaño tan descomunal, priorizar una vía supone enterrar otras y arriesgarse a las prescripciones de los delitos. Y esto supone eximir de pena a ciertas personas.

Las causas de Alaya crecen en número y tamaño

Los casos que investiga la juez Mercedes Alaya no dejan de aumentar. En número y en grosor. Aunque desde hace un año se mantiene alejada de los asuntos diarios del juzgado y se han podido centrar en las grandes causas que instruye, estas investigaciones se han multiplicado: la última en incorporarse ha sido la pieza separada para indagar el uso supuestamente irregular de facturas por parte del sindicato UGT. Esta investigación se suma al caso ERE; las dos piezas del caso Mercasevilla por delito societario y el concurso para la venta de suelos: el caso Madeja sobre las relaciones entre políticos y dos constructoras; el caso Betis; y la pieza secreta cuyo contenido se desconoce de momento. En total, siete causas cuyas cifras de imputados van aumentando.

“Las normas de reparto son las normas de reparto. Son objetivas. Interpretables, pero es lo que hay”, asegura, tajante, el decano de los jueces sevillanos, Francisco Guerrero, sobre su decisión de conceder la instrucción de las facturas de UGT a Alaya porque existían nexos entre las denuncias presentadas y el contenido de sus indagaciones sobre la financiación de los sindicatos UGT y CC OO. El aumento de causas supone una tremenda multiplicación de recursos para garantizar los derechos de los acusados. Un grupo de técnicos y funcionarios muy numeroso ya ayuda a Alaya (incluido un magistrado de refuerzo). Pero parece inevitable que serán necesarias más manos en el Juzgado de Instrucción 6.

Los retrasos que ya acumula el juzgado suponen el peligro del desborde, pero el decanato asegura que los medios estarán disponibles para no llegar a situaciones críticas. Tanto el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se han sumado a las críticas sobre la acumulación de causas y el rechazo de Alaya a contar con ayuda de otros jueces para preservar su autonomía y control sobre las investigaciones.

La juez sufrió fuertes cefaleas que la mantuvieron alejada del juzgado seis meses. En las comparecencias de acusados, la juez no ha dado muestras de que la enfermedad haya vuelto. Y sin embargo, todos los protagonistas del caso albergan un temor muy concreto: que la capacidad de trabajo de la magistrada encuentre un tope. Y como consecuencia, que los retrasos consiguientes afecten a los derechos de los acusados en las diferentes causas. Más aún, que estas dilaciones en el tiempo provoquen las prescripciones de delitos que ya ha sufrido el caso Mercasevilla. Y es que los papeles de estas siete causas llevan un ritmo frenético muy difícil de seguir, incluso para las partes implicadas, supuestos conocedores de los miles de folios que acumulan.