Baltar repartió entre cargos del PP las obras denunciadas por Bruselas

Una de las empresas pertenece a un familiar del delegado de la Xunta en Ourense

Cuando, entre 2003 y 2004, el exbarón ourensano del PP, José Luis Baltar, adjudicó a dedo a la empresa SMA las depuradoras financiadas con más de 10 millones de euros de fondos comunitarios y sembró las aldeas de la provincia de un caro sistema de tratamiento que resultó ineficaz —un proceso denunciado por Bruselas y que PSdeG y BNG han trasladado a la justicia—, no se olvidó de sus más fieles. Baltar concedió, mediante procedimientos negociados sin publicidad, la instalación del centenar largo de esas plantas de tratamiento que construía SMA a las empresas del círculo sobre el que había asentado su vasto poder político: una lista de promotores inmobiliarios vinculados, mediante cargos o estrecha amistad, al PP que también él presidía en la provincia.

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Una docena de empresas afines al extodopoderoso presidente ourensano se repartió más de un millón de euros de fondos públicos incluidos en los planes estructurales Daredo y Deputrans. La gran beneficiaria fue Cruzval, la sociedad implicada en la trama del desvío de otros fondos comunitarios por el que está acusado de los supuestos delitos de prevaricación, malversación, estafa y falsedad en documento público el superdelegado de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez, primo del titular de la empresa y entonces vicepresidente de la Diputación. Martínez era además en aquella época alcalde de Arnoia, municipio en el que Cruzval se hizo con la mayor parte de la obra pública. En la lista de las beneficiarias de esta obra civil figuran, junto a la sociedad del familiar del superdelegado, las empresas del exsocio constructor del propio José Luis Baltar, Antonio Pacios Ramos. Pacios llegó a formar parte de la lista del PP encabezada por Baltar a la alcaldía de Nogueira de Ramuín y fue socio del expresidente en la constructora a la que la Diputación, ya encabezada por el cacique —desvinculado de la empresa—-, adjudicó a dedo, a mediados de los noventa, obras por cientos de millones de pesetas.

El hijo asiste al padre

Donde los técnicos de Bruselas ven delitos, Baltar aprecia “errores irrelevantes”. Acuciado por el demoledor informe de la Oficina de Lucha contra el Fraude (OLAF) de la Unión Europea (UE), que sostiene que el ya retirado José Luis Baltar pudo haber incurrido en prevaricación, falsedad y tráfico de influencias en la concesión de las depuradoras con fondos comunitarios, el hijo-sucesor se ha apresurado a alegar. Como ya había hecho antes —contra el informe previo de Bruselas—, el segundo de los Baltar insiste en exculpar de todos los cargos a su progenitor. Sostiene que ni hubo trato de favor ni se vulneró el principio de libre concurrencia al adjudicar todos los concursos a la firma viguesa SMA que acabó llenando las aldeas de la provincia de las minidepuradoras ideadas para barcos.

Baltar concede a los especialistas en anticorrupción de la UE que su padre y predecesor pudo haber incurrido en irregularidades formales, pero niega todas las imputaciones. Niega el trato de favor a la empresa, niega que tuviera información privilegiada, niega la manipulación en la redacción de los proyectos (tilda de “mero error” la corrección con tipex y el distinto tipo de letra que detectó la OLAF) y niega la voluntad de engañar. Lo niega todo.

Mientras el sucesor del cacique se aplicaba en redactar las alegaciones contra el informe, sus dos hombres de máxima confianza en la Diputación constituían y ponían en marcha una comisión para investigar el mismo proceso pormenorizadamente analizado por los especialistas de la UE. De momento, el hijo-sucesor del expresidente insiste en aferrarse a la prescripción del delito administrativo por el que Europa reclama a la institución que ahora preside él los 10,1 millones que aportó a este “proceso fraudulento”.

Junto a estos adjudicatarios en las obras de las depuradoras figuran el entonces alcalde de Maside, Benigno Álvarez o el que era concejal del PP en A Veiga, Roberto Lameiro. Completan la docena de beneficiarias las sociedades de empresarios de los círculos de confianza de regidores del núcleo duro de Baltar en la provincia: Hermanos Viso e Hijos, principal adjudicataria de obra pública en Celanova durante los mandatos de Antonio Mouriño; Construcciones Ganade y Marra, beneficiados con la obra pública de Xinzo durante los sucesivos gobiernos de Isaac Vila; Construcciones Basalo, vinculado al PP a través de la pareja de uno de los socios, integrante de la listas de este partido; Suso Fernández, constructor de la piscina de Calvos de Randín antes de que hubiera sido adjudicada; y Excavaciones Ampeca.

La mayor parte de estas empresas no solo trabajaba habitualmente para la Diputación sino que, además, resultó beneficiada de las obras del Plan E en los respectivos municipios, gobernados por el PP, en los que están asentadas. En algunos casos, como ocurrió con la constructora Petrolam, de la que es administrador único el exconcejal popular en A Veiga Roberto Lameiro, el Consello de Contas llegó a alertar de que sus contratos de obras del Plan E le habían sido adjudicados a dedo. Para repartir el millón largo de euros de la obra civil de las depuradoras, Baltar convocó un negociado sin publicidad, permitido solo en los casos en los que el presupuesto de la obra no sobrepasa los 18.000 euros. Y cumplió: no los sobrepasó. El autodenominado cacique bueno fraccionó las adjudicaciones —incluso las de una misma comarca—de forma que cada una de las obras no llegó a superar esa cantidad. Después se las adjudicó a una única empresa. Así fue cómo Cruzval pudo facturar 285.400 euros a la Diputación: recibió 18 adjudicaciones para hacer las obras de instalación de otras tantas depuradoras en pueblos de la comarca de O Ribeiro en la que está asentada la sociedad del pariente del representante de Feijóo en Ourense.

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